MC Guanajuato: la “nueva política” con los vicios de siempre

1.- MC Guanajuato: la “nueva política” con los vicios de siempre

La exhibida de ayer a la diputada local de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza Orozco, es de esas que pueden marcar una carrera política. Y es una lástima para uno de los perfiles jóvenes del Congreso del Estado que ha mostrado fuerza argumentativa y consistencia en sus posiciones.

El caso es el reportado por el periodista Alex Ramblas sobre la contratación de Rafael Prieto Zavala, un trabajador del Congreso al que pocos identifican por su labor legislativa. Incluso colaboradores del partido naranja aseguran no conocerlo como parte del equipo de asesores, pese a que percibe un salario superior a los 36 mil pesos mensuales.

A Pedroza Orozco le tocó responder por un presunto aviador, una práctica de rutina del viejo PRI. Y le correspondía hacerlo porque el empleado en cuestión está adscrito a su oficina.

Pero el asunto no termina ahí, porque hay cercanía de Prieto Zavala con el esposo de la recién nombrada coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha Aguilar, de quien Pedroza fue asesora desde sus tiempos en el PRI y la acompañó después en su llegada al partido naranja.

Rocha Aguilar ahora tendrá que responder cómo un personaje cercano a su círculo más íntimo, sin experiencia conocida en el trabajo legislativo y sin un desempeño verificable, ocupa una plaza de más de 36 mil pesos al mes.

Si el discurso de la "nueva política" ya enfrentaba el reto de sostenerse en un partido cuyos liderazgos más visibles provienen de la “vieja política”, el episodio de ayer terminó por exhibir su principal contradicción. Cambiarán las siglas y los colores, pero las viejas prácticas son las mismas.

Y el momento no podría ser peor. Apenas unos días después de asumir la coordinación estatal, Rocha Aguilar ya enfrenta un caso que vuelve más complicada la operación cicatriz dentro de un partido donde las fracturas internas, lejos de cerrarse, parecen profundizarse.

Y vendrán más, porque hecha oficial su dirigencia, han comenzado a brotar los reproches, donde lo mismo le cargan ser el origen de algunas divisiones, como de imposiciones que algunos naranjas no están dispuestos a seguir.

2.- El miedo administra comunidades

A más de año y medio de que el delegado de la comunidad de La Sandía, en el municipio de León, Jaime Rayas Torres, fuera privado de la libertad, se confirmó que fue localizado sin vida.

Según informó el director de Desarrollo Rural, Roberto Palomares Torres, el hallazgo ocurrió desde marzo en una comunidad de Romita, pero no se hizo público por petición expresa de la familia a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez.

Desde la desaparición del delegado y hasta hoy, La Sandía permanece sin representante. El miedo ha sido suficiente para que nadie quiera asumir esa responsabilidad. Pero no es un caso aislado. En la comunidad de San Judas, a poca distancia, ocurre lo mismo y, además, existen antecedentes de agresiones o amenazas contra delegados en otras localidades del municipio.

Desde el gobierno de León parece que se aceptó la falta de delegado con resignación.

En otras ocasiones, esta columna ha abordado cómo en varias comunidades del sur del municipio se tiene identificada la presencia de células criminales, particularmente en los límites con Cuerámaro y Romita. El propio funcionario municipal reconoció que el gobierno ha recibido reportes sobre estas situaciones.

No deja de ser alarmante que haya comunidades que se queden sin representación por miedo. Tal vez hoy sean pocas, pero representan un síntoma claro de lo que ocurre cuando el Estado comienza a ceder espacios. Los vacíos de autoridad nunca permanecen vacíos.

3.- La factura del abandono a la infraestructura eléctrica

Los apagones en Guanajuato son cada vez más recurrentes y prolongados que ya deberían ser una preocupación clara de autoridades de varios niveles. La explicación no es que se deben a la temporada de lluvias. Los propios datos de la Comisión Reguladora de Energía muestran una tendencia sostenida tanto en el número de interrupciones como en el tiempo que duran.

Hace apenas unos meses, una parte importante de Irapuato quedó sin suministro eléctrico durante varias horas, algunos puntos por más de 24 horas. Esta semana ocurrió algo similar en Guanajuato capital: desde el martes, la zona sur permaneció sin energía y, para el miércoles, todavía había colonias sin servicio.

En León también son constantes los reportes de fallas en el sistema de cableado subterráneo del Centro Histórico, la misma zona donde en septiembre de 2025 explotó un transformador que dejó una decena de personas lesionadas, varias de ellas de gravedad.

Lo que se observa es un deterioro progresivo de la infraestructura eléctrica, mientras su mantenimiento, ya ni decir modernización, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, encabezada por Emilia Calleja Alor, avanza a un ritmo claramente insuficiente.

Tampoco es exclusivo de Guanajuato, porque basta revisar los reportes periodísticos recientes de estados como Guerrero, Veracruz o Durango para encontrar apagones prolongados y fallas recurrentes. Más que incidentes aislados, son la consecuencia de años de rezago en mantenimiento, inversión y capacidad de transmisión. Lo extraordinario se está volviendo cotidiano, aunque no por ello debería asumirse como normal.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo adelantó que buscará acuerdos con la CFE para impulsar proyectos de generación de energía, una ruta similar a la que ya siguió el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, donde también uno de los temas que detonó el encuentro fueron los cortes de energía.

Los apagones no solo exhiben el desgaste de la infraestructura, también representan un costo silencioso para la vida diaria: economía, salud, complican la educación y deterioran la calidad de vida.

Contra Retrato

Fernando Trujillo Jiménez

En el director del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) de León parece haber una excesiva obstinación por mantener operando la escombrera de Los López, que lo hace sin permisos; vaya, ni siquiera existe un cumplimiento parcial para que se pueda sostener su funcionamiento.

Ayer el asunto llegó al Congreso y el diputado Sergio Contreras Guerrero presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) a intervenir y clausurar, retomando la denuncia que ya había hecho la regidora independiente de León, Norma López Zúñiga.

El SIAP ha actuado de una forma que no hace más que alimentar las sospechas sobre la operación de este lugar. Rechazó la notificación de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente que advertía que el predio no era apto. Tampoco ha atendido la recomendación de utilizar alguno de los otros cuatro predios disponibles en León para recibir escombro, bajo el argumento de que están demasiado lejos, pese a que estos espacios no deben ubicarse cerca de zonas habitacionales.

¿A qué responde esa terquedad por seguir operando en ese predio? Se trata de un terreno particular por el que el municipio cobra para recibir los desechos. ¿Bajo qué convenio se realizó ese acuerdo? ¿Qué beneficio obtiene el propietario? ¿Y por qué el SIAP, encabezado por Trujillo Jiménez, únicamente notificó el cambio de escombrera, pero ni siquiera inició el trámite formal para obtener los permisos?

Hay otro elemento delicado. Para que el sitio pueda operar, el gobierno municipal tendría que remediar el predio, es decir, acondicionarlo. La administración municipal invertiría recursos públicos para mejorar un terreno privado que hoy funciona como escombrera, pero que mañana podría destinarse a cualquier otro uso. Hay cierto sonido metálico en ello.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza Orozco, acusó que el señalamiento de Contreras Guerrero era un simple golpeteo contra la alcaldesa Alejandra Gutiérrez. Sin embargo, con tantas zonas grises y tan poca transparencia, parece haber motivos suficientes para exigir que el gobierno municipal, particularmente el SIAP, explique por qué ha hecho oídos sordos y por qué sigue aferrado a ese espacio.