Sin agua corriente y con baños dañados: así es la cárcel de Ibagué que recibió a 'Epa Colombia'
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La cárcel La Picaleña, en Ibagué, a donde fue trasladada Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia', arrastra un problema que jueces y organismos de control vienen documentando desde hace más de una década: la falta de suministro continuo de agua potable y las fallas en el sistema hidrosanitario.
Barrera Rojas salió el viernes 7 de agosto de la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá, y llegó al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué (Coiba), donde continuará cumpliendo su condena en el pabellón destinado a mujeres privadas de la libertad. El traslado se dio por instrucción del Gobierno de Abelardo De La Espriella, en el marco de los cuestionamientos por las condiciones de su reclusión anterior.
Desde 2013 existe una acción popular relacionada con el lugar y, además, hay dos sentencias que reconocieron el derecho al agua de las personas privadas de la libertad. A esto se suman dos requerimientos de la Procuraduría General de la Nación, uno de 2023 y otro de 2025, este último relacionado específicamente con la zona de reclusión femenina.
La cárcel La Picaleña, en Ibagué, recibió a Daneidy Barrera Rojas el 7 de agosto de 2026. Foto: Procuraduría General de la Nación.
¿Qué encontró la Procuraduría en la cárcel La Picaleña?
El 26 de febrero de 2023, la Procuraduría envió un requerimiento al director del Coiba, a los directores generales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), y a la directora de la Regional Viejo Caldas del Inpec.
En el documento, pidió actuar "de manera urgente e inmediata, y por razones humanitarias" para atender lo que calificó como una "crítica condición de salubridad" en el complejo, donde en ese momento había 4.703 personas privadas de la libertad.
Fachada del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué Picaleña, conocido como Coiba. Foto: Colprensa.
Ahí mismo, el Ministerio Público recogió lo expuesto por los representantes de derechos humanos de la población reclusa, quienes manifestaron que gran parte de las baterías sanitarias estaban dañadas y que, por eso, debían hacer sus necesidades fisiológicas "en bolsas, baldes y otros sitios que no corresponden".
La Procuraduría también señaló que existía un pabellón donde convivían 293 personas privadas de la libertad con solo "dos sanitarios y dos orinales que funcionan a media marcha", y que a esa situación se sumaban los problemas continuos de bombeo y racionamiento de agua, "que también afectan al pabellón de mujeres, donde desde hace más de un año no tienen agua corriente para suplir sus necesidades básicas".
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¿Por qué un juez ordenó entregar 25 litros de agua al día en el Coiba?
El 12 de marzo de 2020, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con ponencia de la consejera Stella Jeannette Carvajal Basto, amparó los derechos al agua potable, a la salud, a la integridad física y a la dignidad humana de un interno del bloque número 3 del Coiba.
Daneidy Barrera Rojas salió de la Escuela de Carabineros de Bogotá el 7 de agosto. Foto: Colprensa.
El accionante, José Ángel Tibaduiza Adán, sostuvo que el agua se suministraba únicamente "10 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde" en las zonas comunes, que en las celdas no había suministro y que solo un lavamanos colectivo y una ducha funcionaban, "aunque a la mínima presión".
El fallo ordenó al Coiba y al Inpec implementar, en tres días, medidas para garantizar 25 litros diarios de agua potable por recluso en ese bloque, junto con los utensilios para almacenar cinco litros en la celda. También instó a la Uspec y al complejo a diseñar un "Plan de Mejoramiento Integral" para superar de forma estructural el suministro de agua, los daños en inodoros, duchas, albercas y tanques, y la filtración de aguas negras.
La misma sentencia exhortó a la Procuraduría Provincial de Ibagué y a la Defensoría del Pueblo Regional Tolima a acompañar la situación, y ordenó remitir copia del expediente a la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional que vigila el estado de cosas inconstitucional (ECI) en materia carcelaria. Antes de eso, en la sentencia del 27 de octubre de 2017, la Sección Primera del Consejo de Estado había constatado que los internos recibían el suministro "solamente hora y media al día".
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¿Qué pasó en la reclusión de mujeres de Picaleña en 2025?
El 12 de marzo de 2025 se registró una inundación en el sitio de reclusión femenina del complejo. Según los hallazgos de la Defensoría del Pueblo Regional Tolima, en el bloque cuatro, donde funciona la Reclusión de Mujeres, los sifones devolvieron las aguas servidas al área de sanidad y a la guardería.
El bloque cuatro del Coiba aloja la Reclusión de Mujeres y una guardería para menores. Foto: Procuraduría General de la Nación.
Esa guardería es el espacio destinado a que los hijos de las mujeres privadas de la libertad, menores de tres años, puedan pernoctar y desarrollar sus actividades dentro del establecimiento.
El 31 de marzo de 2025, la Procuraduría requirió a la Uspec, a su director de Infraestructura y a la subdirectora de Construcción y Conservación, un reporte sobre las acciones prioritarias asumidas para mitigar el riesgo.
En esa comunicación, el ente disciplinario recordó que en vigencias anteriores, dentro de la mesa de asuntos penitenciarios, ya había alertado a las autoridades sobre "múltiples inconsistencias" encontradas durante el seguimiento preventivo al establecimiento. Ese requerimiento es la actuación pública más reciente de un organismo de control sobre la zona femenina del Coiba.
¿Cuántas personas hay en la cárcel de Ibagué donde está 'Epa Colombia'?
El Coiba está adscrito a la Regional Viejo Caldas del Inpec y funciona en la carrera 45 sur número 134-95, barrio Picaleña, en Ibagué. La entidad lo clasifica como establecimiento de alta y media seguridad, e incluye el Establecimiento de Reclusión Especial (ERE).
La abogada de Epa Colombia celebró a De La Espriella el día del traslado. Foto: Redes sociales de Wendy Herrera.
El 13 de octubre de 2017, según informó el propio Inpec, el complejo recibió una estructura nueva con capacidad para 576 cupos, construida sobre 10.420 metros cuadrados, con especificaciones sanitarias y de salubridad, además de áreas de cocina, panadería, lavandería, sanidad y talleres.
La cifra oficial de población más reciente citada por un organismo de control sobre el complejo sigue siendo la de 4.703 personas privadas de la libertad del boletín de la Procuraduría de 2023.
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El complejo carcelario no figura entre los establecimientos expresamente contemplados en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 de la Corte Constitucional, que declararon y reiteraron el Estado de Cosas Inconstitucional del sistema penitenciario. Pese a eso, el Consejo de Estado ordenó en 2020 remitir el caso a la Sala Especial de Seguimiento por tratarse de "una situación estructural que implica vulneraciones masivas y generalizadas de los derechos fundamentales de personas privadas de libertad".
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