Prohibir redes sociales a infancias violaría la Constitución, advierten analistas

México no se quiere quedar atrás en la discusión en torno al control de las redes sociales entre las infancias y adolescencias . Es por ello que el gobierno nacional ya discute cómo implementar una regulación de estas plataformas y su diseño para captar la atención de los usuarios. Ante esto, la voz de los especialistas alertan que la prohibición no es la respuesta. El argumento más importante al respecto, señala Ezequiel Gil, vicepresidente adjunto de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de AT&T Cuidado Digital, es que la tecnología ya es una parte vital de los usuarios y, por lo tanto, también se trata de una herramienta que facilita el acceso a derechos fundamentales como la educación, la cultura, el trabajo, la salud y hasta la inclusión financiera.

Por esta razón, sostiene que no se debe limitar su uso, sino integrarla positivamente en la vida cotidiana, algo en lo que coincide el abogado y perito informático Iván Díaz, quien incluso cita que una prohibición entraría en conflicto con el artículo sexto constitucional, que garantiza el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el cual no está restringido por la edad del ciudadano. De acuerdo con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, la discusión en México se centra en el diseño de las plataformas para atraer usuarios, como el scroll infinito, las notificaciones constantes, la reproducción automática de videos y los algoritmos de recomendación. ”Estamos frente a un problema de salud pública, no es una cuestión nada más de autorregulación de las personas o de las familias. Se requieren acciones colectivas que antepongan el bienestar de las infancias y las juventudes antes que los intereses comerciales”, dijo el funcionario durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Jonathan Haiducovich, profesor de la Universidad de Nueva York y autor del libro La generación ansiosa, también envió un mensaje en el mismo escenario invitando a la mandataria a quitar los teléfonos durante los tiempos de escuela y elevar a 16 años la edad mínima para abrir cuentas de redes sociales. Sin embargo, también sugirió que cualquier regulación no se enfoque en restringir contenidos. Ante este panorama, Díaz sostiene que el enfoque no debe ser punitivo ni basarse en la prohibición, la cual califica como "letra muerta" si no existe una responsabilidad social de fondo. En su lugar, propone que el Estado y la sociedad deben centrarse en el fomento de una verdadera educación digital. En lugar de prohibir las redes sociales, Gil aboga por promover un “uso cuidadoso, responsable y equilibrado”, pues intentar prohibir estas plataformas de tajo genera el riesgo de que los menores terminen utilizándolas "a escondidas". En su lugar, propone mantener conversaciones abiertas que ayuden a visibilizar y minimizar los riesgos de forma conjunta. Para Díaz esto implica una capacitación no solo a los menores, sino también a los padres de familia, pues considera diferencial el “acompañamiento de los padres en el uso de este tipo de tecnologías”, ya que transforma la supervisión en una actividad compartida y consciente en lugar de una restricción ciega. Asimismo, argumenta que el cumplimiento del artículo sexto constitucional no debería verse como la sola entrega de dispositivos, sino como el fomento de una “inclusión digital a un uso adecuado de los activos de información”. Esto implica que tanto el Estado como los tutores deben colaborar para que los niños entiendan el procesamiento de información y los riesgos inherentes a la red.

Para los especialistas es necesario incentivar discusiones en torno a la regulación de las plataformas. Gil acepta establecer un piso mínimo de regulación gubernamental para asegurar la protección de los usuarios más allá de las iniciativas voluntarias de las empresas. No obstante, también hace un llamado a evitar la sobrerregulación, ya que un exceso de leyes restrictivas podría terminar coartando la tecnología y, por ende, obstaculizar el acceso a los beneficios y derechos que esta proporciona. Al respecto agrega que la empresa aborda los riesgos digitales mediante su iniciativa AT&T Cuidado Digital, la cual busca visibilizar peligros y brindar herramientas de protección a los usuarios. En el caso de los menores de edad, la empresa identifica amenazas críticas como el fraude, el sexting, el acoso, el contacto con desconocidos y la exposición a contenido inapropiado. Para proteger a infancias y juventudes, la compañía acciones como colaborar con autoridades educativas en la Ciudad de México y Nuevo León para entregar materiales educativos y realizar seminarios web dirigidos a docentes, padres y alumnos de primaria y secundaria. También impulsa que los tutores establezcan una comunicación abierta con los menores para explicar los riesgos y acordar parámetros de uso balanceados e incluso activar funciones de cuidado de pantalla y límites de tiempo de uso cuando resulta necesario. Por otra parte, agrega Gil, la formación no solo debe tomar en cuenta a las poblaciones jóvenes, sino a todas las que se puedan considerar vulnerables, como los adultos mayores, a quienes identifican como un grupo vulnerable a riesgos de fraude y extorsión, y eso también es parte de un uso responsable de la tecnología.