#conlosmemesno

Antes de dar por hecho que van a prohibir los memes, conviene leer lo que se está proponiendo. La llamada “ley antimemes” no contiene una prohibición general del humor ni demuestra, por sí sola, que exista un plan deliberado de censura.

El nombre funciona muy bien como mensaje político. Convierte una discusión complicada en una amenaza que cualquiera entiende: podrían castigar lo que compartes para burlarte del poder. Es breve, memorable y fácil de convertir en tendencia. El problema es que bajo esa misma etiqueta se han colocado reformas distintas.

Hay dos asuntos principales. Uno modifica las obligaciones de las empresas que ofrecen servicios de Internet y fue enviado al Senado. El otro cambia las sanciones contra la presunta “piratería” y la “falsificación” y ciertos usos “engañosos” de la identidad de instituciones públicas; este paquete ya fue aprobado por ambas cámaras. Conviene distinguirlos, porque sus efectos son diferentes. También recordar que aprobar una reforma, publicarla y ponerla en vigor son pasos distintos.

Para entender el primer asunto que se refiere a la Ley Federal del Derecho de Autor, pensemos en una fotografía que alguien asegura que publicaste sin permiso. Ya existen mecanismos para solicitar que se retire y para que tú respondas que tienes autorización o que tu uso está regulado por alguna excepción de la ley (notice and take down). Estas reglas vienen de 2020, al igual que las políticas para cancelar cuentas de usuarios que reinciden. 

Lo más delicado de la nueva propuesta es extender la política de terminación del servicio a las empresas que proporcionan la conexión a Internet. El alcance puede ir mucho más allá de retirar una publicación: una cancelación podría afectar el acceso que una persona utiliza para trabajar, estudiar, comunicarse o realizar trámites. Por eso hay preguntas que deben quedar claramente resueltas. ¿Cómo se determina que alguien es reincidente? ¿Cómo puede defenderse antes de perder el servicio? ¿Qué sucede si comparte la conexión con su familia, sus compañeros de trabajo o personas ajenas al conflicto, o incluso qué sucede si la persona que realizó tal actividad no es el usuario titular de la contratación del servicio?

El texto exige reglas públicas y avisos a los usuarios, y contempla condiciones adicionales para atribuir responsabilidad a los proveedores. Una reclamación no los convierte automáticamente en responsables. Son precisiones importantes, pero conocer las condiciones del servicio no sustituye la posibilidad de defenderse frente a una medida de ese alcance. En este primer punto, si bien no se trata de una medida antimemes, ni propiamente de censura, podría generar un efecto intimidatorio y facilitar aplicaciones abusivas contra contenidos críticos.

El segundo asunto, relacionado con el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial asunto busca combatir, entre otras conductas, el uso de elementos oficiales para engañar. Pensemos en una página que imita a una dependencia, utiliza sus marcas o imagen institucional y cobra por trámites falsos. Proteger a las personas frente a ese engaño es un objetivo legítimo.

Uno de los artículos más discutidos, el 403 Bis, contempla prisión y multas por determinados usos de logotipos, documentos o direcciones de internet de instituciones públicas, a escala comercial, para engañar sobre su origen oficial con intención de cometer un ilícito. Utilizar un logotipo para criticar a una dependencia no reúne, por sí solo, todos esos requisitos. La ley debe distinguir con claridad una página fraudulenta de un comunicado inventado que cualquier lector pueda reconocer como una burla. La palabra “ilícito”, además, es más amplia que un delito específico. Cuando puede haber consecuencias penales, esa precisión importa.

Hay otro punto que suele perderse en la discusión: compartir algo gratis no siempre basta para quedar fuera de lo que la reforma llama “escala comercial”. También se contemplan ciertos actos sin ganancia que causen un perjuicio significativo a la posición de mercado del titular de un derecho. Pero tener muchas vistas tampoco acredita automáticamente ese supuesto. El desgaste político de una autoridad no equivale al daño de mercado.

El paquete también endurece sanciones contra la piratería y la difusión no autorizada de obras antes de su lanzamiento. Su alcance es mucho mayor que el humor en redes. Aunque parte de estos cambios se explique por compromisos del T-MEC, cada medida debe estar bien delimitada, especialmente cuando pueda involucrar información de interés público.

En medio de todo esto conviene aclarar tres palabras que suelen utilizarse como si significaran lo mismo. La sátira critica mediante la ironía, la exageración o el ridículo. La parodia imita o transforma algo reconocible para producir un efecto humorístico y que usualmente puede tener su origen en una obra autoral. Un meme es un formato que puede servir para cualquiera de esas cosas, o simplemente para compartir una ocurrencia. Un comunicado ficticio puede, por ejemplo, parodiar la forma de hablar de una institución y satirizar una decisión del gobierno. Pero parece que eso no lo han comprendido nuestros artesanos legisladores.

Esa diferencia ayuda a entender qué se está utilizando y con qué propósito. Desde mayo de 2026, la Ley Federal del Derecho de Autor menciona expresamente la parodia y la sátira al regular la imagen y la voz de artistas, así como ciertos aspectos de sus interpretaciones. Sin embargo, esa protección no libera automáticamente los derechos sobre las fotografías, canciones o grabaciones utilizadas. En una misma fotografía pueden coexistir los derechos sobre la imagen del artista y los de quien la tomó.

Para las marcas, las agencias y los creadores, la consecuencia es práctica: antes de publicar una campaña humorística hay que revisar de quién es el material, qué uso se le dará y si hace falta autorización o se encuentra contemplada dentro de las limitaciones a los derechos patrimoniales de autor. Llamar “parodia” a una publicación no concede un permiso general para utilizar cualquier obra ajena.

Para el gobierno, la exigencia también es concreta: proteger la identidad de una institución no puede convertirse en una facultad para decidir cómo se le representa o critica.

El riesgo más delicado puede aparecer incluso antes de una sentencia. Un creador podría tener argumentos para defender su publicación y, aun así, preferir no compartirla por el costo de responder a una reclamación, lo cual podría entenderse derivado de la persuasión. Una plataforma podría retirar contenido para reducir su exposición a un conflicto. Así puede empezar una mala autorregulación convirtiéndose en autocensura, sin que exista una orden expresa de guardar silencio.

Son riesgos que deben prevenirse y evaluarse, sin presentarlos como consecuencias que ya estén demostradas. Las reglas necesitan claridad; las medidas deben estar justificadas, y las personas deben contar con una posibilidad real de defenderse. Hay que evaluar precisión, proporcionalidad y eficacia de las defensas.

Como caso ejemplificativo, al ser un meme una muestra de creatividad y, en política, una forma de crítica que no pierde protección por incomodar, se ha convertido en una herramienta eficaz.

Pensemos en las mariposas monarcas: ¿alguien podría imaginar llamar a ciertos políticos como los “mariposos”? Mediante un juego de palabras e ideas podría construirse la expresión “mariposos monarcos”, con “MO”, de MORENA, y “NARCOS”, en alusión al calificativo de “narcopolíticos” que sus adversarios utilizan contra integrantes de ese partido.

La asociación sería evidente, pero que alguien descifre el juego o se dé por aludido no basta, por sí solo, para justificar una sanción al llamarle a un político de ese partido MARIPOSO o MARIPOSA. Debe examinarse el mensaje completo y su contexto para distinguir una valoración satírica de una imputación de hechos o delitos falsos. La molestia del destinatario y las suposiciones sobre la intención del autor no pueden sustituir la acreditación de una infracción. Perseguir también las asociaciones, las metáforas y las palabras que todavía no existen abriría la puerta a controlar hasta dónde puede llegar la imaginación de quienes critican al poder.

Hasta ahora, el texto no permite afirmar que exista una prohibición general de los memes. Sí permite exigir que se corrijan las ambigüedades y se expliquen mejor sus alcances. La mejor crítica a una reforma empieza por leerla completa; la mejor defensa de una reforma consiste en corregir lo que pueda prestarse a abusos o interpretarse de manera abusiva.

Guillermo Pous Fernández.

@guillermopous

FIN DE DOCUMENTO.