El ESTADO de DERECHO retrocede en el PAÍS; SEGURIDAD y JUSTICIA, los RETOS Punto Por Punto

México retrocedió tres lugares en el Índice del Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project, en donde se valoran aspectos como ausencia de corrupción, transparencia gubernamental, derechos humanos, cumplimiento de la ley, acceso a la justicia y contrapesos gubernamentales.

En la más reciente edición, México se colocó en el lugar 121 de 143 países evaluados, lo que refleja un bajo cumplimiento del Estado de Derecho.

• Se observa que México tiene retos importantes particularmente en aspectos como la seguridad ciudadana y la justicia; así como en el respeto a los derechos humanos y el combate a la corrupción en el sector público.
• En los primeros lugares, de los países con mayor cumplimiento de Estado de Derecho se ubicaron las naciones nórdicas: Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia.
• Si hacemos un acercamiento al desempeño mexicano en los últimos 10 años, donde se retrata el liderazgo de los gobiernos de Enrique Peña Nieto; Andrés Manuel López Obrador y el arranque del que lleva Claudia Sheinbaum

Se puede ver un retroceso en aspectos como la protección de derechos fundamentales, la justicia civil y la erosión de los contrapesos institucionales.

Factores que han destacado el American Chamber of Commerce y el Atlantic Council, como factores de riesgo en los procesos de revisión del T-MEC.

• El índice está integrado por ocho subcomponentes: contrapesos al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento de la ley; justicia civil y justicia penal.
• El que corresponde a orden y seguridad, México se ubica en la posición 132 de 143 países evaluados.
• En ella incorporan sectores como control efectivo al crimen organizado, recurrencia de personas a la violencia para resolver agravios así como conflictos civiles efectivamente limitados.

En el que corresponde a contrapesos del poder cayó en dos escalones del lugar 106 al 108 Este segmento incorpora la evaluación de límites al poder gubernamental por la legislatura; límites al poder gubernamental por parte del poder judicial.

• Independencia de órgano auditor; transición de poderes sujetos a la ley y ejercicio del poder público sin influencia de poderes fácticos.
• Cabe destacar que la evaluación divulgada corresponde al ejercicio del año 2024, que incorpora el último año de gobierno del ex presidente AMLO.

Corrupción y justicia criminal, entre los peor calificados

El sector de ausencia de corrupción, que también forma parte del índice, es uno donde México sale entre los peor calificados de los 143 países.

• En este segmento ocupa el puesto mundial 134 de 143 países, es decir, solo nueve lugares arriba del que tiene las peores calificaciones.
• Apenas rebasa al último del comparativo, que es la República del Congo; a Camboya, Bolivia, Haití; Camerún, Gabón; Kenia; Venezuela y Uganda.

Integran este factor, subíndices como la evidencia de que el poder ejecutivo no utiliza su posición de poder para obtener ganancias privadas; evidencia de que ningún representante del poder judicial ocupa su posición para obtener ventajas privadas; lo mismo para representantes del poder legislativo; policías y militares.

• En otro subíndice donde tiene México las peores calificaciones es el de justicia criminal, donde se ubica en la posición 135 de 143 países. Apenas rebasa a los últimos de la fila: Venezuela, Bolivia, El Salvador; Myanmar, Camerún; Haití, Afganistán y Nicaragua.
• En este segmento califican el sistema de investigación criminal; eficiencia y oportunidad de acciones del sistema de investigación criminal; imparcialidad de juicios y evidencia de que no hay corrupción en el sistema de investigación criminal.

Autoritarismo precipita caída del respeto a la ley

En el documento pusieron de relieve que “el auge del autoritarismo está ocasionando retrocesos del Estado de Derecho, pues están reduciendo el espacio cívico así como el debilitamiento de los pesos y contrapesos al poder.”

• En el informe destacan que el 68% de los países evaluados por el World Justice Project en su índice de cumplimiento de la ley, redujeron sus calificaciones en este año.

El índice muestra que los sistemas judiciales están perdiendo terreno frente a los excesos del poder ejecutivo en la mayoría de los países con una creciente injerencia política en los sistemas de justicia.

• El WJP es una organización independiente internacional y multidisciplinaria que trabaja para mejorar el Estado de Derecho en el mundo. Entiende al respeto al Estado de Derecho como un sistema de gobernanza.
• En el que se cumplen cuatro principios universales: rendición de cuentas; leyes justas; gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas.
• De acuerdo con ellos, un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de hechos injustos y combate a la pobreza, porque es el sustento de la igualdad, oportunidades y paz.

WJP comenzó en 2006 como una iniciativa de la American Bar Association bajo el liderazgo de William H Neukom. Y se ha convertido en una organización sin fines de lucro desde el 2009.

El gasto en estado de derecho será del 0.9 del PIB

El gasto en “estado de derecho” –que incorpora los recursos para seguridad nacional, interior, justicia y asuntos de orden público– será de 2 mil 582 pesos por persona en el año.

En total, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026 contempló recursos por 347 mil millones de pesos, explicó Jorge Cano, cordinador del programa de Gasto Público de México Evalúa.

• En total, los recursos efectivos destinados a estas áreas equivalen a 0.9 por ciento del producto de interno bruto (PIB) o 3.4 por ciento del gasto total, lo cual exhibe que este tema, de acceso a seguridad y justicia, que “es la mayor preocupación de los mexicanos, no está teniendo un financiamiento adecuado respecto a las necesidades que tiene el país”, apuntó.
• Agregó que al observar sólo los recursos que se destinan a subsidios en seguridad para estados y municipios, la situación se agrava. En total son 2 mil millones de pesos, 88 por ciento por debajo de los 16 mil 400 millones de pesos de 2014.
• “Que no se esté tratando de fortalecer a los municipios y a las entidades federativas desde el gobierno federal muestra que en realidad no existe una prioridad para fortalecer a las poblaciones civiles, que son la primera línea de defensa ante el crimen organizado y son las que tienen una mayor efectividad y presencia al momento de presentar casos ante el Ministerio Público”, comentó Cano.

Para 2026, el gasto destinado para garantizar el Estado de derecho por persona equivale a 2,465 pesos, esto es mil pesos menos que en 2015, además de que el costo del delito en México es 153% mayor, según estimaciones de México Evalúa.

• Un análisis refiere que, el delito tuvo un costo promedio de 6,225 pesos por víctima en 2024, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía (Inegi), es decir, esto es 153% más que lo que se invierte en garantizar el Estado de Derecho, es decir, los recursos para garantizar la seguridad y justicia.
• “Con este menor gasto lo que vemos es que la seguridad no es una prioridad, y tampoco lo es el tema de la gobernanza porque no se están destinando los recursos para garantizar el Estado de derecho en el país”, indicó Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público en México Evalúa.

El especialista explicó que lo que ven es que algunos índices de violencia han aumentado, la población ha crecido, pero los recursos no, lo que afecta la seguridad de la ciudadanía.

• “Tener menores recursos significa invertir menos en policías civiles, en instancias que brinden seguridad a las personas y esto al final afecta a la ciudadanía porque no se cuenta con lo necesario para garantizar su seguridad”, destacó el especialista.
• Lo propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para garantizar el Estado de derecho alcanzará 331.3 mil millones de pesos, apenas 2.5% más que en 2025, pero 97 mil millones por debajo del máximo registrado en 2015.

El organismo destaca que, en proporción a su economía, México gasta lo mismo que países seguros como Noruega, pero enfrenta niveles de violencia superiores a Colombia.

• México Evalúa detalla que, al excluir transferencias no relacionadas con seguridad (como fideicomisos de infraestructura de la Defensa Nacional), el gasto efectivo en Estado de derecho representa el segundo nivel más bajo en los últimos 15 años.
• De acuerdo con Ángel Ruiz Tovar, investigador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad, existe un contraste severo entre la disminución de recursos para seguridad pública.

El estudio muestra que los tres componentes principales del presupuesto destinado a garantizar el Estado de Derecho presentan recortes significativos respecto a su punto máximo histórico:

• Asuntos de Orden Público (policías civiles): 62.3 mil millones de pesos, 31% menos que hace 12 años.
• Seguridad Nacional (Sedena y Marina): 138.4 mil millones, 20% por debajo de 2015.
• Justicia: 130.6 mil millones, una caída de 28% respecto a 2016.

Jorge Cano advirtió que esta tendencia prolongada de desinversión en seguridad y justicia limita la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar delitos.

En México preocupan desapariciones y negación de la participación del Estado en crisis de derechos humanos

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo heredó y mantiene graves problemas en materia de derechos humanos en México, entre ellos la violencia criminal extrema y los graves abusos cometidos por el Ejército, además de una crisis de personas desaparecidas que persiste y se profundiza, destaca el Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch (HRW).

“Miles de personas siguen desapareciendo cada año en México, con un total oficial en 2025 que supera las 130 mil personas (incluye los casos denunciados desde 1952). Las autoridades no han tomado medidas suficientes para prevenir estas desapariciones y exigir que los responsables rindan cuentas ante la justicia”, advierte el documento.

El reporte recuerda que a poco tiempo del hallazgo del Rancho Teuchitlán en Jalisco, en marzo de 2025, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas inició, por primera vez en su historia, un examen derivado de la aplicación del artículo 34 de la Convención internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas a fin de determinar si son generalizadas o sistemáticas en México.

Pese a que como respuesta la presidenta Sheinbaum negó que existiera desaparición forzada desde el Estado, quienes buscan a personas cuyo paradero se desconoce siguen corriendo peligro. En septiembre, organizaciones de derechos humanos informaron que en 2025 fueron asesinadas ocho personas en busca de desaparecidos. Desde 2010, se ha documentado el asesinato de más de 20 personas buscadoras.

• Hasta hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza 131 mil 956 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales el 60 % son hombres. Las entidades que encabezan la estadística son el Estado de México con 14 mil 718, Tamaulipas con 13 mil 657 y Jalisco con 12 mil 768.

“Preocupa de manera muy grave la situación de desapariciones forzadas, en donde seguimos teniendo 130 mil personas y sobre todo un ataque frontal de la administración Sheinbaum para no reconocer la desaparición como un fenómeno estructural en México; en paralelo, desde la herencia de la administración AMLO, y de manera muy desafortunada continuada por la administración Sheinbaum, un proceso de erosión democrática”, apuntó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW durante la presentación del documento.

Esto en un contexto donde hasta 2024, México se situaba en una tasa de homicidios de 25 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo, mientras se estima que alrededor del 70 % de las armas de fuego recuperadas en escenas del crimen en el país proceden del tráfico ilegal desde Estados Unidos. Sin embargo, en junio la corte de justicia estadounidense desestimó una demanda de México contra algunos fabricantes.

Por otro lado, HRW subraya que la impunidad sigue siendo generalizada, pues los fiscales resuelven aproximadamente solo uno de cada 10 homicidios intencionales que investigan, “en muchos casos con pruebas que han sido alteradas, falsificadas u obtenidas mediante amenazas o tortura”. Las fiscalías siguen careciendo de investigadores calificados, materiales, recursos básicos y protección adecuada para llevar a cabo su trabajo.

• Además, la Organización Mundial contra la Tortura sostiene que esta sigue siendo una práctica generalizada en México: el Instituto Federal de la Defensoría Pública ha documentado 3 mil 177 incidentes denunciados como actos de tortura, que afectaron a 4 mil 100 víctimas entre 2019 y 2025, añade el documento.
• En tanto, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado en dos ocasiones a México que elimine la prisión preventiva oficiosa, el Congreso aprobó una serie de leyes para ampliarla, en un país en el que alrededor de un 40 % de las personas privadas de la libertad no tiene sentencia.

HRW también pone de relieve que el gobierno mexicano ha seguido ampliando el uso del Ejército en tareas de seguridad pública y civiles. Entre los diversos casos de abusos, recuerda el asesinato de dos niñas, de 7 y 11 años, en Sinaloa; la acusación de violación a una niña de 9 años por parte de un militar, y la negativa del Ejército a entregar los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa.

“El bienestar material no reemplaza al Estado de derecho”

Entre los datos que recupera el informe de HRW destaca que 13 millones de personas salieron de la pobreza durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras al mismo tiempo comenzó un proceso de retroceso democrático que socavó la independencia judicial, la transparencia y el Estado de derecho.

• Durante la presentación del informe, Goebertus; Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), y Denisse Dresser, del ITAM, hicieron énfasis en la importancia de comprender que el bienestar material no sustituye al Estado de derecho, ni los derechos son intercambiables.

“Comer bien no compensa vivir sin justicia, recibir apoyos no reemplaza la protección frente a los abusos del poder. Los derechos no son intercambiables, y esa es una lección que el gobierno mexicano ha preferido ignorar. Human Rights Watch documenta un patrón que ya no es nuevo, pero sí más visible: la militarización de la seguridad pública con fuerzas armadas involucradas en tareas civiles sin controles efectivos”, señaló Dresser.

Ante la realidad de la mejora en los índices de pobreza, los otros temas se desvanecen y los derechos humanos dejan de ser importantes en comparación, criticaron los panelistas. Consideraron necesario combatir ese discurso constantemente y evidenciar el costo que produce esa falsa dicotomía.

• En tanto, Sánchez subrayó que en México persiste una crisis de derechos humanos y describió el andamiaje legal e institucional que se ha modificado para facilitar que aumenten los riesgos de persistencia de diversas violaciones a derechos humanos. En ese sentido, MUCD ha detectado en los últimos años 18 reformas regresivas para los derechos humanos.
• Esto quiere decir que se trata de modificaciones al modelo de seguridad y justicia mexicano que tienen, principalmente, tres efectos negativos: aumentan la capacidad del Estado para actuar de manera arbitraria, incrementan los riesgos para que las personas puedan ser victimizadas o abusadas, y limitan la capacidad de las víctimas para acceder a la justicia y a mecanismos de defensa de los derechos humanos.

Entre ellas han estado las que apuntan a militarizar la política de derechos humanos, lo que inició con la transferencia y ampliación de facultades de la Guardia Nacional. Particularmente, otorgarle capacidades de investigación contradice uno de los principios más importantes en materia de derechos humanos: que los civiles investiguen a civiles.

Por otro lado, varias reformas han derivado en consolidar una excepcionalidad legal para los militares, añadió Sánchez, como darles facultades para intervenir las comunicaciones privadas o permitir las operaciones encubiertas, que anteriormente ya habían sido anuladas por la Corte. Aunado a ello, criticó que las reformas constitucionales no sean impugnables.

• En tanto, la reforma judicial, dijo, tendrá un efecto pernicioso sobre las víctimas de delitos, pues prevé la sustitución de más de 600 jueces penales, lo cual implica que habrá juicios orales que quedarán vacantes y tendrán que reiniciarse; con esto también se violan derechos humanos de las víctimas. Además, se espera que para 2027 otros mil 81 jueces sean removidos.

A juicio de la organización, se han perdido los últimos controles que le quedaban a la Constitución, y en particular preocupan las reformas a la Ley de Amnistía, que anteriormente contemplaba una restricción para que no pudiera aplicarse en caso de violaciones a los derechos humanos, la cual dejó de existir.

En el capítulo México de su informe, HRW recuerda que en octubre de 2024 México fue elegido integrante del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2025-2027, y concluye que si bien ha apoyado esfuerzos para promover un tratado sobre crímenes contra la humanidad, se ha mostrado ambivalente respecto a algunas de las situaciones más críticas en materia de derechos humanos en América Latina, excusando la doctrina de “no intervención”./Agencias-PUNTOporPUNTO