Presupuesto 2027: “Eliminar totalmente la ley de emergencia es retroceder”, la advertencia de los prestadores de discapacidad
El proyecto de Presupuesto 2027 encendió una nueva alarma en el sector de la discapacidad. El texto que ingresó al Congreso incorpora un artículo que, según denunciaron prestadores y organizaciones, podría eliminar el nomenclador nacional que fija valores de referencia para tratamientos, traslados y servicios en todo el país.
La discusión cobró fuerza mientras la Cámara de Diputados analizaba alternativas para el sector. En ese contexto, Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad, expuso ante la comisión y cuestionó el artículo 39 del proyecto. Según advirtió en Infobae A las Nueve, la medida también afecta la continuidad de la emergencia en discapacidad.
El debate llega, además, en medio de problemas que ya atraviesan a familias y centros de atención. Kriskovich trabaja con 50 chicos y 15 profesionales, y relató que algunos pacientes perdieron la cobertura de sus obras sociales luego de que sus padres se quedaran sin empleo.
El nomenclador como referencia para tratamientos y traslados
El nomenclador busca que una misma prestación tenga un valor de referencia en Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos o Misiones. Kriskovich consideró que su eliminación dejaría los montos sujetos a negociaciones individuales con las obras sociales. “Eliminar totalmente la ley de emergencia es retroceder”, apuntó.
Ese escenario permitiría que una obra social ofreciera una suma inferior a la vigente y trasladara la diferencia a las familias, según planteó la representante de los prestadores. La consecuencia podría alcanzar tratamientos de fonoaudiología, psicopedagogía y terapia.
La presidenta de la asociación sostuvo que el sistema debe ajustarse a la Ley 24.901, que regula las prestaciones básicas para personas con discapacidad. También defendió la continuidad de la emergencia, al afirmar que esa condición no concluye el 31 de diciembre de 2026.
La inclusión de cambios sobre una ley específica dentro de una norma presupuestaria reabrió la discusión legislativa. Para Kriskovich, la medida pone en riesgo la referencia que unifica los valores y puede profundizar las diferencias de acceso entre las familias.
La negociación paralela en Diputados y el Senado
Legisladores oficialistas negociaban en comisión un proyecto alternativo sobre discapacidad que recogía parte de los reclamos de bloques aliados y dialoguistas, contó en Infobae A las Nueve el periodista Ramón Indart. Los diputados buscaban emitir dictamen e incorporar esa iniciativa a la discusión del Presupuesto.
La propuesta contemplaba el mantenimiento de algunos aspectos vinculados con los prestadores y su cercanía con quienes reciben los servicios. Sin embargo, el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda reclamaban que el Presupuesto expresara el ajuste previsto.
El planteo llegó al Ministerio de Salud, donde señalaron que existía una negociación abierta en el Congreso. Indart sostuvo que ambos recorridos chocaron cuando el proyecto presupuestario ingresó a Diputados y que los integrantes de la comisión conocieron su contenido durante la madrugada previa a la presentación de la iniciativa.
La jefa de bloque del Senado, Patricia Bullrich, dijo que la incorporación de cambios a la ley de discapacidad no había surgido en la mesa política. También señaló que Diputados ya había intentado discutir las modificaciones mediante un acuerdo entre oficialismo y oposición.
Bullrich expresó su malestar ante la incorporación del artículo: “Me sorprendió”. La senadora anticipó que la Cámara alta revisará la iniciativa cuando reciba el texto que apruebe Diputados.
Pagos demorados y cobertura insuficiente
Kriskovich recibió el proyecto a las 6.30 y llegó a Retiro a las 7 para leerlo antes de su exposición. El artículo 39 concentró su preocupación por las consecuencias que atribuye a la desregulación de las prestaciones.
Durante la reunión de comisión, pidió una mayor participación de las organizaciones que representan a personas con discapacidad. También cuestionó la actitud de algunos diputados y recordó que varios prestadores viajaron desde La Rioja, Neuquén y Corrientes para participar.
La dirigente explicó que asistió como prestadora, madre y tía de personas con discapacidad. Su actividad cotidiana se concentra en la atención de pacientes, y afirmó que asumió la exposición para visibilizar la situación del sector.
Algunas familias dejaron de pagar la medicina prepaga porque debían optar entre esa cuota, la comida y el alquiler, relató Kriskovich. En esos casos, aseguró que atendió a pacientes a cambio de productos de limpieza, papel e insumos para su trabajo.
Los prestadores cobran a 90 días y algunas entidades acumulan deudas desde marzo, según la presidenta de la asociación. Mencionó a OSPI, cuya obra social le informó que los pagos pendientes llegarían el año siguiente.
También denunció que Incluir Salud paga a más de 120 días en el interior del país, pese a que el organismo informa plazos de 60 días. Kriskovich añadió que se rechazan medicamentos destinados a personas que viven en hogares y residencias.
Vecinos y miembros de las comunidades aportan dinero para comprar medicamentos de personas institucionalizadas que no tienen familiares, sostuvo la dirigente. Por ese motivo, reclamó que la discusión legislativa contemple el acceso efectivo a prestaciones y tratamientos.
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