Los inmuebles de “El Padrino”, otra prueba para la justicia Elarsenal.net
Raúl Flores Martínez.
Una cadena de amparos, reposiciones y cambios de fecha mantiene abierta la posibilidad de que el “Bar Adelitas”, el “Hotel Coahuila” y el “Bar Valentina” sean devueltos a una empresa vinculada con la defensa de Juvenal “N”, alias “El Padrino”, señalado por autoridades federales como presunto dirigente de una red internacional de trata y explotación sexual.
El 15 de julio, a las 12:00 horas, el Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo deberá resolver si levanta el aseguramiento y entrega los establecimientos. La audiencia deriva de la causa penal 19/2023 y del amparo en revisión 176/2025, que ordenó reponer el procedimiento sin definir el destino de los bienes.
Juvenal “N” está recluido en el Cefereso 11 desde su captura en marzo de 2026. La recuperación de los inmuebles es promovida por Rubén Fernando Benítez Álvarez de Castillo, apoderado de Liga de Comercio Empresarial.
El litigio comenzó en mayo de 2023, cuando un juez federal ordenó levantar el aseguramiento. Las víctimas promovieron el amparo 642/2023 y, en enero de 2025, obtuvieron protección federal. La sentencia no garantizó que los bienes siguieran bajo control del Estado. Solo ordenó repetir la audiencia.
El Quinto Tribunal Colegiado confirmó esa decisión el 19 de marzo de 2026, anuló la resolución inicial y exigió una nueva determinación fundada y exhaustiva. El fallo no ordenó la devolución, pero tampoco declaró definitivo el aseguramiento.
La audiencia fue fijada primero para octubre, luego para septiembre y finalmente para julio. La jueza María del Carmen Mondragón Rodríguez consideró excesiva la demora y advirtió sobre medidas de apremio. Para el Ministerio Público y las víctimas, la aceleración genera inquietud por una posible ventaja procesal. Cumplir una sentencia de amparo, sin embargo, no prueba parcialidad judicial.
El problema de fondo es que, después de tres años, la justicia aún no define qué ocurrirá con inmuebles relacionados con una estructura de explotación sexual. Cada reposición o resolución contradictoria prolonga la incertidumbre y aumenta el riesgo de revictimización.
Fuentes federales aseguran que la FGR investiga la posible actuación irregular de funcionarios judiciales en Sonora y Baja California. Se busca determinar si hubo corrupción, amenazas, presiones o acuerdos indebidos. Hasta ahora no existen responsabilidades penales declaradas.
La audiencia del 15 de julio pondrá a prueba si el Poder Judicial puede corregir sus fallas sin convertir el debido proceso en una ruta para restituir activos presuntamente usados por una organización criminal.
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