Cámaras corporales para policías encabezan tres nuevas contrataciones en materia de seguridad en Panamá Infobae
El Gobierno de Panamá autorizó el inicio de tres procesos de precalificación para futuras contrataciones vinculadas a la seguridad pública, que abarcan desde la adquisición de cámaras corporales para los estamentos de seguridad hasta la modernización del Centro de Operación Nacional (CON C5) y un nuevo sistema para la emisión de documentos de identidad del Servicio Nacional de Migración.
Más allá del alcance tecnológico de los proyectos, las tres resoluciones comparten una característica que limitará el acceso a información clave de las contrataciones: los pliegos de cargos permanecerán bajo confidencialidad.
Las resoluciones de gabinete, publicadas este lunes en la Gaceta Oficial, autorizan tanto la precalificación de los proponentes como la reserva de los pliegos de precalificación y del futuro acto público, amparándose en el numeral 13 del artículo treinta y nueve de la Ley 22 de Contrataciones Públicas, que permite declarar confidenciales las adquisiciones sensitivas relacionadas con la seguridad y defensa del Estado cuando hayan sido previamente autorizadas por el Consejo de Gabinete.
Aunque la legislación contempla esta figura para proyectos considerados estratégicos, la decisión implica que el contenido de los pliegos de cargos —documentos donde normalmente se detallan las especificaciones técnicas, los criterios de evaluación, los requisitos de participación y buena parte de las condiciones de contratación— no estará disponible para consulta pública.
Solo las empresas autorizadas, previa firma de acuerdos de confidencialidad, podrán acceder a esa información mediante el sistema PanamaCompra.
El primero de los proyectos corresponde al suministro, implementación y gestión de cámaras corporales (bodycam) y de un sistema de evidencia digital para los estamentos de seguridad pública. L
a iniciativa busca fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública mediante un sistema integral de registro audiovisual, en cumplimiento de la Ley 466 de 2025, que hizo obligatorio el uso de estos dispositivos por parte de la Policía Nacional y estableció su marco regulatorio.
Según la resolución, el sistema permitirá registrar actuaciones policiales durante patrullajes, investigaciones, operativos, controles de tránsito, mediaciones, cumplimiento de órdenes judiciales y otras intervenciones.
Además, deberá administrar toda la evidencia digital generada por esas grabaciones, considerada un elemento fundamental para investigaciones penales, procesos administrativos y actuaciones disciplinarias.
El documento también precisa que la contratación no se limitará al suministro de las cámaras, sino que incluirá una plataforma tecnológica para almacenar, custodiar y gestionar las grabaciones, garantizando la preservación de la evidencia y su trazabilidad.
El Gobierno sostiene que divulgar detalles técnicos como la arquitectura del software, los métodos de comunicación, los puertos de conexión o las especificaciones de la plataforma podría comprometer la seguridad institucional y facilitar ataques cibernéticos.
Asimismo, recuerda que la Ley 466 fue creada para aumentar la transparencia de las actuaciones policiales, fortalecer la protección tanto de los ciudadanos como de los agentes y generar evidencia objetiva durante las intervenciones.
La nueva contratación, señala la resolución, busca dotar a los estamentos de seguridad de una solución tecnológica integral que permita cumplir plenamente con ese marco legal.
El segundo proceso está dirigido a la modernización del Centro de Operación Nacional (CON C5), plataforma encargada del monitoreo y la videovigilancia.
La contratación comprende el suministro, instalación, actualización, soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica con el objetivo de incorporar analítica avanzada e inteligencia artificial para ampliar la cobertura de vigilancia e integrar la información entre las distintas instituciones de seguridad.
La resolución hace un recuento de la evolución del sistema de videovigilancia en Panamá y recuerda que la Policía Nacional comenzó a utilizar esta tecnología en 2007, inicialmente en las zonas con mayor incidencia delictiva de las provincias de Panamá y Colón.
Sin embargo, sostiene que las nuevas amenazas obligan al Estado a evolucionar hacia un modelo de vigilancia más proactivo y predictivo, apoyado en inteligencia artificial y herramientas de análisis automatizado.
El Ejecutivo plantea que la nueva plataforma permitirá mejorar la interoperabilidad entre las distintas instituciones de seguridad y convertir la tecnología en un “multiplicador de fuerza" para enfrentar delitos como robos, asaltos, crimen organizado, narcotráfico y hechos de violencia.
El objetivo, añade el documento, es que el CON C5 opere bajo estándares internacionales de eficiencia, precisión y velocidad de respuesta.
Al igual que en el proyecto de las cámaras corporales, el Gobierno argumenta que mantener en reserva la información técnica busca proteger capacidades operativas, evitar que se comprometa la integridad del personal policial y preservar la eficacia de las herramientas tecnológicas que utilizarán los organismos de seguridad.
La tercera contratación está orientada al Servicio Nacional de Migración. En este caso se prevé el suministro, instalación, soporte y mantenimiento, por cinco años, de un sistema de personalización y emisión de documentos de identidad que será instalado en la sede principal de la institución.
La resolución explica que el objetivo es reemplazar el sistema actualmente utilizado para producir carnés de residencia, permisos de trabajo y otros documentos migratorios, el cual enfrenta nuevas exigencias derivadas de la evolución de los estándares internacionales de seguridad documental y de las crecientes técnicas de falsificación.
Entre las mejoras previstas se encuentran la incorporación de laminados de alta seguridad, elementos holográficos y otros mecanismos físicos y tecnológicos destinados a reforzar la autenticidad, integridad y trazabilidad de los documentos emitidos por la institución.
El Gobierno también advierte que la falta de contratos adecuados de mantenimiento representa un riesgo para la continuidad del servicio, razón por la cual la contratación incluye soporte técnico durante cinco años.
El documento añade que el sistema busca garantizar la confiabilidad institucional y reducir la exposición a fraudes documentales que puedan afectar el control migratorio y la seguridad nacional, considerando que estos documentos constituyen piezas críticas dentro del ecosistema de identificación del Estado panameño.
En los tres proyectos, el procedimiento comenzará con una etapa de precalificación en la que se evaluará la capacidad administrativa, financiera, técnica y los antecedentes legales de las empresas interesadas. Solo los proponentes que superen ese filtro podrán participar posteriormente en el acto público de selección del contratista.
Las tres resoluciones fueron aprobadas el mismo día por el Consejo de Gabinete y siguen prácticamente la misma estructura jurídica: autorizan la precalificación de empresas, declaran confidenciales los pliegos de cargos y justifican la reserva por razones de seguridad nacional, protección de capacidades operativas y prevención del uso indebido de información técnica especializada.
La utilización de este mecanismo se ha vuelto cada vez más frecuente durante la actual administración en las adquisiciones relacionadas con seguridad.
Aunque la normativa permite este tipo de procedimientos para compras sensitivas, su aplicación reduce el nivel de escrutinio ciudadano sobre aspectos esenciales de las contrataciones, como las especificaciones técnicas, los criterios utilizados para seleccionar a los oferentes y las condiciones bajo las cuales se adjudicarán proyectos que, por su complejidad tecnológica y su importancia estratégica, podrían representar inversiones de alto valor para el Estado.
