Narco casas del bienestar Sol Yucatán

• Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum prioriza la asignación masiva de contratos y el anuncio de obras iniciadas sobre las llaves, efectivamente entregadas, la falta de verificación inmediata y las metas móviles abren las puertas a severas anomalías estructurales en el control documental del Programa de Vivienda para el Bienestar.
• La reciente sanción del Tesoro de EE.UU. a la célula financiera del CJNG, encabezada por el contador Óscar Guillermo Juraidini, expone cómo el crimen organizado utiliza empresas de transporte, casas de cambio y vehículos de bienes raíces para inyectar capital ilícito en las mayores bolsas de contratación pública del Estado.
• Los registros contables revelan que la constructora pública del gobierno de Sinaloa, bajo la gestión de Rubén Rocha Moya, realizó transferencias directas y sin contrato a la red sancionada por la OFAC, confirmando el primer cruce documentado entre las finanzas del Cártel y los recursos de la administración federal.

Simón Levy/La Opinión de México

Ciudad de México.- El Tesoro de EE.UU. sancionó al cerebro financiero del CJNG y a su red: Una casa de cambio, transportistas y dos vehículos inmobiliarios. Y escribió el mecanismo: El crimen paga campañas, coloca funcionarios y busca contratos del Estado para lavar. Del otro lado, está la mayor bolsa de contratos del sexenio de Claudia Sheinbaum: 1.8 millones de casas. Esta investigación documenta, la arquitectura completa, los puentes ya probados entre esa red y el Estado, y da a conocer el cruce que el autor ya denunció ante la autoridad.

DENUNCIA PRESENTADA

Contra la presidenta Claudia Sheinbaum, responsable última del programa; El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza; los titulares del Fovissste, de Sedatu y de Conavi; y el gobierno de Sinaloa. Cada acusación, atada a la conducta documentada en los capítulos de este sitio. Los denunciados conservan la presunción de inocencia.

Antes de empezar

esta investigación, en un minuto…

Si sólo se lee una cosa, hay que leer esto. El resto es la prueba, capítulo por capítulo, de estas cuatro frases.

1.- El gobierno de Claudia Sheinbaum prometió 1,800,000 casas. En todo 2025 entregó alrededor de 6,401. El «avance» que se anuncia son obras iniciadas, no llaves en manos de familias.

2.- Las anomalías no son de un Estado: Se repiten. Y muchas casas se levantan donde la propia norma admite que no hay drenaje ni gas. Padrón con fraude admitido en Morelos. Cobros irregulares a constructores en Nuevo León. Contratos firmados contados como casas en Veracruz. Presupuesto sin ejercer a nivel nacional. Terrenos en litigio que frenan entregas.

3.- El dinero corre por la Financiera y el Banco del Bienestar con verificación al final. Los contratos de obra (50,000 millones de pesos en 2025) fueron a dar, en parte, a ex contratistas de Pemex y a un predio de la familia política del director del Infonavit. Y el propio Instituto dejó por escrito un esquema interno de venta múltiple de las mismas casas.

4.- El 30 de junio de 2026, el Tesoro de EE.UU. sancionó a la red financiera del CJNG (con dos vehículos inmobiliarios adentro) y escribió que los cárteles pagan campañas y buscan contratos del Estado para lavar. La mayor bolsa de contratos del Estado es este programa de vivienda. Y el primer cruce ya está documentado: La constructora pública de Sinaloa pagó a una empresa de la red sancionada, sin contrato. El autor no pide investigar: Entregó la investigación ante la autoridad. Aquí están sus hallazgos y su validación.

Regla base de esta casa: Cada dato lleva su nivel. Hecho es cifra oficial con fuente. Fuente es de donde sale. Análisis es lectura del autor, no sentencia. Rige la presunción de inocencia para toda persona nombrada.

Aviso: Esta investigación documenta un programa público y su ejecución. Las menciones a funcionarios se limitan a su cargo, trayectoria pública y declaraciones públicas. No se afirma la comisión de delito por persona alguna. Los estatutos y acciones de Estados Unidos se citan como marco analítico y herramienta educativa, no como imputación.

UN DERECHO, NO UN NEGOCIO

El Programa de Vivienda para el Bienestar es el compromiso número 48 del gobierno federal. Su meta declarada: construir vivienda social para quien gana entre uno y dos salarios mínimos.

Cómo funciona. Dos brazos. El Infonavit construye para derechohabientes con seguridad social. La Conavi atiende a quienes no la tienen, con crédito a tasa cero a pagar hasta en 30 años, donde la mensualidad no rebasa el 30 por ciento del ingreso. Se suma el Fovissste para trabajadores del Estado. La casa tipo: 60 metros cuadrados, dos recámaras, precio máximo cercano a 630,000 pesos.

El cambio de fondo. En diciembre de 2024 se reformó la ley para permitir que el Infonavit compre suelo y construya vivienda, algo que antes no hacía. En 2025 nació su empresa filial, Infonavit Constructora, S.A. de C.V. El Estado pasó de financiar a edificar. Es decir: el Estado se volvió comprador de tierra, contratante de obra y vendedor de casas, todo al mismo tiempo.

El diseño es ambicioso y el derecho es legítimo. La pregunta no es si debe existir. Es cuánto de lo prometido llega, y por dónde pasa el dinero.

LA META QUE NO DEJA DE MOVERSE

Una meta seria se fija una vez y se mide contra ella. Esta cambió de tamaño al menos cuatro veces en dieciocho meses, y no siempre hacia el mismo número.

ANÁLISIS

1,800,000

Cuando el objetivo se agranda solo, el avance se cumple sin construir de más.

Ampliar la meta sube el numerador de la promesa, no el de la entrega. A escala estatal el patrón se repite: Durango pasó de 11,200 a 34,745; Morelos de 14,400 a 33,000. Mismos predios, meta mayor. El autor denunció el patrón ante la autoridad y aquí lo da a conocer.

INICIADA NO ES ENTREGADA

El gobierno cerró 2025 celebrando 390,983 viviendas en construcción, 101 por ciento de la meta anual de arranque. Es cierto y es verificable. También es incompleto.

Arranque de obra no es una familia con llaves. Al cierre de 2025, las entregas reales rondaban las 6,401 viviendas, sobre una meta sexenal de 1,800,000. La Conavi entregó su primer conjunto en Durango a 16 familias. En junio de 2026, la propia autoridad reconoció retrasos en las entregas y los atribuyó a la construcción por etapas y a que, en algunos estados, los terrenos asignados siguen en proceso legal.

LA BRECHA 2025 · ANUNCIADO COMO AVANCE VS ENTREGADO

384,582 viviendas reportadas en avance que en 2025 no llegaron a una familia

*ANÁLISIS* · No implica desvío. Implica que el indicador que se comunica al público (obra iniciada) no es el que le importa a la familia (llave entregada). Medir por lo segundo es lo que quedó denunciado.

CÓMO SE ARMA LA LISTA

Del volante a la tarjeta, seis pasos. Toca cada uno. En el papel hay filtros; en el campo, el control documental llega al final, no al inicio.

Paso 1 · Convocatoria

La Conavi abre convocatoria en un polígono prioritario. Se instalan módulos de registro. En Morelos opera además un canal estatal, Hábitat Morelos. HECHO: en 2025 la primera etapa nacional cerró con 161,000 personas registradas.

Paso 2 · Registro 30 min

En Cuautla el trámite inicial se hace en el predio en cerca de 30 minutos y entrega un primer convenio como posible adquirente. ANÁLISIS: un registro rápido con verificación posterior traslada el control documental al final del proceso, no al inicio.

Paso 3 · Padrón preliminar

Cuando la demanda supera la oferta, la Conavi define el padrón por sorteo. HECHO: 16-17 dic 2025 se realizaron 154 sorteos para asignar 31,934 viviendas en 147 municipios, sobre 161,000 registrados. Sobredemanda cercana a 5 a 1.

Paso 4 · Validación

Tres filtros socioeconómicos deben excluir a quien tenga seguridad social o ingreso superior a dos salarios mínimos. HECHO: el coordinador estatal de Hábitat Morelos reconoció en declaración pública al menos cuatro casos con datos alterados para calificar.

Paso 5 · Financiera del Bienestar

El subsidio Conavi puede integrarse a un mecanismo financiero administrado por la Financiera para el Bienestar (Finabien), que otorga y cobra los créditos a tasa cero. ANÁLISIS: el recuperado se recicla en una bolsa para nuevos créditos.

Paso 6 · Banco del Bienestar

El apoyo de mejoramiento (40,000 pesos) se entrega directo por tarjeta del Banco del Bienestar bajo un modelo de confianza con supervisión mínima. 100,000 apoyos x 40,000 = 4,000 mdp. ANÁLISIS: dispersión masiva de efectivo con verificación posterior.

Caso de estudio

MORELOS, EN 30 MINUTOS

Morelos concentra las señales que esta investigación denunció: registro veloz, meta que se duplica y fraude reconocido por la propia autoridad.

Lo iniciado. La Conavi construye 1,903 casas en ocho predios. En Cuautla, 1,040 viviendas en cuatro polígonos, con meta de 1,600. El Infonavit suma 528. Todo con el respaldo del programa estatal Hábitat Morelos.

El registro exprés. En el desarrollo Muxcu de Cuautla, el trámite inicial se hace en el predio en cerca de 30 minutos y entrega un primer convenio como posible adquirente. Ágil para la gente. También traslada la verificación documental al final.

Las cifras que no cuadran. La gobernadora habló de 320 casas listas antes de febrero de 2026. Otra comunicación estatal habló de las primeras 96 antes de terminar 2025. Y la meta estatal saltó de 14,400 a 33,000. Tres números oficiales para el mismo esfuerzo.

El fraude reconocido. El coordinador estatal de Hábitat Morelos declaró públicamente que se detectaron al menos cuatro casos de personas que alteraron datos para calificar, algunas con seguridad social e ingresos por encima del tope. Lo dijo la autoridad. Confirma que el riesgo de padrón inflado es real; el autor denunció su tamaño y aquí lo mide.

El patrón nacional

NO ES MORELOS. ES EL SISTEMA

Estado por estado, las mismas grietas: metas que crecen solas, contratos contados como casas, cobros irregulares a constructores, terrenos en litigio, presupuesto sin ejercer y una cartera histórica podrida. Ocho expedientes, cada uno con su fuente.

Nuevo León

55,000 prometidas, 839 por entregar y un «modus operandi»

HECHO. La federación prometió 55,000 viviendas en 23 municipios. Las primeras entregas anunciadas antes de febrero de 2026: 839. Para toda esa demanda, se habilitó un solo módulo de registro Conavi, en Linares, que cerró el 2 de octubre. En paralelo, la cámara estatal de la vivienda (Canadevi NL) denunció que desarrolladores enfrentan cobros irregulares municipales de entre 2 y 3 por ciento del valor de los proyectos, descritos por su presidente como un modus operandi que incluye pagos en dinero y en especie: tierra, participación en desarrollos o unidades habitacionales. ANÁLISIS. Si construir vivienda social exige pagar peajes irregulares, ese costo termina dentro del precio que paga el programa. Cada permiso quedó denunciado para su investigación.

Veracruz

Contratos firmados contados como cumplimiento

HECHO. Meta sexenal estatal: más de 102,000 viviendas. El 23 de enero de 2026, en evento encabezado por la presidenta Sheinbaum y la gobernadora Nahle, la Sedatu presentó «más de 40 mil viviendas con contratos y convenios firmados» como «cerca del 40 por ciento de cumplimiento de la meta». Ese día se entregaron 200 casas de un desarrollo de 1,040. ANÁLISIS. Un contrato firmado no es una casa. Contar convenios como cumplimiento infla el avance con papel. Con la regla de esta investigación (llaves entregadas), el avance de ese evento fue 200 sobre 102,000: 0.2 por ciento.

Durango

La meta que creció 210 por ciento y la entrega de 16 llaves

HECHO. La meta estatal pasó de 11,200 a 34,745 viviendas. Durango fue el escenario de la primera entrega nacional del programa: 16 familias. ANÁLISIS. Es el retrato del patrón completo en un solo estado: la promesa se triplica mientras la entrega arranca en dos dígitos.

Quintana Roo

El litigio de la tierra y la balanza inclinada

HECHO. En Benito Juárez (Cancún), un comité vecinal presentó denuncia ante la Fiscalía estatal contra la titular municipal de vivienda por presunto favoritismo en un litigio de tierras. Según la denuncia, las búsquedas en el Registro Público de la Propiedad y Catastro no arrojaron registro que vincule al presunto propietario con el predio, y los indicios apuntan a terrenos de la Nación. ANÁLISIS. El insumo más crítico del programa es la tierra. Donde la tenencia es opaca, la vivienda social se construye sobre arena jurídica. Rige la presunción de inocencia; el caso quedó denunciado y la resolución corresponde a la Fiscalía.

*Chiapas*

El estado con más rezago, sin meta desglosada

HECHO. El diagnóstico federal ubica a Chiapas con 69.9 por ciento de viviendas en rezago habitacional, casi el triple del promedio nacional de 24.3. Entre 350 mil y 550 mil viviendas carecen de escrituras. ANÁLISIS. Donde más se necesita el programa es donde menos meta publicada existe. La ausencia de cifra estatal firme para la entidad más rezagada del país es, en sí misma, el hallazgo.

Nacional · presupuesto

36 por ciento del subsidio Conavi 2025 sin ejercer al corte

HECHO. En el esquema Subsidio 100% Conavi del Programa de Vivienda Social, el monto aprobado para 2025 fue de 392.7 millones de pesos; al corte de diciembre quedaban 143.0 millones por ejercer, el 36 por ciento. Además se dejaron de reportar 37 acciones rescindidas con 6.18 millones ya ejercidos. ANÁLISIS. Mientras el discurso pide más meta, la propia ventanilla no logra ejercer lo aprobado. Y las acciones rescindidas con dinero ejercido son la definición contable de recurso que salió y obra que no quedó.

Nacional · cartera

844 mil viviendas podridas detrás del mostrador

HECHO. El propio Infonavit identificó alrededor de 844 mil viviendas vinculadas a créditos muy deteriorados: 131 mil involucradas en juicios masivos y 216 mil adjudicadas. Para dimensionarlo firmó un convenio con la Secretaría del Bienestar (24 mar 2025) para un Censo-Dictamen. ANÁLISIS. La institución que promete construir 1.2 millones de casas nuevas arrastra un inventario judicializado de casi la misma escala. Sanear una cartera así, con notarios y valuadores señalados por la propia casa, exige controles que hoy no están demostrados.

Nacional · el timón

De Pemex al Infonavit: el mismo timón

*HECHO*. El director general del Infonavit desde 2024 dirigió Pemex entre 2018 y 2024, los años en que, según el Tesoro de EE.UU., el robo y contrabando de combustible creció hasta ser la segunda fuente de ingresos del crimen organizado, con pérdidas de decenas de miles de millones de dólares para el Estado mexicano. ANÁLISIS. No se afirma responsabilidad personal alguna; rige la presunción de inocencia. Se registra un dato institucional: la misma conducción que no contuvo el saqueo de la petrolera administra hoy la mayor bolsa de contratos de vivienda del país. La pregunta obligada es qué control cambió.

Los contratos

A QUIÉN LE DIERON LA OBRA

Entre enero y septiembre de 2025, el Infonavit adjudicó 96 contratos para 100,000 viviendas por cerca de 50,000 millones de pesos a 59 empresas. Trece grupos concentran 14,212 millones. Este capítulo abre esos contratos.

El modelo. Llave en mano, a precio alzado: la empresa consigue el suelo, urbaniza, construye y entrega; el Instituto paga directo. Y el suelo no se paga por metro cuadrado: el Infonavit paga 50,000 pesos por cada vivienda que quepa en el terreno. La densidad, no la ubicación, define cuánto gana el dueño de la tierra.

La empresa que firma. Infonavit Constructora, S.A. de C.V., constituida el 20 de marzo de 2025 con acta firmada por el director general del Instituto. Su apoderado legal es el secretario general del Infonavit, hombre cercano al director desde Pemex y su socio en una sociedad ganadera en Comalcalco, Tabasco. MCCI documentó además que es cuñado de un hermano del expresidente y que supervisó obras con irregularidades por más de 100,000 millones de pesos en su paso por la petrolera. El director de la constructora es un ingeniero agrónomo que dirigía la filial de fertilizantes de Pemex; en los contratos firma como responsable de supervisión y ejecución. Su mandato 2026: contratar al menos 400,000 viviendas.

Los ganadores. Al menos tres grupos empresariales que fueron contratistas de Pemex durante la gestión del hoy director del Infonavit recibieron contratos de vivienda por 4,488 millones de pesos. Uno de ellos firmó su contrato el 8 de mayo de 2025; una semana después, su transportista de hidrocarburos suspendió operaciones porque Pemex no le pagaba desde 2024. Otro adjudicatario fue asesor de la oficina de la dirección general de Pemex y obtuvo casi 1,000 millones para 1,752 viviendas mediante una empresa sin experiencia rastreable en construcción: su único antecedente público en la Plataforma Nacional de Transparencia es la licencia de una casa de 598 metros cuadrados.

La tierra de la familia. En Huimanguillo, Tabasco, un predio de 17 hectáreas propiedad de la consuegra del director general, exdiputada federal de Morena, quedó integrado al contrato CO-PVB-070-2025 para 1,854 viviendas por más de 1,018 millones de pesos. Con la regla de 50,000 pesos por casa comercializada, la propietaria del suelo recibiría cerca de 92.7 millones de pesos. En otro predio tabasqueño, las vendedoras del suelo recibirían 227.1 millones bajo la misma fórmula. Comprar y vender tierra es legal; el conflicto de interés es lo que quedó denunciado.

El contraste. Las grandes desarrolladoras de vivienda quedaron casi fuera: solo una obtuvo un contrato, por 545 millones, y la mayor del país declinó participar en 2026. Con apenas 20 por ciento de la meta adjudicada en 2025, la cartera de constructores predilectos ya está dibujada.

El desierto alrededor

CASAS SÍ, CIUDAD NO

México ya vivió esta película. Se construyeron millones de casas baratas lejos de todo, y la gente las abandonó. La Sedatu lo cuantifica: 650,000 viviendas abandonadas por las políticas anteriores, con la lejanía a los centros de trabajo entre las causas. La pregunta de este capítulo: qué impide repetirlo.

La promesa llegó después que la obra. El Plan Nacional de Vivienda 2026-2030, el documento que promete ubicación intraurbana, agua, drenaje, transporte y cercanía al empleo, se publicó en el Diario Oficial el 14 de abril de 2026. Para entonces, el gobierno ya había iniciado 390,983 viviendas y sorteado 31,934. Primero se puso el ladrillo; un año después, el plan que decía dónde ponerlo.

La norma admite el vacío. Los criterios técnicos oficiales del programa lo dicen sin sonrojarse: en zonas sin red de drenaje, el baño operará con fosa séptica, biodigestor o baño seco; si no hay acceso a gas, se instala estufa ecológica. Traducido: el programa contempla, por diseño, construir donde las redes no existen. No es un accidente de ejecución. Está escrito en la regla.

El círculo de la marginación. La Conavi construye en polígonos prioritarios definidos por las Zonas de Atención Prioritaria: municipios y áreas de alta o muy alta marginación y rezago social. La marginación se mide, entre otras cosas, por la falta de servicios. Es decir: el criterio de entrada para construir es, precisamente, que alrededor falten servicios.

La aritmética empuja a la periferia. Precio tope de 600,000 a 630,000 pesos por casa. Suelo pagado a 50,000 pesos por vivienda que quepa. Densidades de 120 a 180 por hectárea. Constructores de Baja California ya declararon inviable el precio tope y pidieron 16 por ciento más. Con el precio fijo y los materiales subiendo, la única variable de ajuste que queda es la tierra. Y la tierra barata está lejos.

El inventario que nadie quiso. El país carga 6.1 millones de viviendas deshabitadas según el último censo, y el propio Infonavit arrastra 844,000 vinculadas a créditos muy deteriorados. Su plan institucional promete no repetir el modelo periférico y desconectado «que derivó en su abandono». La promesa está escrita. El mecanismo económico apunta en sentido contrario.

La tercera pata

FOVISSSTE: PAGAR POR UNA CASA QUE NUNCA LLEGÓ

La tercera pata del programa carga su propio expediente. Y no lo dice el autor: lo dice la propia vocal ejecutiva del Fondo.

Las denuncias. En abril de 2026, el Fovissste informó haber interpuesto 33 denuncias penales ante la FGR contra desarrolladores inmobiliarios por adjudicar casas inconclusas, entregar propiedades distintas a las escrituradas o no entregar viviendas ya liquidadas. El monitoreo de su cartera de 840,000 créditos detectó más de 300 casos que se arrastran desde los años noventa: trabajadores del Estado con décadas de descuentos salariales sin recibir jamás la casa. Al corte, 57 expedientes resueltos.

El antecedente. No es nuevo. En 2010, legisladores cuestionaron públicamente a la entonces dirección del Fondo por un presunto fraude de 578 millones de pesos derivado de 4,409 créditos de vivienda. El patrón de fraude con créditos del Estado tiene un cuarto de siglo de historia documentada en la propia Cámara de Diputados.

El presente. En diciembre de 2025 la institución alertó por falsos gestores y coyotes que cobran por trámites gratuitos y prometen sorteos inexistentes, usando el nombre del programa. La demanda social del programa es tan grande que ya generó su propio mercado negro de acceso.

A esta máquina, con 33 denuncias penales activas y 300 casos históricos abiertos, el programa le encargó 100,000 viviendas nuevas.

*El dinero

FINABIEN, EL BANCO DEL BIENESTAR Y LA CONFIANZA

El programa mueve subsidio y crédito por dos ventanillas del Estado, no por la banca comercial. Eso define quién vigila el flujo.

Finabien. La Financiera para el Bienestar administra el mecanismo que otorga y cobra los créditos a tasa cero. Lo recuperado entra a una bolsa que financia nuevos créditos. Es la tubería central del dinero Conavi.

El Banco del Bienestar. El apoyo de mejoramiento se entrega directo por tarjeta, bajo un modelo declarado de confianza: hay supervisión, pero el gobierno deposita en el beneficiario el buen uso del recurso. Cien mil apoyos por 40,000 pesos suman 4,000 millones dispersados con verificación posterior.

El precedente que pesa. Cuando el Tesoro de EE.UU. bloqueó en junio de 2025 a tres instituciones financieras mexicanas por lavar para cárteles, sus negocios fiduciarios se trasladaron de emergencia a la banca de desarrollo del Estado. Es decir: la banca pública mexicana ya absorbió, por decisión oficial, el flujo de instituciones marcadas por lavado. La pregunta de esta investigación es si sus controles crecieron al mismo ritmo que sus responsabilidades.

Dispersión masiva, baja fricción, verificación al final. Es eficiente para llegar rápido. Es también la firma de un canal que un supervisor antilavado marca en amarillo.

Reconocido por la casa

EL FRAUDE QUE EL PROPIO INFONAVIT DOCUMENTA

No es una acusación del autor. Es el propio Infonavit quien lo pone por escrito en un documento aprobado por su Asamblea General el 8 de diciembre de 2025.

El texto describe un esquema fraudulento: la venta de una misma vivienda en varias ocasiones, con participación de notarios públicos, peritos, despachos valuadores y trabajadores del propio Instituto. Menciona además la canalización irregular de recursos. Lo atribuye a administraciones pasadas y anuncia que se documentará, hará público y denunciará.

Si vender la misma casa varias veces fue posible con el control de ayer, la pregunta obligada es qué control impide repetirlo con el volumen de hoy.

La conexión

EE.UU., EL LAVADO Y LOS CONTRATOS DEL ESTADO

Aquí está la conexión, sin rodeos. No es una teoría del autor: son cinco eslabones, y los cuatro primeros están escritos por autoridades de Estados Unidos y de México.

El Tesoro lo escribió. El 30 de junio de 2026, OFAC y FinCEN publicaron que los cárteles usan sus ganancias del combustible ilícito para pagar en efectivo campañas políticas y medios en México, elegir políticos afines, controlar posiciones administrativas del gobierno y obtener acceso a contratos del Estado para lavar sus ganancias. Texto oficial, no interpretación.

La mayor bolsa de contratos del Estado es vivienda. 1,800,000 casas a un precio máximo de 630,000 pesos son, en aritmética simple, más de un billón de pesos en tierra, obra y proveeduría a lo largo del sexenio. No existe otra bolsa de contratos públicos de ese tamaño.

El lavado inmobiliario no es hipótesis: hay sancionados. En la misma acción del 30 de junio, entre las nueve empresas designadas por operar para el CJNG hay una inmobiliaria, una casa de cambio y transportistas. Y FinCEN enumera los bienes raíces entre las tipologías con que se lavan las ganancias del combustible.

La corrupción ya operó dentro del Estado mexicano, y en este gobierno. La red de huachicol fiscal documentada por la FGR y la Marina incluyó a un vicealmirante en activo, marinos, funcionarios de aduanas y empresarios, detenidos desde septiembre de 2025; el buque de Tampico descargó 10 millones de litros con papeles falsos. Y el propio Infonavit reconoció fraude interno con notarios, peritos y trabajadores. Los eslabones institucionales que el Tesoro describe ya existieron aquí.

El eslabón que falta es el que denuncié. El dinero del programa corre por Finabien y el Banco del Bienestar con verificación posterior; la tierra se compra rápido; los contratos se multiplican. Denuncié que existe duda razonable de que integrantes de la misma red sancionada del CJNG sí entraron al ecosistema del programa. No es hipótesis en abstracto: una constructora pública ya pagó a una empresa de esa red, sin contrato y sin padrón. Lo que DOJ, FinCEN y OFAC pueden verificar es el alcance: cuántas ventanillas más, en cuántos estados. Eso es lo que esta denuncia presentó.

CRONOLOGÍA · LAS CONSTANCIAS DE EE.UU. Y MÉXICO

31 mar 2025

Tampico. Marina, FGR, SSPC, Defensa y Guardia Nacional aseguran 10 millones de litros de diésel de contrabando del buque Challenge Procyon, declarado como aditivos. El mayor decomiso reciente.

25 jun 2025

FinCEN bloquea tres instituciones financieras mexicanas (dos bancos y una casa de bolsa) como preocupación principal de lavado para cárteles, bajo la Sección 311 del Patriot Act y la ley FEND Off Fentanyl. Dejaron de operar; sus fideicomisos pasaron a la banca de desarrollo del Estado.

7 sep 2025

Cae la red de huachicol fiscal dentro del Estado. Detención de un vicealmirante en activo y 13 personas más: marinos, funcionarios de aduanas y empresarios, según FGR y Marina. Documentos apócrifos y empresas fachada para introducir hidrocarburos.

17 dic 2025

OFAC sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder por robo de combustible: el huachicol no es de un solo grupo.

23 abr 2026

Argentina detiene al contralmirante prófugo de la misma red, para extradición, en operación con Interpol, FGR y Marina.

30 jun 2026

OFAC y FinCEN, acción conjunta. Dos personas y nueve empresas sancionadas (transporte, servicios financieros y bienes raíces) por operar para el CJNG. FinCEN reporta más de 160 reportes de actividad sospechosa por más de 7,000 millones de dólares en 12 meses, principalmente entre EE.UU. y México. Y el Tesoro escribe la frase de esta investigación: el crimen paga campañas y medios y busca contratos del Estado para lavar.

2 jul 2026

El primer cruce documentado. Denuncié la relación: la constructora pública del Gobierno de Sinaloa pagó 678,900 pesos a Ahavat, empresa de la red sancionada, sin contrato, sin padrón y sin CompraNet. Dinero público de un gobierno de Morena en la red del CJNG. Los registros contables lo confirman.

La tesis central

LA RED JURAIDINI: EL CJNG Y EL ESTADO

El 30 de junio de 2026, OFAC y FinCEN sancionaron a la célula financiera del CJNG detrás del huachicol fiscal: dos personas y nueve empresas. No son sicarios. Son un contador, una casa de cambio, transportistas y dos vehículos inmobiliarios. Este capítulo abre esa red, muestra sus puentes ya probados con el Estado mexicano y formula la pregunta que nadie ha respondido.

El cerebro. Oscar Guillermo Juraidini Silva, contador, señalado por el Tesoro como la mente financiera de la red: crea empresas fantasma, falsifica pedimentos aduaneros para evadir el IEPS y genera decenas de millones de dólares anuales para el cártel. Bajo su control, siete empresas de apariencia legítima: Centro Cambiario La Peseta (financiero), OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V. (inmobiliario), RK Real King, S.A. de C.V. (servicios comerciales e inmobiliarios), Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y Cucumber Sweet Waves Ltd (Reino Unido). El segundo sancionado, J. Refugio Ruiz Villagómez, opera Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, que movieron decenas de millones de dólares por el sistema financiero de EE.UU.

Los puentes con el Estado, ya probados. Primero: MCCI documentó que la hermana del sancionado, funcionaria federal desde agosto de 2019, es jefa del departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros, el cruce por donde habrían entrado millones de litros, y llegó a controlar el sistema del SAT que rastrea mercancías embargadas. Segundo: las comercializadoras del esquema operaban con permisos de la Comisión Nacional de Energía, sin los permisos de importación de la Secretaría de Energía. Tercero: Jomadi ya tenía indagatorias previas de la FGR por huachicol y siguió operando. La red no necesitó ganar una licitación para tocar al Estado: tenía la ventanilla, el permiso y el tiempo.

La reacción oficial. La UIF bloqueó las cuentas de los 11 sancionados y sumó 9 personas más de su propio análisis: México convalidó la lista. En paralelo, la presidenta Sheinbaum reprochó que Washington publicara sin comunicación conjunta, y el coordinador de Morena en el Senado exigió al Tesoro presentar pruebas ante la FGR. Bloquear y regatear al mismo tiempo: esa es la postura documentada del oficialismo.

El Tesoro describe el ciclo completo: efectivo a campañas, funcionarios colocados, contratos del Estado para lavar. Dos de las nueve empresas sancionadas son vehículos inmobiliarios. Y la mayor bolsa de contratos del Estado es un programa que compra suelo y casas.

El primer cruce, confirmado: dinero público de un gobierno de Morena a la red sancionada. Esta relación la denuncié ante la autoridad, y los registros contables la confirman: Preecasin, la constructora pública del Gobierno de Sinaloa, hizo tres transferencias por 678,900 pesos entre el 4 y el 23 de abril de 2024, desde una cuenta de Banorte, a Ahavat Logistics Solution, una de las nueve empresas que OFAC sancionaría como red del CJNG. Los registros contables solo dicen «pago de factura», sin bien ni servicio. Y el detalle que lo agrava: Ahavat no aparece en el padrón de proveedores ni en el CompraNet de Sinaloa. No hay contrato, licitación ni adjudicación que respalde los pagos. No es un contrato público a la red: es algo peor. Es dinero público sin contrato.

El contexto que pesa. Los pagos ocurrieron bajo la administración de Rubén Rocha Moya, gobernador de Morena hoy con licencia, señalado en una acusación del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por operar en beneficio de Los Chapitos; expediente en el que el autor presentó previamente una divulgación como whistleblower ante autoridades de EE.UU. Y la propia SSPC confirmó (16 jun 2026) que el CJNG financió y envió sicarios en apoyo de Los Chapitos en el sur de Sinaloa. El puente entre ambas redes no es especulación del autor: lo dijo el gabinete de seguridad.

Los hallazgos presentados. La relación de la red inmobiliaria sancionada con terrenos y su vínculo con el ecosistema de vivienda pública no son hipótesis de este sitio: son hallazgos que el autor presentó formalmente ante autoridades de Estados Unidos, en la línea del expediente donde ya obra su divulgación como whistleblower (In re Rocha Moya, S9 23 Cr. 180). Esto no es una petición de investigación. Es una investigación entregada. Las designaciones de OFAC del 30 de junio y los pagos documentados de Sinaloa validan la arquitectura denunciada. La matriz de abajo registra el estado público de cada línea del expediente, entidad por entidad.

HALLAZGOS DOCUMENTALES ADICIONALES · REGISTRO FEDERAL DE EE.UU. (ASIENTOS SDN, 30 JUN 2026)

Lo que los asientos oficiales dicen y nadie había leído. El Registro Federal publicó la ficha completa de cada entidad sancionada. Cuatro datos cambian el mapa:

1. La inmobiliaria del CJNG vive en Monterrey. OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V. está domiciliada en Monterrey, Nuevo León, constituida el 28 de noviembre de 2022, folio mercantil N-2023006827, giro oficial: actividades inmobiliarias con propiedad propia o arrendada. Es decir: OFAC la clasifica como dueña o arrendadora de inmuebles. Nuevo León es también el estado con la meta de vivienda más alta documentada en esta investigación (55,000 casas) y la sede del expediente de la FGR donde un juez devolvió a Juraidini camiones y combustible.

2. RK Real King nació ocho días antes del sexenio. Constituida en Querétaro el 23 de noviembre de 2018, folio mercantil N-2018095907, mismo giro inmobiliario propietario. El gobierno que terminó en 2024 tomó posesión el 1 de diciembre de 2018. La empresa inmobiliaria de la red se creó en la semana previa al cambio de régimen.

3. Una de las transportistas es Juraidini en persona. OF Transportes opera con el R.F.C. JUSO8409010VA: el registro fiscal de persona física de Oscar Guillermo Juraidini Silva (nacido el 1 de septiembre de 1984 en Tamaulipas, CURP publicada por OFAC). No hay velo corporativo que levantar: la empresa es él. Ese RFC es el identificador maestro para cruzar CompraNet, CFDI del SAT y padrones de proveedores.

4. Los folios son llaves públicas. Con los folios mercantiles publicados (Querétaro N-2018095907, Nuevo León N-2023006827, Matamoros 1610 de La Peseta, constituida el 1 de febrero de 2012), cualquier persona puede obtener del Registro Público de Comercio las actas con socios, apoderados y domicilios exactos. Esos domicilios son la base del cruce catastral con predios del ecosistema de vivienda que forma parte del expediente entregado.

LO PROMETIDO NO ES LO ENTREGADO. QUE SE AUDITE LA DIFERENCIA

Esta investigación acusa. Y acusa donde una acusación vale: ante la autoridad. Acuso a la presidenta Claudia Sheinbaum, responsable última del programa, por sostener una meta que se mueve y una operación sin verificación de entregas. Acuso al director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, por las adjudicaciones a sus ex contratistas de Pemex y por el contrato que integra el predio de su familia política. Acuso a los titulares del Fovissste, de Sedatu y de Conavi, por acción u omisión, por un padrón con fraude admitido, una cartera judicializada y 222 predios sin checklist de servicios. Y acuso al gobierno de Sinaloa por pagar dinero público a una empresa de la red sancionada del CJNG, sin contrato y sin padrón. La denuncia quedó presentada ante autoridades de Estados Unidos con cuatro exigencias: auditoría de entregas reales estado por estado, trazabilidad del flujo por Finabien y el Banco del Bienestar, revisión de la cadena de compra de tierra y permisos, y verificación de que ningún peso público se cruce con financiamiento ilícito. Los denunciados conservan la presunción de inocencia; procesar la denuncia es deber de la autoridad, no un favor.

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