El funcionario que encabezó el decomiso de 59 millones de litros en Guanajuato es apartado e investigado mientras crecen las dudas sobre el operativo presentado como un golpe histórico al huachicol
El decomiso de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato, presentado la semana pasada como el mayor aseguramiento de huachicol del sexenio, quedó bajo revisión después de que la Fiscalía General de la República (FGR) detectara anomalías en el procedimiento. Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la FGR en el estado y responsable de la operación, fue separado del cargo y es investigado mientras la institución revisa la documentación relacionada con el combustible.
Según información de El País, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este viernes la salida de Vera Ayala y explicó que el operativo se realizó aproximadamente dos semanas antes de que fuera informado públicamente, sin que se hubiera verificado toda la información. La FGR también mantiene abierta la revisión para establecer si el hidrocarburo asegurado tiene un origen y manejo legal.
¿Qué ocurrió con el decomiso en Guanajuato?
El aseguramiento ocurrió en La Fragua, San José Iturbide, dentro de una terminal de almacenamiento operada por Gas Natural del Noroeste, empresa perteneciente a Grupo Simsa.
Las autoridades informaron el 17 de septiembre que habían asegurado más de 59 millones de litros de combustible, además de diez tanques de almacenamiento y tres unidades de carga. En ese momento, el operativo fue presentado como un golpe histórico contra el huachicol.
La investigación había comenzado semanas antes. De acuerdo con información publicada por El Financiero, la FGR inició las indagatorias el 3 de julio, después de detectar irregularidades relacionadas con una pipa que transportaba combustible cuya procedencia no había podido acreditarse. A partir de esa pista se realizaron trabajos de inteligencia y posteriormente se obtuvieron órdenes de cateo.
Sin embargo, el procedimiento comenzó a ser cuestionado después de que la empresa operadora asegurara que la terminal cuenta con permisos para almacenar petrolíferos y que su operación es legal.
¿Por qué fue apartado Juan Francisco Vera Ayala?
Harfuch explicó que el equipo de la fiscal general, Ernestina Godoy, encontró anomalías relacionadas con el operativo.
Uno de los puntos señalados fue la diferencia entre el momento en que se realizó el aseguramiento y la fecha en que se hizo público.
El secretario explicó que la operación se llevó a cabo aproximadamente dos semanas antes de que fuera informada, además de que todavía no se había verificado completamente la información disponible.
“Fue dos semanas antes y se informa dos semanas después sin haber verificado todo”.
A partir de esas observaciones, la FGR decidió separar a Vera Ayala de su cargo y continuar con una investigación sobre las circunstancias en las que se realizó el aseguramiento.
La revisión no implica por sí misma que el combustible sea legal o ilegal. La procedencia y situación jurídica de los 59 millones de litros todavía deben determinarse mediante la documentación y las diligencias correspondientes.
La FGR revisa si el combustible era realmente huachicol
El caso adquirió una nueva dimensión después de que Grupo Simsa rechazara que el combustible almacenado en sus instalaciones fuera producto de una operación ilícita.
La empresa, mediante Gas Natural del Noroeste, señaló que la terminal cuenta con permisos y licencias para operar y puso a disposición de las autoridades la documentación relacionada con el almacenamiento y la procedencia del combustible.
La FGR respondió que, hasta ese momento, no había recibido de todas las empresas involucradas la documentación necesaria para acreditar de manera completa la licitud del origen, manejo y destino del hidrocarburo.
Por esta razón, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la investigación.
Entre las diligencias se encuentran el análisis de documentos, entrevistas con directivos y la revisión de información relacionada con las empresas vinculadas al combustible asegurado. El objetivo es establecer quién es propietario del hidrocarburo, de dónde provino, cómo fue manejado y cuál era su destino.
¿Qué ha dicho la empresa sobre los 59 millones de litros?
Grupo Simsa sostuvo desde el inicio que la operación de la terminal es “completamente lícita y verificable”.
La empresa explicó que el centro de almacenamiento cuenta con permisos federales y que trabaja con clientes del sector energético. También señaló que entregaría a las autoridades la documentación necesaria para acreditar la legalidad de las operaciones.
El señalamiento es relevante porque el aseguramiento fue presentado inicialmente como un decomiso de combustible ilegal, mientras que la empresa sostiene que la terminal operaba bajo autorizaciones vigentes.
Por ahora, ambas posiciones forman parte de una investigación que continúa abierta. La autoridad debe determinar, con base en documentos y otras diligencias, qué parte del combustible asegurado puede acreditar su procedencia legal.
¿Qué relación tiene la investigación con el delegado de la FGR?
Juan Francisco Vera Ayala había asumido la delegación de la FGR en Guanajuato en enero de 2026.
Antes de llegar al estado había ocupado distintos cargos relacionados con procuración de justicia y seguridad. Entre ellos se encuentran funciones en la extinta Procuraduría General de la República, así como responsabilidades en áreas contra el secuestro y la extorsión en Puebla y Tabasco.
Su salida ocurre ahora en el contexto de la revisión del operativo de San José Iturbide.
La investigación busca determinar si existieron anomalías en el procedimiento y si la información utilizada para presentar el aseguramiento como un decomiso de combustible ilícito estaba debidamente sustentada.
El caso también quedó bajo revisión por la forma en que se anunció
Otro elemento que generó cuestionamientos fue el momento en que se hizo público el aseguramiento.
El operativo se realizó antes de que se anunciara oficialmente el decomiso de los 59 millones de litros. El anuncio ocurrió el 17 de septiembre, un día antes de una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guanajuato.
La mandataria explicó posteriormente que la operación fue realizada de manera independiente por la delegación de la FGR en el estado, con información proporcionada por autoridades de seguridad locales.
Sheinbaum señaló que el Gobierno federal se enteró del procedimiento a través de los canales institucionales y asumió inicialmente que se trataba de una actuación debidamente sustentada.
¿Qué falta por determinar?
La investigación todavía tiene varios puntos pendientes.
Las autoridades deben establecer la procedencia de los 59 millones de litros, determinar qué empresas están relacionadas con el combustible y revisar si toda la documentación presentada corresponde efectivamente al producto asegurado.
También se debe esclarecer si existieron irregularidades en la ejecución y comunicación del operativo que derivaron en la separación de Vera Ayala.
Por ahora, lo confirmado es que el delegado de la FGR fue apartado y que la investigación continúa bajo revisión de la propia Fiscalía, mientras se analiza la documentación relacionada con el combustible.
El caso pasó así de ser presentado como un aseguramiento histórico contra el huachicol a convertirse también en una investigación sobre cómo se realizó, documentó y comunicó el operativo, sin que todavía exista una determinación definitiva sobre la legalidad de todo el combustible asegurado.
El Imparcial
