La JEP intentó comprar dos veces su sede en Bogotá y esto fue lo que frenó ambos procesos de compra
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró este viernes que su sede principal en Bogotá tiene un valor comercial aproximado de $288.538 millones y que la sigue pagando en arriendo porque el Ministerio de Hacienda, en el gobierno de Iván Duque, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el de Gustavo Petro, rechazaron los proyectos para comprarla.
"No es cierto que el edificio cueste $20.975 millones (ese era su valor catastral en 2020, no es su valor comercial)", señaló la JEP en su comunicado. El valor comercial que dio la entidad es el estimado para 2026 y multiplica por casi 14 esa cifra.
La respuesta llegó dos días después de que las comisiones económicas del Congreso aprobaron, en primer debate, un recorte de $170.000 millones al presupuesto de la JEP para 2027. El Congreso tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el Presupuesto General de la Nación.
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¿Desde cuándo paga arriendo la JEP en Bogotá?
La JEP ocupa el edificio desde el 15 de marzo de 2018, y el primer contrato de arriendo lo firmó el Fondo Colombia en Paz porque la jurisdicción todavía no tenía recursos propios.
Sede de la JEP en Bogotá, donde reposa el expediente por el crimen de Jaime Garzón. Foto: Colprensa.
El proyecto de inversión que la Secretaría Ejecutiva de la JEP le presentó a Hacienda en el gobierno de Duque no pasó de la formulación. El de Petro llegó hasta la evaluación de viabilidad, donde Planeación Nacional emitió "concepto técnico desfavorable".
"A la fecha la entidad continúa desarrollando sus actividades en el inmueble bajo la modalidad de arrendamiento", indicó la JEP. En el edificio funcionan las salas de audiencias, se guardan los expedientes físicos y está el centro de datos con la grabación de todas las audiencias de sus ocho años de funcionamiento.
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¿Para qué viajan al exterior los magistrados de la JEP?
La JEP afirmó que sus comisiones al exterior responden a invitaciones oficiales para rendir cuentas sobre su modelo de justicia y a diligencias judiciales. Según el tribunal, el Acuerdo de Paz quedó depositado ante el Consejo Federal Suizo, en Berna, y reconocido por el Consejo de Seguridad de la ONU en la Resolución 2261, por lo que debe mantener informada a la comunidad internacional.
Estos son los viajes que la entidad detalló en su comunicado:
9 de abril de 2024. Roberto Carlos Vidal, entonces presidente de la JEP, asistió a la sesión del Consejo de Seguridad en Nueva York. Fue la primera vez que un presidente del tribunal lo hizo.
18 de julio de 2025. Alejandro Ramelli, presidente actual, fue a la misma sesión invitado por la Cancillería. Se reunió con representantes de los 15 miembros del Consejo y lo acompañaron los magistrados Julieta Lemaitre Ripoll y Juan Ramón Martínez.
Del 24 de noviembre al 6 de diciembre de 2025. Ramelli y dos magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad viajaron a París, Ginebra (Suiza) y La Haya (Países Bajos), invitados por la Cancillería y las embajadas de Noruega y Francia.
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En La Haya, durante la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, la delegación presentó las primeras sentencias restaurativas del tribunal. Una sancionó al último secretariado de las Farc por secuestros y la otra a 12 exintegrantes del Batallón 'La Popa' por presentar falsas bajas en combate en la Costa Caribe.
Magistrados y funcionarios de la JEP también visitaron cárceles de Estados Unidos, como la de Florence (Colorado), para entrevistar a testigos presos allá. Esas visitas se tramitaron ante la Cancillería, el Ministerio de Justicia y el Departamento de Justicia de ese país, según la JEP, que agregó que las comisiones cuestionadas se divulgaron en su momento en su página web, sus redes sociales y comunicados de prensa.
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¿Qué encontraron los organismos de control en la JEP?
"Tras siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría, la JEP no registra hallazgos de corrupción ni de otro tipo", aseguró el tribunal.
La entidad pidió consultar su portal de Transparencia, donde publica sus contratos y su presupuesto con ingresos, gastos e inversión. También dijo que se rige por la Ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información pública.
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Según la JEP, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos la describió como un ejemplo de transparencia pública. El año pasado, el Ministerio de Hacienda la ubicó entre las entidades públicas que mejor ejecutaron su presupuesto, con un cumplimiento del 99,3 %.
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