El nuevo “candado” fiscal propuesto para combatir el huachicol fiscal no modificará el precio final de la gasolina, pero elevará la exigencia operativa y administrativa de las estaciones de servicio en el país
El gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), está avanzando en la implementación de un nuevo mecanismo de trazabilidad para asegurar que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en gasolinas y diésel llegue íntegro a las arcas públicas.
Esta medida busca desarticular las redes de contrabando técnico y evasión conocidas como huachicol fiscal, garantizando que el combustible comercializado en el país cuente con un origen fiscalmente acreditable.
Aunque la autoridad asegura que la medida no provocará un incremento directo en el precio por litro para los automovilistas, el núcleo del impacto se trasladará de inmediato a la operación diaria de la cadena de valor y, de manera muy señalada, a las estaciones de servicio.
¿Cómo operará el nuevo mecanismo de supervisión del IEPS en la cadena de distribución de combustibles?
Actualmente, el cumplimiento y pago de la cuota del IEPS recae de manera directa sobre los productores e importadores de petrolíferos. Sin embargo, el esquema analizado por las autoridades fiscales contempla extender la obligatoriedad y el rastreo a lo largo de toda la red comercial, abarcando a distribuidores, comercializadores y estaciones de servicio sobre la diferencia positiva entre el combustible que adquieren y el que efectivamente venden al público.
Esta supervisión extendida pretende generar una huella digital inquebrantable que impida la circulación de hidrocarburos de dudosa procedencia. Al exigir que cada litro despachado justifique su tributación previa, se busca reducir de manera drástica las ventajas financieras de las empresas que operan en la informalidad o que eluden sus obligaciones fiscales, nivelando el terreno para los permisionarios que cumplen con la normatividad vigente.
¿Qué retos operativos y cargas administrativas enfrentarán las estaciones de servicio formales?
Si bien el consumidor final no resentirá un golpe directo en su economía debido a que el gravamen ya forma parte de la estructura de precios autorizados en las bombas, el sector empresarial ha manifestado reservas legítimas en torno a la complejidad de la instrumentación.
Alicia Zazueta, especialista en el mercado de combustibles y directora de eServices, destacó que el peso real de esta regulación no recaerá en el costo de venta al público, sino en la adaptación operativa de las empresas que integran la cadena de valor.
En la misma línea, Carlos Aurelio Hernández, presidente de la Comisión de Energía de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtió que un diseño deficiente o excesivamente rígido de este candado fiscal podría traducirse en costos burocráticos adicionales, duplicidad de obligaciones normativas y tensiones severas en el flujo de efectivo de las estaciones de servicio.
Estas fricciones operativas, de no manejarse con precisión técnica, podrían generar presiones financieras que a largo plazo terminen afectando la viabilidad de los pequeños negocios establecidos.
¿Cómo proponen los empresarios evitar la duplicidad burocrática y proteger el flujo de efectivo?
Para evitar que la normativa se convierta en un obstáculo para la competitividad de los negocios legalmente constituidos, los representantes del sector privado han planteado alternativas basadas en la optimización tecnológica.
La propuesta central de la Coparmex consiste en aprovechar la infraestructura de información con la que ya cuentan las estaciones de servicio, específicamente los datos arrojados por los controles volumétricos y los esquemas avanzados de facturación electrónica.
Integrar las bases de datos institucionales del SAT, la Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex) permitiría realizar una fiscalización cruzada y automatizada. De esta manera, la autoridad puede rastrear las discrepancias volumétricas e identificar el origen fiscal sin necesidad de crear nuevas cargas burocráticas o trámites redundantes que entorpezcan la agilidad operativa diaria de los permisionarios.
¿De qué manera impacta esta medida en tu economía y en el abasto diario de combustible?
Para los automovilistas, transportistas y ciudadanos que consumen combustibles de manera cotidiana, la noticia principal es que la implementación de este candado fiscal no representa un incremento en el precio de la gasolina magna, premium o diésel.
Al tratarse de un mecanismo de control tributario sobre el gravamen ya existente y no de un impuesto nuevo, el costo por litro en las estaciones de servicio se mantiene regulado.
El beneficio directo para el ciudadano se encuentra en la depuración del mercado: al erradicar la competencia desleal del huachicol fiscal, se protegen los recursos públicos destinados al erario nacional y se garantiza un abasto transparente, seguro y con estándares estables de calidad en todo el territorio mexicano.
El Imparcial
