La consecuencias jurídicas y sociales de pervertir la comunicación institucional.

Hay una línea tenue entre la divulgación de los programas sociales y su uso para promocionar a una, o varias, personas. En México, esta última práctica es más común de lo que parece y, a pesar de estar prohibida por la propia Constitución, cientos de “prospectos” o “precandidatos” en toda la república buscan evadir dichos presupuestos legales, bajo el discurso del fomento a los programas y la rendición de cuentas. Sin embargo, llama la atención que, en los últimos días, ha circulado un video en el que aparece el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, promocionando las becas para el bienestar que tiene a su cargo, diciendo que a través de la beca Rita Cetina: “son 2,500 pesos que les manda la presidenta”. Lo anterior refleja no solo un nuevo evento bochornoso para el titular de la SEP, sino que también muestra el verdadero mensaje detrás de la comunicación gubernamental.

Primero, hay que tomar en cuenta que el artículo 134, párrafo décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy claro al señalar que:

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. (subrayado propio)

Debido a dicha prohibición constitucional expresa, la Ley General de Desarrollo Social obliga, en su artículo 28, a que dichos promocionales de programas sociales tengan la leyenda «Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social», con la finalidad de establecer criterios firmes que delimiten la promoción personal o propaganda con la difusión institucional de los programas. Aunado a lo anterior, aunque no es el caso, la coacción del voto en tiempos de elecciones a través de programas sociales amerita una infracción, de acuerdo a la establecido en el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y también, el artículo 11 bis de Ley General en Materia de Delitos Electorales refiere que el uso de estos programas para “[…]incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición”, deviene en una sanción de 4 a 9 años de prisión, así como también amerita prisión preventiva oficiosa. En pocas palabras, Mario Delgado quebrantó una disposición constitucional expresa y una ley general, involucrando a la propia presidenta Claudia Sheinbaum; y, de haberse configurado este hecho en tiempos de elecciones, estaría ganándose entre 4 y 9 años de prisión por su TikTok.

Por otra parte, el discurso político de fondo también es muy claro: estos programas y beneficios te los da la presidenta, no el Estado cumpliendo sus obligaciones. Este mensaje es sumamente peligroso, porque estaríamos individualizando la actividad pública en una sola persona, creando un discurso implícitamente autoritario y alineado con la lógica de que los programas sociales están hechos para constituir exclusivamente aparatos clienterales. Desde la década de los años 80 a la fecha, todos los programas están alineados al Plan Nacional de Desarrollo, a través de reglas operativas delimitadas por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental, entre otras disposiciones; así como también, con una lógica de implementación, a través de la ejecución del Presupuesto Basado en Resultados (uso de un Marco Lógico para la planificación de los presupuestos, la Evaluación para tener información sobre su efectividad, etc.). Por ello, el mensaje que proyecta el secretario es sumamente gravoso no solo para la presidenta, sino también para todo el Gobierno Federal.

No es la primera vez que Mario Delgado mete en apuros a la presidenta Claudia Sheinbaum, recordemos cómo hace un par de meses quiso, sobradamente, adelantar las vacaciones de verano por motivo del mundial, orillando a la presidenta a desmentirle en su conferencia mañanera. Sin embargo, en el discurso está comprometiendo el trabajo de toda la administración pública federal, fomentando un mensaje sumamente corrosivo hacía la ciudadanía, disfrazándola de comunicación institucional. Esta acción, de ser genuinamente un descuido, es sumamente irresponsable por las consecuencias jurídicas y sociales que acarrea. Lo anterior nos orilla a preguntarnos, de todo el equipo de Sheinbaum ¿realmente es la persona más idónea para ocupar la silla de Vasconcelos? Porque de ser cierto, y ese es el verdadero mensaje que quiere dar el gobierno federal, estamos ante la instalación paulatina de un régimen autoritario.