Bajo La Lupa: Estacionamientos, Ley Y Poder Empresarial Changoonga

Escribe: Armando Saavedra Magaña

*BARRAGÁN: INHABILITACIÓN POLÍTICA, RELOJ JUDICIAL IMPLACABLE
*MISCELÁNEA POLÍTICA

En días recientes, una plaza comercial del sur de MORELIA encendió la polémica al comenzar a cobrar por el uso de su estacionamiento. El hecho, que en apariencia sería menor, se convirtió en noticia porque decenas de automovilistas decidieron estacionarse en la vía pública, bloqueando calles y generando caos vial. El problema no es nuevo: cada vez que un centro comercial decide imponer tarifas, la discusión regresa, pero lo que permanece constante es la oscuridad jurídica.

El CÓDIGO DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, reformado en 2023, establece en su Artículo 1 que sus disposiciones son de orden público y tienen por objeto regular la construcción y equipamiento urbano. Más adelante, en los apartados sobre infraestructura y equipamiento vial, se señala la obligación de que las construcciones con destino comercial cuenten con cajones de estacionamiento suficientes para atender la demanda generada. Sin embargo, no existe disposición alguna que obligue a que dichos espacios sean gratuitos para el consumidor. La norma regula la existencia física del estacionamiento, pero guarda silencio sobre su costo.

Ese silencio legal es oro molido para los desarrolladores: basta con cumplir con el número de cajones exigidos en el dictamen de construcción, y después la autoridad municipal les autoriza a cobrar tarifas sin restricción. En paralelo, existe la Ley que Regula los Estacionamientos para Vehículos en el Estado de Michoacán, expedida en 2018, que se limita a normar aspectos de seguridad, operación y calidad del servicio, pero tampoco establece gratuidad. Resultado: el consumidor queda atrapado entre la obligación de pagar o arriesgarse a estacionar en la vía pública.

Aquí aparece la oportunidad política. La 76 Legislatura del Congreso del Estado, integrada por 40 diputados, podría reformar el Código para establecer la gratuidad de los estacionamientos en desarrollos comerciales. No hay complicaciones constitucionales: se trata de una medida de interés social que busca garantizar el acceso equitativo a un servicio vinculado al consumo. Pero lo que sí hay es un muro invisible: el poderosísimo grupo empresarial de la FAMILIA RAMÍREZ, cuyo emporio comercial domina la ciudad y cuya influencia política ha mantenido intocado el tema. Nadie, hasta ahora, se ha atrevido a enfrentarlos.

La pregunta es obvia: ¿por qué no le entran los diputados? Porque el costo político de enfrentarse a un grupo económico de tal magnitud es demasiado alto. Una iniciativa de gratuidad beneficiaría a miles de ciudadanos, pero pondría en riesgo relaciones de poder y financiamiento electoral. Y en tiempos de campañas, los legisladores prefieren el silencio antes que la confrontación.

¿Habrá un diputado valiente que presente la iniciativa? Lo dudo. Pero el proceso electoral que se avecina abre una ventana: los ciudadanos podemos condicionar el voto. Si algún legislador se atreve a poner sobre la mesa la reforma, sabrá que detrás hay respaldo popular. Si no lo hacen, quedará claro que prefieren proteger intereses empresariales antes que derechos ciudadanos.

En conclusión, el estacionamiento en MORELIA no es solo un tema de tarifas: es un espejo de la relación entre poder económico y poder político. Mientras la ley permanezca en la penumbra, los consumidores seguirán pagando el costo de la omisión legislativa. Y los diputados, una vez más, demostrarán que su valentía se mide en votos, no en principios.

BARRAGÁN: INHABILITACIÓN POLÍTICA, RELOJ JUDICIAL IMPLACABLE

JUAN CARLOS BARRAGÁN ha decidido abrir fuego legal contra la magistrada SWANY PEÑA REYES y contra quienes resulten responsables, acusándolos de delitos contra la administración de justicia y persecución política. El diputado morenista, inhabilitado por 20 años y sancionado con el pago de más de cinco millones de pesos, busca revertir la sentencia del TRIBUNAL EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN (TAAM). Sin embargo, más allá de la procedencia jurídica, los tiempos procesales y políticos parecen jugar en su contra.

La denuncia que prepara BARRAGÁN se sustenta en el Artículo 260 del Código Penal de Michoacán, que tipifica como delito las resoluciones contrarias a la ley emitidas por jueces o magistrados, y en el Artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, que regula los conflictos de interés. El argumento central es que la magistrada SWANY PEÑA REYES, esposa del diputado JUAN PABLO CELIS SILVA, no debió conocer el caso por la confrontación política existente entre CELIS y BARRAGÁN. La recusación fue rechazada y la propia magistrada emitió la sentencia, lo que para el legislador constituye un claro conflicto de interés y una actuación deliberada en su perjuicio.

El trasfondo del caso es el programa Beca Futuro 2018, donde se detectaron pagos a beneficiarios no autorizados y asociaciones civiles sin constitución legal. El TAAM resolvió que BARRAGÁN incurrió en irregularidades administrativas graves, imponiéndole la sanción de inhabilitación y multa. El diputado sostiene que el procedimiento estuvo viciado y que la resolución fue reactivada de manera inexplicable, lo que confirma, según él, una consigna política para sacarlo de la contienda interna de MORENA.

El problema para BARRAGÁN no es solo jurídico, sino político y temporal. La FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO tardará meses en integrar la carpeta de investigación y, en caso de judicializarla, el proceso penal podría extenderse por años antes de llegar a una sentencia firme. Mientras tanto, la sanción administrativa ya está vigente y amenaza con descarrilar sus aspiraciones dentro de MORENA, justo en el momento en que se definen las coordinaciones municipales de defensa de la 4T y la soberanía nacional. El diputado ha dicho que “estará en la boleta”, confiando en que los recursos de revisión y amparo le permitan ganar tiempo, pero la estrategia de acudir a la vía penal contra una magistrada parece más un gesto político que una ruta efectiva de defensa.

Además, las circunstancias de tiempo, modo y lugar para configurar los presuntos delitos que habría cometido la magistrada presentan un grado de dificultad alto para la Fiscalía. Probar que existió un conflicto de interés deliberado y que la resolución fue contraria a la ley no es sencillo: se requiere demostrar intencionalidad y dolo, elementos que rara vez prosperan en tribunales. En paralelo, la defensa de la magistrada seguramente alegará que actuó conforme a derecho y que la recusación fue desechada por falta de pruebas, lo que complica aún más la judicialización.

El caso también exhibe la tensión entre justicia administrativa y cálculo político. La denuncia contra la magistrada puede abrir un debate sobre imparcialidad judicial y conflictos de interés, pero difícilmente revertirá en el corto plazo la inhabilitación que pesa sobre BARRAGÁN. Los tiempos de la justicia y los tiempos de la política rara vez coinciden, y en este caso, todo indica que el reloj corre en contra del diputado. Mientras la Fiscalía avanza lentamente, MORENA definirá candidaturas en cuestión de semanas, dejando a BARRAGÁN en una posición de vulnerabilidad.

En conclusión, el caso de JUAN CARLOS BARRAGÁN es un ejemplo de cómo las resoluciones judiciales pueden convertirse en armas políticas y cómo los tiempos procesales pueden ahogar cualquier estrategia de defensa. La vía penal que ha elegido es la más difícil de concretar, y aunque puede servirle para denunciar públicamente un presunto conflicto de interés, difícilmente le permitirá revertir la sanción antes de que se definan las candidaturas. Palabra clave: inhabilitación. Palabra incómoda: conflicto de interés. Palabra ausente: resolución firme.

MISCELÁNEA POLÍTICA.

***BALTAZAR GAONA se lanzó contra la empresa ferroviaria KANSAS CITY SOUTHERN DE MÉXICO exigiendo revisar la concesión federal y, de ser necesario, retirarla por los constantes accidentes en cruces de MORELIA y otros municipios. El diputado lamentó la muerte de un menor que intentó cruzar entre vagones y pidió infraestructura como pasos a desnivel y señalización moderna. Sin embargo, habría que mandarlo a la “noturna” para que lea el tipo de concesión federal que tiene la empresa y cómo se dio el cambio del trazado de las vías que corrían sobre lo que hoy es la AVENIDA NOCUPÉTARO. Sacar las vías del ferrocarril de la ciudad costaría cerca de 15 mil millones de pesos, dinero que no pondrá la concesionaria. El problema no es solo de concesión, sino de educación ciudadana: en todo el planeta los trenes atraviesan ciudades enteras y no ocurre lo que aquí. Lo que se necesita son medidas que obliguen a respetar el paso del tren por seguridad propia, más que discursos legislativos que ignoran la realidad técnica y financiera.

*** NAVOLATO vivió horas de tensión el 16 de julio cuando helicópteros artillados, convoyes blindados y decenas de elementos del EJÉRCITO y la MARINA se desplegaron en colonias como ALCANFORES y LAS VEGAS DEL RASTRO, además de estadios y campos deportivos. Los vecinos pensaron que se trataba de un operativo contra los CHAPITOS o los MAYOS, dado que el municipio registró 168 homicidios en 2025 y es epicentro de la guerra interna del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, todo resultó ser una grabación dirigida por EPIGMENIO IBARRA, productor cercano a la 4T, quien filmó escenas de rescate y persecución con apoyo de fuerzas federales. La falta de aviso oficial provocó críticas: ¿bajo qué condiciones se prestaron aeronaves y vehículos oficiales para una producción privada? En una región donde la violencia obliga a suspender clases y actividades cotidianas, simular operativos sin informar a la población es un despropósito. El episodio exhibe la delgada línea entre propaganda y seguridad pública, y deja la pregunta abierta: ¿fue un proyecto de ARGOS COMUNICACIÓN o un documental financiado por el Gobierno federal? Mientras tanto, los habitantes de NAVOLATO siguen contando muertos reales, no ficticios.

***VOLARIS parece jugar a las escondidas con los pasajeros de MORELIA: mientras el gobernador presume la “conectividad aérea con el mundo”, la aerolínea estaría suspendiendo desde septiembre las rutas hacia IXTAPA, PUERTO VALLARTA y MEXICALI, con un regreso estimado hasta abril de 2027. Usuarios ya detectaron que en el sistema de reservaciones no aparecen vuelos después de agosto, aunque la empresa aún no confirma nada. Los números fríos de la AFAC muestran ocupaciones promedio de 120 pasajeros en VALLARTA, 114 en MEXICALI y apenas 70 en IXTAPA, cifras que contradicen las “cifras alegres” del VIOLÍN SECRETARIO DE TURISMO que toca el violín para maquillar la realidad. Mientras tanto, la ruta a CANCÚN se incrementó en verano y bajará en otoño, lo que evidencia que la aerolínea ajusta según rentabilidad y no según discursos oficiales. En resumen, el gobierno vende espejitos de conectividad y la empresa vende boletos según su conveniencia; los pasajeros, como siempre, quedan atrapados entre la propaganda y la realidad.

AVISO PARROQUIAL.- este jueves 23 de julio, a partir de las 2 de la tarde, en “la Pedrada” tendremos de invitada a la ex secretaria de educación estatal GABRIELA DESIREÉ MOLINA AGUILAR, ahora en su faceta de aspirante a la coordinación estatal del comité de defensa de la 4T y la soberanía nacional, platicaremos con ella de sus aspiraciones y de su visión del nuevo Michoacán.

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