Fiscalía de Bolivia ordena la captura de Evo Morales en medio de una nueva disputa política y judicial

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por su presunta responsabilidad en los bloqueos de carreteras y protestas que paralizaron Bolivia durante más de 50 días, mientras el exmandatario asegura que enfrenta una persecución política impulsada por el actual gobierno.

La decisión judicial representa un nuevo capítulo en la compleja confrontación política que vive Bolivia desde hace varios años. La investigación sostiene que Morales habría desempeñado un papel determinante en la organización e impulso de las movilizaciones que afectaron la circulación, el abastecimiento de productos básicos y el funcionamiento de distintos servicios públicos en diversas regiones del país.

De acuerdo con la Fiscalía, el exmandatario enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Conforme al Código Penal boliviano, algunas de estas figuras contemplan penas que podrían alcanzar hasta 30 años de prisión en caso de una eventual condena.

La investigación surgió a partir de una denuncia presentada por el Comité Pro Santa Cruz y posteriormente respaldada por el Ministerio de Gobierno. Las autoridades sostienen que el exjefe de Estado deberá explicar cuál fue su participación durante las jornadas de protesta y las declaraciones públicas en las que manifestó su respaldo a las movilizaciones.

Desde el Ejecutivo, voceros del presidente Rodrigo Paz han insistido en que la orden de captura es resultado de una decisión adoptada por el Ministerio Público y las autoridades judiciales, rechazando los señalamientos de que exista una intervención política directa del Gobierno en el proceso.

Morales, por su parte, negó haber cometido algún delito y afirmó que las acusaciones buscan responsabilizarlo de una crisis cuyo origen, sostiene, se encuentra en el deterioro económico, la inflación, el desabasto de combustibles y el creciente descontento social. En diversos pronunciamientos públicos, el exmandatario ha reiterado que continuará respaldando las demandas de sus simpatizantes y calificó el proceso como una «brutal guerra judicial» destinada a impedir su participación política.

Durante las protestas registradas entre mayo y junio, distintos puntos del país permanecieron bloqueados por más de siete semanas. Las movilizaciones provocaron severas afectaciones al transporte de mercancías, al suministro de alimentos, medicamentos y combustibles, además de generar importantes pérdidas económicas para diversos sectores productivos.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, los enfrentamientos y las consecuencias derivadas de los bloqueos dejaron 22 personas fallecidas, 88 lesionadas y más de 570 detenidos. El organismo documentó que varias de las víctimas murieron en accidentes de tránsito ocurridos cuando intentaban sortear los bloqueos carreteros, mientras otras perdieron la vida durante enfrentamientos o debido a dificultades para acceder oportunamente a servicios médicos.

Esta no es la única causa judicial abierta contra el exmandatario. Desde 2024 enfrenta otro proceso por presuntos delitos relacionados con trata y tráfico de personas, derivado de una investigación sobre una supuesta relación con una menor de edad ocurrida durante su último periodo presidencial. Morales rechaza esas acusaciones y sostiene que forman parte de una estrategia de persecución política en su contra.

Ese juicio comenzó durante 2026, aunque su desarrollo ha enfrentado retrasos debido a la ausencia del expresidente, quien permanece en la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba. Esa zona constituye uno de sus principales bastiones políticos y sindicales, donde continúa recibiendo el respaldo de organizaciones campesinas y productores de hoja de coca.

Dirigentes cercanos a Morales aseguran que el exmandatario permanece protegido por cientos de simpatizantes que resguardan permanentemente el lugar donde se encuentra. Las autoridades, por su parte, han señalado que cualquier operativo debe desarrollarse evitando poner en riesgo la integridad de la población.

El caso refleja además la profunda fragmentación política que atraviesa Bolivia. La ruptura entre Evo Morales y quienes durante años fueron sus aliados dentro del Movimiento al Socialismo modificó el panorama político nacional y abrió una intensa disputa por el liderazgo del sector oficialista, mientras el país enfrenta dificultades económicas, presiones inflacionarias y un ambiente de creciente polarización.

Analistas consideran que el desarrollo de estos procesos judiciales tendrá un impacto significativo en el escenario político boliviano, especialmente de cara a los próximos procesos electorales. Mientras tanto, el debate continúa dividido entre quienes consideran que las investigaciones responden al cumplimiento de la ley y quienes sostienen que forman parte de una estrategia para limitar la participación política del exmandatario.