La tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid no es el primer impuesto anulado: la plusvalía fue declarada inconstitucional hace cinco años Infobae
Estos días, Madrid se enfrenta a una situación similar a la de hace unos años. Al igual que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la tasa de basuras de la ciudad por vulnerar derechos de participación ciudadana, a finales de 2021 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el impuesto de plusvalía municipal, algo que obligó al Gobierno central a reformar urgentemente la normativa.
El fallo del TSJM, emitido este lunes, deja en el aire la recaudación de un tributo que afecta a cerca de 1,7 millones de inmuebles en la capital. La sentencia se centra en la falta de transparencia durante el proceso de aprobación de la tasa, al no publicarse los anexos del informe técnico-económico que justificaban su cálculo. Dicha tasa, que se implantó a finales de 2025, tiene como objetivo financiar la recogida y tratamiento de residuos, cumpliendo con las obligaciones estatales y europeas, y suponía un coste medio de unos 140 euros anuales por inmueble.
Impacto de la anulación de la plusvalía en contribuyentes y ayuntamientos
Y el precedente de la plusvalía en 2021 esclarece la magnitud de este revés. En octubre de aquel año, el TC anuló los artículos principales del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, argumentando que su sistema de cálculo objetivo vulneraba el principio constitucional de capacidad económica. La antigua normativa consideraba que siempre existía una ganancia patrimonial al transmitir un inmueble, independientemente de que en realidad no se hubiera producido, obligando a muchos contribuyentes a pagar un tributo injusto.
La sentencia 182/2021 del TC generó un vacío legal entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre de 2021, período durante el cual formalmente no se podía liquidar el impuesto. Ante esto, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 26/2021, que entró en vigor el 10 de noviembre de 2021 y que introducía un sistema de cálculo dual. Así, los contribuyentes podían optar entre un método objetivo, basado en el valor catastral, o la estimación directa sobre el valor real de venta, asegurando que quienes no obtuvieran ganancias no tuvieran que pagar la plusvalía.
Esta anulación afectó tanto a particulares como a la administración. Miles de contribuyentes revisaron sus liquidaciones y reclamaron devoluciones en caso de pérdidas, mientras que los ayuntamientos, incluido Madrid, tuvieron que adaptarse a la nueva normativa en tiempo récord, implementando herramientas y calculadoras para facilitar el cumplimiento.
Paralelismos entre plusvalía y tasa de basuras
Al igual que la plusvalía, la anulación de la tasa de basuras genera incertidumbre sobre el futuro del tributo y sobre la gestión administrativa. El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida deberá corregir la ordenanza y garantizar la transparencia exigida por el TSJM. La capital tendrá que determinar si modifica la tasa, reinicia el proceso de aprobación o busca fórmulas alternativas para financiar un servicio esencial. Aun así, el Consistorio puede recurrir la decisión judicial, lo que retrasaría la firmeza del fallo y, por tanto, su aplicación definitiva.
Al final, ambos casos vulneran derechos fundamentales, aunque desde perspectivas diferentes. Mientras que la plusvalía de 2021 cuestionaba la capacidad económica de los contribuyentes, la tasa de basuras de 2026 pone el foco en la participación ciudadana y en la obligación de los ayuntamientos de garantizar información completa y accesible antes de aprobar cualquier tributo. En ambos escenarios, la justicia actúa como freno ante decisiones administrativas que no cumplen con la legalidad.
