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El número de delitos contra el medioambiente en los últimos 40 años es abrumador. El ecocidio describe el daño masivo y la destrucción de los ecosistemas. Se trata de un perjuicio grave a la naturaleza, ya sea de forma generalizada o a largo plazo. Aun así, el concepto sigue siendo poco conocido por la población general.
Juristas de referencia en este ámbito, como recoge la iniciativa Stop Ecocidio, han propuesto distintas definiciones. Sin embargo, todos coinciden en una idea central: el ecocidio plantea un problema de gran alcance que ya está transformando el mundo.
Expertos e instituciones han defendido este concepto legal de forma reiterada. La exfiscal internacional de la ONU, Dior Fall Sow, lo expresa con claridad: “Reconocer el ecocidio como un crimen internacional es el enfoque más adecuado para luchar contra la impunidad de este delito y de sus autores”.
En la misma línea, Margarita Trejo Poison, profesora de la Universidad Camilo José Cela y experta en crímenes ambientales, subraya que el ecocidio sigue invisibilizado. Según explica, reconocerlo implica dar voz a las víctimas frente a los responsables. También permite que puedan defenderse ante la justicia internacional. “El ciudadano solo puede actuar si tiene voz dentro de una sociedad participativa e inclusiva”, añade.
A continuación te presentamos algunos casos en México:
Temen ecocidio por construcción de acueducto en Oaxaca
En junio de 2026, la comunidad de Santa María Chimalapa se enteró que el gobierno de México construía el Acueducto La Cangrejera-Coatzacoalcos para extraer agua de la cuenca alta del río Uxpanapa, también conocido como río El Corte.
- Jesús Esteva González, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Chimalapa, explica que este río nace en las montañas que están dentro de sus tierras comunales; pese a ello, nunca fueron consultados por el gobierno federal sobre este megaproyecto que, asegura, tiene el objetivo principal de abastecer de agua a los complejos petroquímicos como Pajaritos, La Cangrejera y Morelos, así como la refinería Lázaro Cárdenas y los parques industriales Coatzacoalcos I y II, en Veracruz.
A costa de las comunidades: El 27 de junio de 2026 la asamblea comunitaria de Santa María Chimalapa acordó que no permitirá la construcción del acueducto en su territorio y aprobó iniciar una lucha contra este megaproyecto que amenaza a sus recursos naturales.
Jesús Esteva asegura que la principal inconformidad de la comunidad no es sólo porque representa un gran riesgo para el río Uxpanapa, porque estará sometido a un gran estrés hídrico por la sobreexplotación, sino porque tampoco hay un beneficio para las comunidades indígenas que han preservado sus montañas y ríos.
“No hay ningún apoyo, ningún beneficio para las comunidades; es un gran riesgo para el río, para las aguas. Porque mire, desafortunadamente quizá las industrias o las empresas desconocen cómo llegan las aguas hasta donde ellos están y haciendo uso de ella. Y están haciendo los pagos a quienes no lo merecen”.
- En la mira, 15 cuencas y siete acuíferos: El Programa Hídrico Regional 2021-2024 sobre Región Hidrológico-Administrativa X Golfo Centro, de la Conagua, tiene en la mira 15 cuencas hidrológicas y siete acuíferos de Oaxaca y Veracruz para abastecer de agua a los proyectos relacionados con el Corredor Interoceánico, a través del otorgamiento de concesiones para la explotación de este recurso natural.
Su informe admite que las cuencas y acuíferos están en municipios de alta y muy alta marginación.
“En la zona de estudio existen cuatro municipios clasificados con muy alto grado de marginación: Soteapan, Veracruz, Santiago Yaveo, San Lucas Camotlán y Santa María Chimalapa, Oaxaca, y 23 municipios clasificados con alto grado de marginación: 17 de Veracruz y seis de Oaxaca”.
Los ríos sobre los cuales se pretende otorgar concesiones son los que están en la zona del Istmo de Tehuantepec, que ocupa, en forma total o parcial, cinco cuencas de la región hidrológica Papaloapan: río Trinidad, río San Juan, río Playa Vicente, río Tesechoacán y Llanuras de Papaloapan, que drenan por los ríos San Juan y Tesechoacán.
Así como 10 cuencas de la región hidrológica Coatzacoalcos; Alto Río Coatzacoalcos, Bajo Río, Coatzacoalcos, Alto Río Uxpanapa, Bajo Río Uxpanapa, río Huazuntlán, Llanuras de Coatzacoalcos, Poza Crispín, Tancochapa Alto, Tancochapa Bajo y Tonalá, que drenan por los ríos Coatzacoalcos y Tonalá.
Por otra parte, dice, el Corredor Interoceánico se circunscribe en ocho acuíferos, de los cuales siete tienen clasificación de disponibilidad: Tuxtepec, Costera de Papaloapan, Sierra de San Andrés Tuxtla, Soteapan-Hueyapan, Coatzacoalcos, Costera de Coatzacoalcos y Cintalapa, y uno tiene condición de déficit, que es la cuenca río Papaloapan, por lo que sólo en este no se pueden otorgar nuevas concesiones.
En este sentido, el líder agrario advierte que ya están enterados de la intención del gobierno federal de otorgar nuevas concesiones para el aprovechamiento del agua de su territorio y de otras comunidades de Oaxaca y Veracruz.
Jesús Esteva recalca que el celo de la comunidad surge precisamente porque fueron sus antepasados quienes compraron esas tierras a la Corona española en el año de 1867 con jícaras repletas de oro.
Por eso, agrega, las 23 comunidades que abarcan su territorio están trabajando de manera coordinada para cuidar y proteger cada punto de sus tierras. Algunas de las comunidades se encuentran en los límites del estado de Chiapas y otras en la zona del río Uxpanapa.
Grupo México acumula una lista de desastres
Grupo México, conglomerado dedicado a la minería, el transporte ferroviario y la infraestructura, presidido por el multimillonario Germán Larrea Mota-Velasco, acumula desde finales de la década de 1990 una larga lista de episodios controversiales, que van desde desastres ambientales, accidentes de trenes y catástrofes mineras hasta conflictos laborales, algunos de ellos en territorio mexicano.
- El evento más mortífero relacionado con Grupo México ocurrió el 19 de febrero de 2006, cuando una explosión de gas metano en la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, dejó atrapados a 65 de los 73 trabajadores del turno. La unidad ya tenía un historial de incumplimientos de medidas de seguridad y, en la última inspección previa al desastre se documentaron 43 violaciones y se ordenaron 48 medidas correctivas.
- En Buenavista del Cobre, Cananea, un accidente ocurrido el 24 de octubre de 2025 dejó dos trabajadores muertos: Roberto Alonso Gil Navarro y Manuel Reyes Moroyoqui. Grupo México confirmó los decesos, pero no precisó públicamente las causas; las autoridades iniciaron las investigaciones.
- Otro accidente ocurrió el 12 de febrero de 2014 en la mina Charcas, en San Luis Potosí, donde cinco trabajadores murieron después de que ocho toneladas de cables y otros materiales cayeran sobre ellos. Tras el accidente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social impuso a la empresa una multa de 13.4 millones de pesos.
- El mayor desastre ambiental atribuido a Grupo México ocurrió el 6 de agosto de 2014 en Buenavista del Cobre. Una falla en el sistema de conducción de la presa Tinajas provocó el derrame de unos 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, que alcanzaron el arroyo Tinajas y los ríos Bacanuchi y Sonora. Lo vertido recorrió unos 271 kilómetros y afectó a cerca de 22 mil habitantes de ocho municipios. En 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales calificó este suceso como “el peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México”.
- En julio de 2019, unos 3 mil litros de ácido sulfúrico fueron vertidos al Mar de Cortés desde la terminal marítima de Guaymas, operada por Metalúrgica de Cobre, subsidiaria de Grupo México. La empresa atribuyó la fuga a una falla en una válvula durante pruebas para cargar un barco.
El episodio más reciente ocurrió la madrugada del 26 de julio pasado, cuando varios vagones de un tren de Ferromex descarrilaron en las inmediaciones del rancho Potrero El Cobre, en el ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco, Sonora. Se derramaron 70 mil 300 litros de hidrosulfuro de sodio, que alcanzaron un arroyo. La dependencia ordenó medidas de contención y señaló que Ferromex deberá asumir la remediación ambiental. La empresa atribuyó el descarrilamiento a un deslave provocado por lluvias.
En Zacatecas, la Unidad Minera San Martín, en Sombrerete, fue señalada en mayo de 2019 por el vertimiento de unos 20 mil litros de agua con sedimentos hacia suelo natural tras una falla durante pruebas de mantenimiento. Reportes posteriores señalaron la presencia de cianuro, sulfato de cobre y sulfato de zinc en los sedimentos.
El 6 de agosto de 2025 una locomotora de Ferromex se separó de un convoy e impactó tres vehículos y una motocicleta en dos cruces de Irapuato, Guanajuato. El accidente dejó seis muertos y dos heridos.
Otros incidentes a lo largo de estos 30 años son el descarrilamiento de un cargamento de ácido sulfúrico en Nogales, Sonora (2014), la ruptura de la presa de jales en Bolaños, Jalisco (2010), la volcadura de un carro tanque en La Caridad, Nacozari de García (2016), descarrilamientos en Aguascalientes (2026) y Apaxco, estado de México; el cierre de la fundidora de El Paso, Texas (1999); la demanda de Asarco contra Americas Mining Corporation por transferencia fraudulenta de activos (2008) y el intento de reapertura de la fundición de Hayden, Arizona (2024).
Tala de 200 árboles centenarios en Ciudad Juárez
La tala de aproximadamente 200 árboles con más de un siglo de antigüedad en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha generado preocupación entre productores agrícolas y defensores del medio ambiente, luego de que se denunciara que la vegetación fue retirada para dar paso a la construcción de un parque industrial.
La denuncia fue presentada por integrantes de la Asociación de Usuarios de la Primera Unidad del Distrito de Riego 009, quienes calificaron el retiro de los árboles como un posible ecocidio, al considerar que se trata de una zona de alto valor ambiental ubicada en una región con escasa vegetación.
De acuerdo con la información difundida, el área afectada se localiza entre la carretera federal 2 (Juárez-Porvenir) y el río Bravo, donde anteriormente existían terrenos agrícolas y actualmente se realizan trabajos para nivelar el terreno destinado a un nuevo desarrollo industrial.
El presidente de la Asociación de Usuarios de la Primera Unidad del Distrito de Riego 009, José Luis Rubio Candelaria, aseguró que fueron retirados cerca de 200 árboles que crecían a un costado de la acequia San Miguel, un canal que deriva de la acequia Madre y forma parte de la infraestructura hidráulica de la región.
Según explicó, este conducto conserva un derecho de vía de 12 metros por cada lado, propiedad del Distrito de Riego, por lo que cuestionó las labores realizadas en el lugar.
La planta de amoniaco contra la que se oponen en Sinaloa
Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) busca instalar en la Bahía de Ohuira una planta con capacidad para producir 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco. El proyecto contempla una inversión de mil 250 millones de dólares, respaldada por el Banco de Reconstrucción de Alemania mediante una garantía del gobierno alemán y un grupo de instituciones financieras internacionales.
La empresa asegura que impulsa el desarrollo de metanol y amoniaco de bajas emisiones de carbono como alternativas más limpias frente a los combustibles fósiles. El amoniaco tiene aplicaciones en sectores como la agricultura, la industria farmacéutica y energética.
Sin embargo, colectivos ecológicos y activistas ambientales sostienen que la construcción de la planta podría ocasionar daños severos al ecosistema de la bahía, afectar la salud de las comunidades cercanas y poner en riesgo la identidad cultural del pueblo originario Yoreme, asentado históricamente en los territorios de Ohuira.
Según la plataforma de noticias ambientales Mongabay Latam, desde 2015 el pueblo indígena Yoreme libra una batalla legal y comunitaria contra la instalación del proyecto de GPO. De acuerdo con los defensores, la empresa no informó sus intenciones a los pescadores y habitantes, y tampoco realizó una consulta previa.
Desde el colectivo ¡Aquí No!, fundado en 2017, se han promovido distintos procesos legales que lograron detener momentáneamente las obras en 2022. Pero al día de hoy el proyecto sigue en pie. En los últimos días se intensificó la controversia tras la llegada de maquinaria pesada y cortes en el suministro eléctrico, presuntamente vinculados con las obras.
- Datos del propio colectivo indican que la construcción de esta planta generará un ecocidio al succionar 2 mil metros cúbicos de mar por hora que, al retornarla caliente, aumentaría la temperatura en 3 °C causando una devastación en la vida marina al combinarse con la elevación de la salinidad por sus descargas de salmuera.
“Estudios de investigadores estiman la destrucción del 60% de la producción de camarón en la Bahía de Ohuira. Desde 2014 inició la construcción de una planta de amoniaco que amenaza este ecosistema, la vida humana de todos los que habitan en un radio de 15 Kilómetros y el sustento de 5 mil familias pesqueras, sin haber consultado a las comunidades indígenas, violando la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado y ratificado por nuestro país”, refieren en su página.
Como parte de los daños ambientales, la comunidad lucha contra la instalación de esta planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira para proteger al “pechocho”, uno de los delfines que habita en la bahía, un santuario que alberga la vida de aves migratorias, delfines, ballenas.
El colectivo ¡Aquí No! advirtió que una posible fuga de amoniaco impactaría en un radio de 15.5 kilómetros alrededor de la planta de GPO, además relatores de Naciones Unidas advirtieron de la destrucción de 21 mil metros cuadrados de bosque de manglar impactos en la pesca./Agencias-PUNTOporPUNTO
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