Anuncian nuevas restricciones para ingresar a los parques naturales por emergencia sanitaria de fiebre amarilla Infobae

El Gobierno nacional de Colombia declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio debido a la circulación activa del virus de la fiebre amarilla en varias regiones y el riesgo de su expansión hacia áreas urbanas. Según informó el Ministerio de Salud, hasta el 20 de abril de 2025 se han confirmado 79 casos de la enfermedad, de los cuales 36 han resultado en fallecimientos, lo que representa una preocupante tasa de mortalidad del 45,3%.

La decisión, oficializada mediante la Resolución 691 del 16 de abril de 2025, busca contener la propagación del virus, proteger la vida de la población y mitigar los efectos de esta crisis sanitaria en la salud pública. En los últimos tres meses, se han registrado 56 nuevos casos y 23 muertes, lo que evidencia un aumento significativo en la incidencia de la enfermedad, según datos del Ministerio de Salud.

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De acuerdo con las autoridades sanitarias, la vacunación es la herramienta más eficaz para controlar la fiebre amarilla. El análisis de los casos fatales ha revelado que las personas fallecidas no estaban vacunadas, lo que subrayó la urgencia de aumentar las coberturas de inmunización. En ese sentido, las entidades territoriales fueron instruidas para priorizar la vacunación de toda la población mayor de 9 meses en los municipios clasificados como de alto riesgo.

El viceministro de Salud Pública, Jaime Hernán Urrego, explicó que la emergencia sanitaria tiene un carácter preventivo, con el objetivo de evitar la urbanización del virus, lo cual podría tener consecuencias devastadoras. Según detalló, la estrategia incluye la vacunación masiva, el bloqueo vacunal en áreas afectadas y restricciones de movilidad en zonas de alto riesgo.

Clasificación de riesgo y medidas específicas

El Ministerio de Salud identificó 111 municipios en muy alto riesgo debido a la circulación activa del virus, la presencia de casos humanos o epizootias en primates no humanos, o su proximidad a corredores ecoepidemiológicos. En estas áreas, se estima que 760.257 personas no están vacunadas. Las medidas incluyen la vacunación de toda la población susceptible, sin restricciones de edad, y la implementación de bloqueos vacunales en veredas donde se detecten casos.

En los 289 municipios clasificados como de alto riesgo, donde aún no se han registrado casos pero existen condiciones propicias para la propagación del virus, se calcula que 2.836.109 personas son susceptibles. Aquí, la estrategia se centra en la vacunación preventiva, especialmente para viajeros que se desplacen hacia zonas de muy alto riesgo.

Por otro lado, en los 722 municipios de bajo riesgo, donde aproximadamente 7 millones de personas no están vacunadas, se continuará con el programa permanente de inmunización. Igualmente, se intensificarán las campañas de vacunación en sectores específicos, como instituciones educativas, terminales de transporte y espacios colectivos.

Cabe resaltar que, el viceministro señaló las autoridades locales podrán implementar restricciones de acceso a áreas con transmisión activa del virus, en coordinación con las fuerzas de policía. Además, se exigirá el carné de vacunación contra la fiebre amarilla para ingresar a parques naturales en municipios de alto y muy alto riesgo.

Control del vector y restricciones de movilidad

El control del mosquito transmisor de la fiebre amarilla es otra de las prioridades del plan de emergencia. Según informó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se intensificarán las acciones para eliminar criaderos de mosquitos en hogares, comunidades y espacios públicos. También se distribuirán toldillos en zonas rurales con mayor riesgo.

Como parte de la declaratoria de emergencia, se activó la alerta amarilla hospitalaria en toda la red de salud del país. En los municipios con casos confirmados, esta alerta podría elevarse a naranja o roja, dependiendo del análisis de las autoridades locales y el Ministerio de Salud.

Los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (Crue) asumirán el control de la disponibilidad de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y traslados asistenciales. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) están obligadas a garantizar la vacunación, prevención y atención de sus afiliados, sin necesidad de autorizaciones previas.

Por otra parte, el Gobierno movilizó más de 10.000 Equipos Básicos de Salud para garantizar la vacunación en las zonas más alejadas del país. Estos equipos también desempeñarán un papel clave en la identificación de casos, la educación comunitaria y el seguimiento epidemiológico.

El Gobierno hizo un llamado a la población para adoptar medidas de autocuidado, como eliminar criaderos de mosquitos, utilizar repelentes y ropa que cubra la piel, y acudir oportunamente a los puntos de vacunación. Dichas recomendaciones son especialmente importantes para quienes residen en municipios ubicados por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, donde el mosquito transmisor tiene mayor presencia.

Asimismo, se ha exhortado a los extranjeros que planeen viajar a Colombia a vacunarse al menos 10 días antes de ingresar a zonas de alto o muy alto riesgo. Aunque el Certificado Internacional de Vacunación se adopta inicialmente como una recomendación no restrictiva, esta medida podría ajustarse según las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para enfrentar esta situación, y lograr cubrir la demanda y el plan de vacunación por fiebre amarilla, es decir nueve millones de personas; el gobierno identificó una posible fuente de recursos en los fideicomisos de las concesiones de infraestructura 4G y 5G. Petro denunció que dichas concesiones acumularon grandes sumas de dinero en los bancos sin cumplir con los contratos de construcción de carreteras.

“He solicitado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Hacienda que investiguen el grado de incumplimiento y la posible estafa a la nación”, señaló. Según el mandatario, el 42% de estos fondos se encuentra en Bancolombia, lo que representa un uso inadecuado de recursos que deberían estar disponibles para el gobierno.