
Andrés Hernández Ramírez, actual jefe de comunicaciones del presidente Gustavo Petro, volvió a quedar bajo el escrutinio público luego de que El País publicara una investigación en la que recoge cuatro denuncias por presuntas estafas, deudas e incumplimientos de pago que, según los denunciantes, ocurrieron durante el tiempo en que ejerció como cónsul de Colombia en Ciudad de México.
La publicación presenta documentos, conversaciones de WhatsApp, un pagaré y testimonios de personas que aseguran haber entregado dinero, bienes o servicios al entonces funcionario sin haber recibido posteriormente el pago correspondiente.
Según la investigación, los cuatro casos presentan características similares, pues los denunciantes sostienen que Hernández habría adquirido compromisos económicos que posteriormente no cumplió.
El diario recordó que no es la primera vez que se conocen señalamientos contra el funcionario. En 2024 ese mismo medio publicó una denuncia relacionada con una deuda económica y recordó además que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló su nombramiento como cónsul, al concluir que no cumplía los requisitos exigidos para ocupar el cargo.
Posteriormente, Hernández fue vinculado nuevamente al Gobierno nacional como asesor de prensa, gestor de comunidades y medios digitales, hasta llegar a desempeñarse como jefe de comunicaciones de la Presidencia, desde donde coordina la estrategia de comunicaciones del Ejecutivo y la agenda mediática del mandatario.

Antes de la publicación de la investigación, El País indicó que buscó la versión de Andrés Hernández Ramírez.
De acuerdo con el medio, inicialmente el funcionario manifestó que respondería únicamente mediante un cuestionario escrito. Sin embargo, después de recibir las preguntas señaló que no emitiría declaraciones y que el caso sería atendido por su abogado.
En un mensaje citado por el medio escribió: “Le contestaré sus preguntas una vez me reúna con mis abogados, la oficina del doctor Julio César Ortiz Gutiérrez, quien es mi vocero. Por el momento, por este chat que me contactó y al que me contactan sus colegas, solo responderé los temas relacionados con las comunicaciones de la Presidencia de la República”.
El diario añadió que también contactó la oficina del abogado mencionado, pero hasta el momento de la publicación no había recibido respuesta.
Uno de los testimonios corresponde a Carla Fernández Franco, auxiliar administrativa del Consulado de Colombia en México.
Según contó a el diario, era habitual prestar temporalmente su tarjeta de crédito personal a los nuevos cónsules mientras estos abrían una cuenta bancaria en el país. Afirmó que con Hernández el mecanismo funcionó normalmente durante varios meses, pues el entonces diplomático pagaba oportunamente los consumos realizados.
No obstante, aseguró que posteriormente dejó de cancelar los valores pendientes mientras continuaba utilizando la tarjeta, lo que terminó generando una deuda de 196.000 pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente 42 millones de pesos colombianos.
Fernández también afirmó que le prestó dinero al entonces cónsul para un viaje a Estados Unidos, bajo el compromiso de que sería devuelto posteriormente, algo que, según sostuvo, no ocurrió.
De acuerdo con la investigación, Hernández firmó un pagaré fechado el 11 de noviembre de 2024, en el que reconocía la obligación por los 196.000 pesos mexicanos y se comprometía a cancelar la totalidad antes del 31 de diciembre de ese mismo año. El documento establece además el pago de intereses en caso de incumplimiento.
La exfuncionaria aseguró que, hasta la fecha, la obligación continúa pendiente.
Entre las conversaciones divulgadas por el medio figura un mensaje enviado por Hernández el 8 de julio de 2025, en el que escribió: “He estado reuniendo tu dinero, solo que me han tenido ocupado los dos procesos disciplinarios que me abrieron y estamos en alegatos. Una disculpa, espero solucionarte lo más pronto”.

La investigación también recoge el testimonio de María Ricardina Sánchez, quien trabajó entre 2013 y 2024 en el Consulado de Colombia en México desempeñando labores de cocina y servicios generales.
Paralelamente, preparaba desayunos y almuerzos para los funcionarios de la sede diplomática.
Según relató, Hernández consumió alimentos durante su permanencia como cónsul sin cancelar los pagos correspondientes, acumulando una deuda de 34.800 pesos mexicanos, equivalente a cerca de ocho millones de pesos colombianos.
Sánchez aseguró que en repetidas ocasiones solicitó el pago, pero afirmó que el entonces funcionario le respondía que posteriormente le cancelaría y, finalmente, dejó de responder sus mensajes.
Otro de los casos corresponde a una ciudadana colombiana residente en México cuya identidad fue reservada bajo el nombre ficticio de Camila.
La mujer explicó que fabrica velas artesanales y que, con motivo del Día de las Velitas de 2024, ofreció sus productos en el consulado colombiano.
Según su relato, Hernández realizó un pedido superior a 4.000 pesos mexicanos, equivalente a aproximadamente 800.000 pesos colombianos, pero al momento de la entrega indicó que no disponía de efectivo y que realizaría el pago posteriormente.
La emprendedora sostuvo que nunca recibió el dinero, pese a los múltiples mensajes que asegura haber enviado solicitando el cumplimiento del compromiso.

La cuarta denuncia corresponde a Sonia Cuesta, quien trabajó durante 26 años en el Consulado de Colombia en México.
Según explicó a El País, al momento de pensionarse en 2023 necesitaba trasladar a Colombia sus ahorros, equivalentes a 24.564 dólares, pero el banco le informó que debía contar con una cuenta bancaria en el país para realizar la transferencia.
De acuerdo con su versión, Hernández le ofreció recibir temporalmente los recursos en una cuenta a su nombre para luego enviárselos.
Aunque parte del dinero fue transferido, Cuesta aseguró que aún faltan 20 millones de pesos colombianos.
La investigación incluye una conversación de WhatsApp en la que Hernández escribió: “Hola, Sonia, estos días ya te dejo los 20 que faltan, perdón la demora”.
El medio recordó que este caso ya había sido divulgado por ese medio en 2024 y que, en ese momento, Hernández sostuvo que se trataba de una deuda personal que pagaría.
Sin embargo, Cuesta afirmó al diario que el pago no se ha realizado y que presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunta estafa, proceso que, según indicó, continúa en trámite.
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