Análisis | ¿Acertó el Congreso al devolver el presupuesto que dejó Petro para 2027?

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El Congreso decidió devolver al Ministerio de Hacienda el Presupuesto General de la Nación para 2027 que había dejado presentado el Gobierno de Gustavo Petro. La decisión, solicitada por el nuevo ministro de Hacienda, no es solamente un movimiento dentro del trámite legislativo sino que deja la duda de si era correcto devolver el presupuesto o Colombia necesitaba aprobar las cuentas tal como fueron presentadas.

El proyecto contempla un presupuesto de $ 575,6 billones y dentro de esa cifra incluye $ 30,2 billones en recursos contingentes, equivalentes a 1,4 % del PIB, cuya financiación depende de que el Congreso apruebe una nueva ley de recursos adicionales. Es decir, una parte de los ingresos necesarios para respaldar el gasto de 2027 todavía no está garantizada.

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Para Christian Junot Quiñónez, analista económico consultado por Minuto60, ese es precisamente el primer problema que debe analizarse antes de discutir si la devolución fue conveniente o no. En su concepto, el país está repitiendo por tercer año consecutivo una práctica que aumenta el riesgo fiscal: “gastar hoy con la promesa de recaudar mañana”.

¿Devolver el PGN 2027 era la decisión correcta?

La respuesta, desde el análisis de Quiñónez, parte de una diferencia fundamental y es que una cosa es que Colombia tenga problemas fiscales estructurales y otra que el Gobierno presente un presupuesto cuyo equilibrio dependa de ingresos que todavía no existen.

El analista considera que los $ 30,2 billones contingentes no son un detalle menor dentro de un presupuesto de $ 575,6 billones. Se trata de recursos que el Gobierno espera obtener, pero cuya materialización depende de una decisión posterior del Congreso.

Venimos ya de tres vigencias seguidas en las que el presupuesto general de la Nación se construye sobre una ley de financiamiento que todavía no existe.

Explicó Quiñónez

La preocupación aumenta porque la ley de financiamiento no es un trámite automático, sino que tendrá que ser discutida, modificada o incluso podría ser archivada por el Congreso. De hecho, el propio Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que el Presupuesto 2027 necesita ajustes por aproximadamente $ 30,2 billones por el lado de los ingresos.

“Sin reforma tributaria claramente establecida, muy bien proyectada y cuantificada, este presupuesto no se debería aprobar”, afirmó el experto.

La posición del analista no significa que Colombia no necesite una reforma tributaria, sino que de hecho, su argumento va en la dirección contraria pues si el Estado necesita más ingresos, debe discutir una reforma, pero no debería utilizar como soporte definitivo de un presupuesto unos recursos cuya aprobación todavía depende del Congreso.

El problema es que el riesgo queda para el próximo Gobierno

Cuando un presupuesto incorpora ingresos contingentes, el riesgo no desaparece si la fuente de financiación no se concreta. Simplemente cambia de lugar. Si la reforma no recauda lo esperado, el Gobierno que ejecute el presupuesto tendrá que encontrar una solución y puede recortar gastos, buscar nuevos ingresos o aumentar el endeudamiento.

Por eso, Quiñónez considera que la fórmula utilizada durante los últimos años ha reducido progresivamente el margen de maniobra fiscal. “Cada vez que se repite ya observamos que ese margen de maniobra fiscal del país se hace cada vez más pequeño”, señaló.

El punto es especialmente relevante para 2027 porque será el primer presupuesto que deberá ejecutar el nuevo Gobierno. La administración entrante no recibirá únicamente un nivel de gasto aprobado, recibirá también las obligaciones financieras, las inflexibilidades y las necesidades de financiación que vienen incorporadas en esas cuentas.

Germán Ávila, exministro de Hacienda.

¿El problema fiscal lo creó Petro?

La respuesta tampoco puede ser simplemente sí ya que Colombia tiene problemas estructurales de las finanzas públicas que vienen de mucho antes del Gobierno Petro. El tamaño de las transferencias, las obligaciones pensionales, el sistema de salud, las vigencias futuras y el servicio de la deuda han reducido durante años el espacio disponible para que los gobiernos puedan modificar libremente el gasto.

De hecho, el propio proyecto de presupuesto reconoce una elevada rigidez fiscal: más de 90% del gasto corresponde a compromisos inflexibles. Quiñónez reconoce ese componente estructural, pero cuestiona que se utilice como explicación suficiente para el estado actual de las cuentas.

“Eso puede ser cierto, pero no exime la responsabilidad del Gobierno Petro en que ha agudizado ese problema”, sostuvo. No se trata de afirmar que Petro creó desde cero el déficit fiscal colombiano. Se trata de establecer si las decisiones tomadas durante su administración hicieron más difícil la situación que ahora debe enfrentar el Gobierno entrante.

La otra alerta: la deuda crece 17,5%

El segundo argumento que respalda la devolución, según el análisis de Quiñónez, está en la composición del gasto. El proyecto contempla que el servicio de la deuda pase de $ 100,5 billones en 2026 a $ 118 billones en 2027, un aumento de 17,5 %. De ese monto, $ 88 billones corresponden al pago de intereses, comisiones y otros gastos, mientras $ 27,6 billones se destinan a principal.

“A mí lo que más me preocupa técnicamente no es el hueco de la financiación, porque eso ya lo veíamos venir, es un patrón de tres años, sino que en este presupuesto que se presenta el servicio de la deuda crece 17,5 %, mientras que funcionamiento e inversión prácticamente se congelan en términos reales”, explicó.

El problema se refleja también en la inversión pública pues la inversión cae de 4,4% a 4,2% del PIB.

En términos políticos, esto significa que el Gobierno que llega tendrá menos capacidad para mover el presupuesto hacia sus propias prioridades. Una mayor parte del dinero ya está comprometida con obligaciones anteriores y otra parte adicional se requiere para atender el costo de la deuda.

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Hay otro dato que resulta fundamental para entender por qué el nuevo Gobierno no puede simplemente solucionar el problema recortando gastos y es que el proyecto señala que 93,7 % del gasto es inflexible. En otras palabras, la posibilidad de encontrar rápidamente $ 30,2 billones mediante recortes es mucho menor de lo que podría sugerir una lectura superficial del presupuesto.

“El mensaje que deja el Gobierno saliente al entrante es que debe buscar los ingresos más allá de reducir el gasto”, afirmó.

Aquí aparece una de las contradicciones centrales del Presupuesto 2027 porque el nuevo Gobierno necesita reducir el gasto para ordenar las finanzas, pero encuentra que una gran parte de ese gasto está comprometida. Al mismo tiempo, necesita aumentar los ingresos, pero una parte de los recursos previstos depende de una reforma tributaria que todavía no existe.

Entonces, ¿qué gana Colombia devolviendo el presupuesto?

La devolución no resuelve el problema fiscal, tampoco garantiza que el nuevo presupuesto vaya a ser mejor, pero lo que sí permite es revisar las cuentas antes de que el Congreso convierta esas proyecciones en el marco presupuestal definitivo para 2027.

Eso tiene valor porque los $ 30,2 billones contingentes representan un riesgo que puede ser discutido antes de que se convierta en una obligación de gasto. También permite revisar el crecimiento del servicio de la deuda, las proyecciones de ingresos y el verdadero margen de maniobra de la inversión.

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Colombia necesita financiar sus obligaciones, pero también necesita recuperar margen fiscal. Para hacerlo tendrá que decidir cuánto puede recortar, cuánto puede recaudar y cuánto endeudamiento adicional está en capacidad de soportar.

Por eso, la devolución del presupuesto puede ser entendida como una oportunidad para corregir las cuentas antes de que sean aprobadas, pero también como una señal de la magnitud del problema que recibe el nuevo Gobierno.