Polémica por recorte en la JEP: denuncian supuestas presiones de funcionarios a comparecientes para frenar la reducción de $170.000 millones

La senadora María Clara Posada denunció una situación que, según manifestó, estaría ocurriendo luego de la decisión del Gobierno nacional de plantear un recorte de alrededor de $170.000 millones al presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para 2027. La medida está contemplada en el proyecto de Presupuesto General de la Nación, que ya fue aprobado en las comisiones del Senado y la Cámara y continúa su trámite legislativo.

La congresista aseguró que fue informada de que funcionarios de la JEP estarían ejerciendo presión sobre comparecientes pertenecientes a la fuerza pública para que soliciten ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) la adopción de medidas cautelares encaminadas a impedir el recorte presupuestal.

“Me informan que, presuntamente, funcionarios de la JEP estarían presionando a comparecientes de la Fuerza Pública para que soliciten a la CIDH la adopción de medidas cautelares, con el fin de impedir el recorte presupuestal. Cabe recordar que este recorte no es exclusivo del Tribunal, sino transversal a todas las entidades del Estado, en el marco de la grave situación fiscal que atraviesa el país”, escribió Posada en X.

Además señaló que, según la información que recibió, a los comparecientes también se les estaría indicando que, en caso de concretarse la reducción presupuestal, la JEP no podría continuar funcionando y los procesos pasarían a la jurisdicción ordinaria, sin las reglas especiales correspondientes a la justicia transicional. “También estarían diciéndoles que, de confirmarse el recorte, la JEP no podría funcionar y sus casos pasarían a la jurisdicción ordinaria sin las reglas especiales de la justicia transicional. De confirmarse esta situación, se configuraría una instrumentalización inadmisible de soldados y policías por parte de un Tribunal que los equiparó con el terrorismo y que no les respetó la garantía del juez natural”, señaló la senadora.

Como parte de los elementos que acompañaron su denuncia, la senadora afirmó que recibió un documento que estaría destinado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El texto lleva como asunto “Solicitud de medidas cautelares” y plantea la protección de las garantías judiciales, la protección judicial, la integridad personal y la seguridad jurídica de un compareciente ante la JEP.

En el documento, el solicitante señala que acude ante la Cidh para pedir medidas cautelares individuales, con fundamento en el artículo 25 del reglamento de la comisión, ante lo que describe como un riesgo grave y urgente que podría afectar sus derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como su integridad personal.

El escrito sostiene que la situación institucional que afecta a la JEP podría comprometer las condiciones materiales de seguridad, independencia, continuidad y efectividad del proceso judicial al que el compareciente se sometió voluntariamente. Entre los anexos mencionados aparece una copia de una proposición presupuestal mediante la cual se plantea el traslado de $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP para la vigencia de 2027, además de un registro de declaraciones públicas relacionadas con esa proposición.

El documento también plantea que una reducción presupuestal afectaría las condiciones de quienes actúan como comparecientes y podría generar una interrupción de la actuación judicial. Por esa razón, solicita a la Cidh que valore la petición con carácter urgente y adopte las medidas cautelares que considere necesarias.

La solicitud está fechada el 21 de septiembre de 2026 y aparece suscrita por un “Solicitante/Compareciente ante la JEP”.

Posada pidió investigar las presuntas presiones

Tras presentar la denuncia, la congresista anunció que acudirá a la Procuraduría General de la Nación para solicitar una actuación frente a los hechos que calificó como presuntas presiones indebidas. “Solicito respetuosamente a la Procuraduría General de la Nación que adelante una supervisión orientada a prevenir e investigar estas presuntas presiones indebidas. Asimismo, radicaré un derecho de petición ante la JEP para que se nos confirme si dicha comunicación fue elaborada por sus funcionarios”, manifestó Posada.

En el material entregado también aparece información financiera y contable de la JEP con corte al 30 de junio de 2026. Entre los datos relacionados con gastos generales orientados a proyectos de inversión figuran $82.164.803.980,96. El documento registra, entre otros conceptos, $40.149.056.579 en honorarios y $39.721.981.667,10 en servicios.

Asimismo, el reporte contiene información presupuestal de la JEP correspondiente a 2026, con datos sobre apropiación inicial, modificaciones, apropiación vigente, compromisos, obligaciones, pagos y recursos sin comprometer. Dentro de los registros aparecen partidas correspondientes a gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes, prestaciones sociales y otros conceptos.

A la denuncia de la senadora respondió el coronel en retiro Carlos Javier Soler, exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. “Me informaron lo mismo, senadora. Más de 14 comparecientes me contactaron y enviaron el correo de ‘adhesión’ a la petición ante el sistema interamericano. No les piden consentimiento: es ‘firme o firme’”, aseguró Soler.

El coronel en retiro también cuestionó la situación de los comparecientes de la fuerza pública y mencionó al Fondo de Defensa Técnica y Especializada (Fondetec) del Ministerio de Defensa como una instancia relacionada con la defensa de estos ciudadanos. En su pronunciamiento hizo además señalamientos sobre la gestión de anteriores funcionarios y pidió adoptar decisiones respecto del funcionamiento y presupuesto del fondo.

Soler planteó, entre otras solicitudes, el nombramiento de un director para Fondetec, un aumento de su presupuesto, la revisión de la composición del equipo de abogados y peritos y el estudio de una reforma de la Justicia Penal Militar. También sostuvo que, a su juicio, deberían fortalecerse las herramientas de defensa técnica para los integrantes de la Fuerza Pública.