Purga en la Armada por la trama de corrupción con los sueldos: avanza la destitución de una docena de militares

La conducción de la Armada Argentina se prepara para destituir a alrededor de una docena de militares por la trama de corrupción detectada en el sistema de liquidación de sueldos. Los efectivos serán sometidos a Consejos de Disciplina y podrían recibir la máxima sanción prevista dentro de la fuerza: la pérdida definitiva del grado y la baja de las Fuerzas Armadas.

La decisión fue adoptada después de la investigación administrativa realizada por la propia Armada, que permitió reconstruir 645 acreditaciones indebidas por $981.148.567,88 entre julio de 2022 y enero de 2026. Las actuaciones derivaron después en una denuncia ante la Justicia Federal. El jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, comenzó a ejecutar las medidas disciplinarias ordenadas por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti.

Una primera decisión alcanzó a nueve integrantes de la fuerza: ocho capitanes de corbeta y un suboficial fueron relevados de sus destinos y quedaron sin funciones mientras avanza el procedimiento disciplinario. Sin embargo, ese número todavía no sería definitivo. Fuentes oficiales de la Armada consultadas por Infobae indicaron que el universo podría ampliarse y que internamente se trabaja sobre una nómina de entre 12 y 13 militares.

La decisión final requiere completar los procedimientos establecidos por la legislación militar y notificar formalmente a cada uno de los involucrados. Dentro de la Armada consideran especialmente importante que las decisiones disciplinarias sean comunicadas primero a los afectados y recién después difundidas públicamente. Ese proceso explica que la nómina completa todavía no haya sido oficializada.

Presti anticipó públicamente cuál es la decisión política y disciplinaria adoptada frente al caso. Consultado sobre si los integrantes de la fuerza involucrados serían expulsados, el ministro afirmó: “Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes”.

A continuación, explicitó la orden impartida a Romay: “Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que, con un Consejo de Disciplina, desde el punto de vista militar, pasen ya a ser destituidos”.

La declaración establece una separación entre los dos procesos que avanzan desde que se descubrieron las irregularidades. Por un lado, la Armada determina la responsabilidad disciplinaria de sus integrantes a través de los mecanismos previstos en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Por otro, la Justicia Federal deberá resolver si existieron delitos, quiénes participaron y qué responsabilidad penal corresponde a cada involucrado. El magistrado a cargo de la investigación es Sebastián Ramos.

Presti también se refirió, en diálogo con TN, a ese segundo plano. “Más allá de la Justicia Federal, espero que los encuentren culpables, que devuelvan el dinero y que vayan presos”, afirmó.

La destitución es la máxima sanción del Código de Disciplina Militar

El procedimiento disciplinario militar es independiente del expediente judicial. La Ley 26.394 establece expresamente que la acción disciplinaria y sus efectos son independientes de cualquier responsabilidad penal, civil o administrativa derivada de los mismos hechos. La destitución es la máxima sanción contemplada en el Código de Disciplina y supone la pérdida definitiva del grado, la baja de las Fuerzas Armadas y la imposibilidad de recuperar el estado militar, salvo las obligaciones generales que eventualmente correspondan como ciudadano. Las faltas calificadas como gravísimas pueden ser castigadas con esa sanción y requieren la intervención del sistema de Consejos de Disciplina.

Los nueve militares que ya fueron apartados quedaron además fuera de las funciones que desempeñaban. La situación de disponibilidad prevista en la Ley para el Personal Militar permite mantener transitoriamente al efectivo sin destino en el servicio activo y establece un plazo máximo de un año para esa condición en los supuestos correspondientes.

La decisión disciplinaria constituye una nueva etapa de un caso que comenzó dentro de la propia Armada. Como reveló Infobae, las primeras anomalías aparecieron en febrero de 2026 durante una revisión de la liquidación correspondiente a enero. Cinco agentes del Departamento Revista habían recibido suplementos que no les correspondían. En ese momento todavía no se había establecido si se trataba de errores involuntarios o de una acción deliberada. Los importes fueron restituidos y se decidió ampliar la revisión hacia los meses anteriores.

Ese control permitió encontrar un patrón mucho más profundo. La Armada comparó las liquidaciones originales, los recibos publicados para el personal, los archivos confeccionados para ordenar los pagos al Banco de la Nación Argentina y las confirmaciones posteriores de las acreditaciones.

El análisis detectó pagos correspondientes a conceptos que no surgían de las liquidaciones, importes incorporados a los archivos bancarios que después no aparecían en los recibos, duplicaciones y registros correspondientes a personas cuya relación con la fuerza inicialmente ni siquiera podía determinarse.

Según consta en la denuncia a la que accedió Infobae, las irregularidades no tenían las características de una falla masiva del sistema. Se concentraban en un grupo determinado de beneficiarios, varios de ellos recurrentes durante distintos períodos, y existían indicios de que algunos registros habían sido incorporados manualmente después del cierre de las liquidaciones.

El mecanismo permitió superar los controles habituales. Las liquidaciones eran procesadas y revisadas normalmente. Después de esa instancia, pero antes de que el archivo definitivo fuera transmitido al Banco Nación, se introducían modificaciones en determinados registros para incrementar importes o agregar acreditaciones sin respaldo en haberes legítimamente liquidados.

El paso siguiente permitía ocultar la diferencia. Según consta en la denuncia a la que accedió Infobae, una vez confeccionados los archivos destinados a ordenar las acreditaciones bancarias, “los registros eran restituidos a sus valores originales”, de modo que las modificaciones no quedaran reflejadas posteriormente en los recibos disponibles en el sistema Haberes-Web.

El pago efectivamente recibido por el beneficiario podía así ser superior al que aparecía en su recibo. Las alteraciones se realizaban después de los controles ordinarios y antes de la transmisión definitiva al banco, dentro de un sistema que cada mes procesa los salarios de más de 24.000 integrantes de la Armada.

La investigación determinó que ese circuito funcionó entre julio de 2022 y enero de 2026. Fueron localizadas 645 acreditaciones indebidas a 23 personas por un monto histórico de $981.148.567,88. Fuentes oficiales con conocimiento de las actuaciones señalaron a Infobae que la dimensión final de los desvíos podría ser todavía mayor y alcanzar aproximadamente los $1.500 millones a medida que se complete la reconstrucción de las operaciones.

El expediente administrativo y la posterior denuncia penal individualizaron distintas situaciones. Entre los 23 beneficiarios aparecen personal militar en actividad y en retiro, civiles de planta permanente y contratados, personal civil jubilado y cuatro personas que carecían de cualquier relación laboral o funcional con la Armada.

Esas cuatro personas externas recibieron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalentes al 44,25% de todo el monto histórico identificado en la primera reconstrucción.

Según consta en la denuncia a la que accedió Infobae, María del Carmen Prieto recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86 y fue la mayor beneficiaria individual detectada. Damián Andrés Santana recibió 47 pagos por $99.496.225,47 y Amalia Cristina Díaz registró otras 46 acreditaciones por $91.978.048,38. Los cuatro beneficiarios externos, considerados en conjunto, superaron los $434 millones.

Prieto es esposa del capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista y ocupa un lugar central en la investigación.

Según consta en la denuncia a la que accedió Infobae, Atanasoff declaró durante las actuaciones administrativas y reconoció conocer las acreditaciones realizadas a personas que no pertenecían a la fuerza. También manifestó que esas operaciones se efectuaban manualmente.

La presentación judicial reproduce una definición particularmente relevante. Atanasoff manifestó que la finalidad había sido “favorecer económicamente a dichas personas” y que él decidía las operaciones, los beneficiarios y los importes involucrados. Consultado sobre quién materializaba esos movimientos, sostuvo que los ejecutaba personalmente y que ninguna otra persona intervenía junto con él en la adopción de esas decisiones.

La Armada había dispuesto preventivamente su relevo como jefe del Departamento Revista cuando la investigación interna comenzó a encontrar elementos que lo vinculaban con las operaciones. También fue resguardado el equipo informático utilizado habitualmente para preparar y transmitir al Banco Nación los archivos con los lotes de pago.

Las acreditaciones alcanzaron a personal militar, civiles y personas sin vínculo con la fuerza

La investigación identificó además irregularidades que alcanzaron a otros integrantes de la fuerza. Según consta en la denuncia a la que accedió Infobae, el capitán de corbeta contador Roberto Eduardo Castro recibió durante determinados períodos haberes en la Argentina de manera simultánea con los que cobraba mientras estaba destinado en el exterior.

El punto resultó relevante para los investigadores porque el Sistema de Haberes identifica al personal destinado fuera del país y lo excluye automáticamente de los archivos de acreditación local. La presentación sostiene, por eso, que los pagos realizados en la Argentina solo pudieron materializarse mediante la incorporación de registros por fuera del proceso automático de generación de los lotes.

También fueron detectadas acreditaciones a favor de Luana Magalí Piedigrossi, esposa de Castro, durante períodos en los que se encontraba de licencia sin goce de haberes.

Otros militares aparecen mencionados en la denuncia como perceptores de importes indebidos que posteriormente fueron restituidos. Entre ellos figuran los capitanes de corbeta contadores Ariel Vicente Gallo, Roberto Eduardo Castro, Cristian Sebastián Lobato y Juan Carlos Barrios. Las actuaciones determinaron que realizaron transferencias a la cuenta operativa del Servicio Administrativo Financiero bajo el concepto de devolución de haberes por importes que habían percibido en exceso junto con la liquidación correspondiente a enero de 2026.

El documento también menciona a los capitanes de corbeta Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni. Los tres efectuaron el 11 de septiembre transferencias por la totalidad de las sumas que habían recibido indebidamente.

La presencia de sus nombres en la denuncia no implica que a todos se les atribuya el mismo grado de responsabilidad. La presentación de la Armada establece expresamente que deberá ser la investigación judicial la que determine, en cada caso, el conocimiento que tuvieron los perceptores sobre el origen del dinero y la eventual participación que les pudiera corresponder en las maniobras.

Esa diferencia será también relevante para los procedimientos disciplinarios que ahora se ponen en marcha. La Armada deberá analizar individualmente la conducta de cada militar, la función que cumplía, las acreditaciones recibidas, su conocimiento sobre esas operaciones y las explicaciones aportadas durante las actuaciones internas.

Hasta el momento de la presentación penal se habían recuperado $42.574.267,63. Después de esas restituciones, la diferencia pendiente sobre los $981.148.567,88 detectados ascendía a $938.574.300,25. La propia denuncia aclara que las devoluciones posteriores no reducen el monto histórico de las acreditaciones irregulares, sino que permiten establecer cuánto dinero fue recuperado.

La pesquisa interna también produjo cambios en el sistema de control. Desde marzo, la Armada dispuso que la tramitación de las acreditaciones ante el Banco Nación quedara en manos del Departamento Tesorería y que el Departamento Contabilidad realizara de forma independiente la conciliación de la cuenta bancaria utilizada para pagar los haberes. La medida buscó separar las funciones de liquidación, orden de pago y control posterior de los movimientos bancarios.

Cuando la revisión de períodos anteriores permitió establecer vínculos entre algunos beneficiarios y el área responsable de las liquidaciones, la conducción profundizó la investigación, relevó preventivamente al personal, preservó equipos y documentación y elevó las actuaciones.

El caso llegó al ministro Presti, quien dio la orden de avanzar judicialmente y puso como prioridad la preservación institucional de la Armada. La denuncia penal fue presentada por el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la fuerza. Allí se pidió que la Justicia investigara las operaciones, identificara a todos los que intervinieron y determinara el grado de responsabilidad de cada uno.

La Armada acompañó informes técnicos, planillas con las inconsistencias detectadas, documentación remitida por el Banco Nación, registros de transferencias, las actuaciones administrativas y las declaraciones recibidas durante la investigación. También puso a disposición los equipos informáticos y otros soportes que puedan ser requeridos judicialmente.

La fuerza había informado oficialmente, al hacer pública la denuncia, que “se inició una actuación administrativa que permitió determinar inconsistencias en las acreditaciones de los sueldos” y que, una vez constatadas las irregularidades, se radicó la presentación ante el Juzgado Federal N° 2.

“La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa”, sostuvo entonces la Armada, que también aseguró que existe “tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo”.

Ahora, esa posición ingresó en la etapa disciplinaria. Romay —designado jefe del Estado Mayor General de la Armada en diciembre de 2025 y actual máxima autoridad de la fuerza— debe conducir el proceso interno sobre los militares alcanzados.

Los nueve relevos conocidos constituyen el primer movimiento visible. La información oficial recogida por Infobae indica que habrá más decisiones y que la cantidad de militares sometidos al procedimiento podría elevarse a 12 o 13.

La instrucción impartida por Presti apunta a la sanción más severa que puede aplicar la estructura militar. La definición final deberá surgir de los procedimientos previstos en el Código de Disciplina y de la evaluación individual de cada caso. En paralelo, la causa federal continuará avanzando sobre una trama que la propia Armada detectó, investigó internamente, documentó y finalmente denunció ante la Justicia.