El derecho a reparar dispositivos ya es de obligado cumplimiento en España
La llamada ley del derecho a reparar de la Unión Europea empieza a aplicarse este viernes 31 de julio de 2026 en España, una vez que expiró el plazo para que los Estados miembros incorporaran a su legislación la Directiva (UE) 2024/1799.
Concretamente, la ley obliga a los fabricantes a realizar las reparaciones necesarias "en un plazo razonable" y, en caso de que estas no sean de carácter gratuito, también a un "precio razonable", con el objetivo de alentar la opción de la reparación.
Este derecho a reparar forma parte de la reforma de las normas de protección del consumidor de la UE, que entró en vigor el martes 30 de julio de 2024 y que establece el "derecho a reparar" para asegurar que, cuando se averían dispositivos como televisores, lavadoras o teléfonos móviles, el cliente pueda exigir la reparación del aparato en lugar de su reemplazo.
Ahora, una vez finalizado el plazo para que los Estados miembros incorporasen a su legislación la Directiva (UE) 2024/1799, que hace referencia al derecho a reparar, la norma comienzan a aplicarse en España oficialmente, tal y como se indica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El objetivo es que reparar un dispositivo, por ejemplo un "smartphone" u ordenador, resulte más fácil y atractivo que adquirir uno nuevo, en muchos casos, promoviendo que esta opción sea más económica que sustituirlo.
La directiva cubre principalmente los dispositivos para los que la legislación europea ya obliga a los fabricantes a disponer de servicios de reparación y piezas de recambio, como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, aspiradoras, pantallas electrónicas o determinados teléfonos y tabletas, entre otros.
Así, entre sus novedades, obliga a que los fabricantes ofrezcan la reparación de sus productos siempre que sea técnicamente posible, incluso cuando la garantía legal ya haya expirado. Asimismo, deberá realizarse en un plazo y a un precio razonables.
Igualmente, los fabricantes no podrán impedir la reparación mediante cláusulas contractuales, "software" o "hardware", salvo cuestiones de seguridad o protección de propiedad intelectual. También deberán facilitar el acceso a piezas de recambio y herramientas cuando así lo exija la normativa. Además, si se opta por la reparación, la garantía del producto se deberá ampliar por 12 meses sobre el bien reparado.
La norma establece, asimismo, que los consumidores que opten por la reparación tendrán derecho a recibir un dispositivo de sustitución prestado mientras se arregla el de su propiedad o a elegir una unidad reacondicionada como alternativa.
Con todo, los fabricantes podrán entregar un documento estandarizado con información clara sobre el coste, plazo, condiciones y validad de la oferta de reparación, de manera que los usuarios puedan comparar entre presupuestos de distintos servicios de reparación.
En la práctica, para los consumidores, esto significa reducir la obsolescencia y los residuos electrónicos, ya que dispondrán de más opciones para reparar, una mayor transparencia de precios y plazos de reparación, mejor acceso a piezas y garantías más favorables.
Cabe destacar que la normativa de derecho a reparar es distinta a otra regulación europea que entrará en vigor más adelante en febrero de 2027, como es el Reglamento (UE) 2023/1542 relativo a las pilas y baterías y sus residuos.
En este caso, comenzarán a aplicarse los requisitos que obligarán a que las baterías de muchos dispositivos portátiles, como los teléfonos móviles, sean fácilmente sustituibles por el usuario. Compañías como Nintendo ya lo están poniendo en práctica.
Infobae
