La Kakistocracia Mexicana: Deuda que Crece, Promesas que No Re-evolucion.mx

El politólogo Richard Hanania plantea en su más reciente libro una tesis incómoda para el populismo contemporáneo: los movimientos que se erigen contra las élites rara vez resuelven los problemas que denuncian; en cambio, los agravan y terminan elevando al poder a figuras profundamente incapaces de gobernar. Hanania sostiene que las democracias modernas sufren de ineficiencia, dominio de intereses particulares e incompetencia, y que dejar estos fenómenos sin control genera disfunción en vivienda, energía, salud y economía, abriendo paso a la corrupción y a un autoritarismo rampante. La pregunta obligada es si México, bajo los gobiernos de Morena desde 2018, encaja en ese diagnóstico.

Los datos duros invitan a la reflexión más que a la certeza. En materia de seguridad, la promesa original de «abrazos, no balazos» no ha producido una reducción sostenida de los homicidios ni ha desarticulado el poder territorial del crimen organizado; el fenómeno, más bien, se ha entrelazado con procesos judiciales en Estados Unidos que exhiben vínculos entre operadores del narcotráfico y estructuras políticas mexicanas, un frente que promete marcar el ciclo electoral de 2027.

Pero es en el terreno fiscal donde la evidencia resulta más contundente. Los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más amplia del déficit fiscal, se ubicaron en 4.3% del Producto Interno Bruto al cierre de 2025, un nivel mayor al estimado por la Secretaría de Hacienda. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum logró reducir el desequilibrio heredado —el déficit de 2025 bajó 1.5 puntos porcentuales respecto al 5.8% del PIB registrado en 2024—, el ajuste llegó tarde y a un costo considerable. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más amplia de la deuda, alcanzó 52.6% del PIB al cierre de 2025, 1.2 puntos por encima de la meta aprobada por el Congreso, y ligeramente superior al 52% registrado en 2024.

La factura de ese endeudamiento ya se siente en el presupuesto. Con un crecimiento económico de apenas 0.8% y el costo de la deuda en su nivel más alto desde 1993, el pago de intereses y el servicio de la deuda pública llegó a 1.31 billones de pesos en 2025, 9.8% más que el año anterior; por cada peso recaudado en impuestos, 24 centavos se destinaron a ese rubro. El estudio de México Evalúa citado por Proceso concluye que esta presión hizo «inevitable» un ajuste presupuestal que golpeó especialmente a la inversión pública, la cual cayó 28.4% en 2025 respecto al año previo, su nivel más bajo en casi dos décadas. Es decir: para sostener los programas sociales insignia del movimiento —la Pensión Bienestar y los subsidios universales entre ellos—, el gobierno sacrificó la obra pública que, en teoría, debía generar crecimiento y empleo a mediano plazo.

El centro de investigación CIEP añade una perspectiva de largo plazo que resulta aún más inquietante. Entre 2024 y 2025 se observaron cifras máximas de déficit, de 5.8% y 4.9% del PIB respectivamente, explicadas por crecientes gastos ineludibles asociados al costo de la deuda y a las pensiones. La deuda acumulada pasó de representar 31.4% del PIB en 2008 a 52.6% en 2025, un incremento real de 111.8%, mientras que el costo de la deuda aumentó de 1.8% a 3.7% del PIB en el mismo periodo, un crecimiento real de 152.5%; desde 2015, este costo ha superado al gasto federal en educación pública.

Aquí aparece la primera gran contradicción del proyecto morenista: un movimiento que se presentó como defensor de la «austeridad republicana» y del combate a los privilegios ha terminado destinando una porción creciente del erario al pago de intereses, no a infraestructura ni a servicios públicos. El propio gobierno solicitó un aumento del techo de la deuda de 1.5 billones de pesos para cumplir con sus obligaciones, y Moody’s ya había bajado la perspectiva de la deuda soberana mexicana a «negativa» desde estable, una señal que los mercados no suelen ignorar.

La segunda contradicción es de fondo: los programas sociales universales, diseñados como instrumento de justicia distributiva, dependen de un modelo de financiamiento que no se ha reformado estructuralmente. La promesa de campaña de no impulsar una reforma fiscal en el arranque del sexenio pospuso una discusión que, tarde o temprano, tendrá que darse si se quiere evitar que la sostenibilidad de las pensiones se convierta en una crisis de mediano plazo.

¿Es esto kakistocracia en el sentido que describe Hanania, o simplemente el costo inevitable de gobernar un país con enormes rezagos sociales? La respuesta probablemente no sea binaria. Lo que los números sí permiten afirmar es que el populismo mexicano, lejos de resolver el problema de la desigualdad y la inseguridad mediante el gasto social, ha generado una nueva vulnerabilidad: una arquitectura fiscal que compromete el margen de maniobra de los próximos gobiernos, sean del signo político que sean. La disyuntiva entre sostener los programas de bienestar y garantizar la salud de las finanzas públicas ya no es hipotética. Es, a estas alturas, la pregunta central del sexenio.