Día del niño: poco que festejar cuando nace la mitad de argentinos que hace una década
Es inquietante que en un país del tamaño de la Argentina con relativamente poca población pero con muchos recursos naturales, la demografía no sea un tema de Estado y que se deje el diseño de las políticas de población en manos de organizaciones supranacionales.
El promedio de hijos por mujer (o tasa global de fertilidad) se derrumbó a partir de 2014. En 2024 se ubicaba por debajo de 1,2 hijos por mujer (1,185); prácticamente la mitad de lo registrado hace una década. Una caída del 49% respecto de 2014, lo que significa que en apenas diez años los nacimientos se redujeron prácticamente a la mitad. La tasa de reemplazo, para que una población se mantenga estable, es de 2,1 y estamos en menos de 1,2. Aunque la inmigración puede compensar esto en parte, vamos a decrecer.
La Argentina se está despoblando: ya se cierran maternidades y jardines de infantes, pero el tema no inquieta a los tomadores de decisiones en el país. No falta quien lo celebre y se congratule por las políticas antinatalistas de las últimas décadas.
Las opciones individuales sobre la maternidad o paternidad son respetables mientras no avasallen derechos de terceros. Pero el problema es que se ha instalado una cultura antinatalista en un país como el nuestro, lo que implica desconocer el riesgo de inviabilidad que tiene con una superficie de casi 2.800.000 km cuadrados en su parte continental y apenas 44 millones de habitantes.
El embarazo como problema, como enfermedad o maldición: esa es la línea que se ha bajado desde todo el aparato del Estado, en un país cuya clase dirigente ignora los desafíos geopolíticos a los cuales se enfrenta y se enfrentará el país.
El control de población, su reducción mejor dicho, forma parte de las condicionalidades de los préstamos de organismos supranacionales.
En 2018, el gobierno recibió 200 millones de dólares del BID para el “Programa de Apoyo a Políticas de Igualdad de Género”. Un préstamo innecesario en un país donde no existe la desigualdad de género.
Junto con la aprobación del préstamo, venían condiciones tales como la aprobación del Plan Nacional para la Reducción del Embarazo Adolescente —curiosamente la adolescencia para el BID se extiende hasta los 19 años,—y que el Ministerio de Educación de la Nación incluyera la Educación Sexual Integral (ESI) en cada nivel educativo en los Núcleos de Aprendizaje Prioritario (NAP), o sea, la ESI al mismo nivel que lengua y matemáticas.
Sorprende ver cómo, los mismos que ponen el grito en el cielo por las condicionalidades financieras del FMI y encabezan las marchas contra el Fondo, corren entusiastas a cumplir estas exigencias.
La curva de la natalidad se derrumbó en Argentina a partir de 2014.
Para quienes dicen que esto es una tendencia mundial —argumento para exculparse— va este breve recordatorio de todos los hitos del antinatalismo (*).
En el año 2012 el fallo F.A.L. de la Corte Suprema introdujo el concepto de aborto como derecho; y se estableció un primer Protocolo de aborto no punible.
En 2013, se incorporó el implante subdérmico y otros contraconceptivos de larga duración a la canasta de anticonceptivos gratuitos.
En 2014 estos anticonceptivos se incorporan al plan Remediar y se distribuyen en todo el país.
En 2015 se reformó el Código Civil y se les dio a los menores de edad el derecho de tomar determinadas decisiones relativas a su salud. Curiosa concesión que en realidad era la preparación para habilitar a los menores desde los 13 años a utilizar contracepción de larga duración sin autorización de los padres.
En 2015 se amplió el Protocolo de aborto no punible con la excusa de estar en sintonía con el mundo.
En 2017, se lanzó el plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente, hasta 19 años, con la colaboración del PNUD, del Fondo de (des)Población de Naciones Unidas y de Unicef. Sus promotores aseguran que se redujo drásticamente el embarazo adolescente. En realidad, lo que se redujeron son los nacimientos que es lo que se mide.
En 2018 la ANMAT aprobó el uso del misoprostol como abortivo y autorizó su venta en farmacias.
En 2019, se fijó un nuevo protocolo de aborto no punible. Autorizaba a abortar por “riesgo de salud” aclarando que la salud podía ser física, mental o social. Pareciera que se promueve la eugenesia social: ¿qué otra cosa quiere decir “salud social” sino pobreza? A las madres pobres, el gobierno les ofrecerá un aborto antes que apoyo durante su embarazo.
Aunque estaba legalizado de hecho, en 2020 legalizaron el aborto con una de las leyes más permisivas del mundo. Eso habilita a promover el aborto, a propagandizarlo, ya que lo desliga de toda reflexión moral, prohibiendo incluso cualquier instancia de disuasión.
En 2022, el Ministerio de Salud, dirigido entonces por Carla Vizzotti, lanzó una campaña destinada a adolescentes para avisarles de que podían ligarse las trompas o hacerse una vasectomía gratis desde los 16 años —16 años— sin permiso de los padres. Así, el antinatalismo alcanzaba cumbres canallescas.
En 2022 también se publicó la “Guía de Anticoncepción Inmediata Posevento Obstétrico”. Traducción: promover la colocación de un anticonceptivo de larga duración inmediatamente después de un aborto o un parto, antes de darle el alta a la paciente. O sea, asegurarse de que no vuelva a gestar, al menos por un buen tiempo.
Esto también se hizo con asesoramiento del Fondo de (des)Población de Naciones Unidas.
Según ese organismo los beneficios sociales de estas políticas son el “mayor crecimiento del PBI y del PBI per cápita”, y la “reducción de la demanda de gasto público en educación, vivienda y saneamiento”. Es evidente que si se reduce la población, se reduce la demanda de escuelas, casas y servicios. Lo estamos viendo. En cambio, los resultados en materia de crecimiento brillan por su ausencia.
Pese a haberse demostrado una y otra vez la falsedad de sus premisas, el malthusianismo no se rinde.
Dos diputadas, de diferentes partidos, presentaron un proyecto de ley para autorizar a las obstetras a colocar estos anticonceptivos de larga duración; era otra de las condiciones del BID para el préstamo antes mencionado. Una de ellas contó muy desenvuelta que apenas asumió recibió “una comunicación de la gente del Fondo de Población” pidiéndole esta ley.
En la Cámara de Diputados hay una Comisión de Población y Desarrollo Humano. En julio del año pasado, trataron el tema de la caída de la natalidad.
En la reunión, habló una representante del Fondo de (des)Población de la ONU, que calificó a la preocupación por la caída de la natalidad de “ansiedad demográfica”. O sea, no es una preocupación justificada por un problema real y muy grave, sino un problema psicológico…
La funcionaria dejó una advertencia: en modo alguno la “ansiedad demográfica” debe impedir “que todas las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos”. O sea, nada debe hacer peligrar los programas antinatalistas.
Un solo diputado, Nicolás Mayoraz, cuestionó esta intromisión. Dijo que no compartía “la posición de la ONU” y que el aborto es un crimen que impactó enormemente en esta caída de la natalidad. De inmediato fue reprendido por la presidente de esa Comisión, la diputada Natalia Sarapura, que dijo “que los organismos de la ONU son la vocería de esos principios”, en referencia al “derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo” y agregó que era “fundamental no alejarse de los principios internacionales”.
Nadie se preguntó qué políticas públicas permitirían revertir esta tendencia.
En una reunión de gente supuestamente preocupada por la caída demográfica, todos, excepto uno, se juramentaron para continuar con las políticas antinatalistas.
El consenso que la clase política es incapaz de construir para estabilizar la economía, y emprender un camino de crecimiento y desarrollo que permita combatir la pobreza, lo logra en el antinatalismo.
Hace demasiado tiempo que la Argentina no tiene una política demográfica. Porque tampoco tiene una estrategia de desarrollo que tenga en cuenta la realidad de un mundo del que no podemos aislarnos, por eso estamos sometidos a las estrategias que formulan y promueven otros, como los organismos de la ONU mencionados.
No por desconocer la geopolítica vamos a dejar de padecerla.
(*) El grueso de los datos de población aquí consignados se los debo a la Lic. Mónica del Río, que hace el seguimiento de las estadísticas vitales de nuestro país en su boletín Notivida
[Nota: este artículo resume parte de mi intervención en la jornada sobre “Territorio y Población: distribución federal y equilibrio demográfico”, organizada por la Dirección general de relaciones internacionales del Senado]
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