Pierde Sergio Mayer ante Gustavo Adolfo Infante: cuántos millones “perdió” el político tras resolución Infobae
El conflicto legal entre el actor y político Sergio Mayer y el periodista Gustavo Adolfo Infante concluyó con una resolución definitiva que exoneró al comunicador y dejó sin efecto la millonaria reclamación por daño moral.
La disputa, que duró casi un año y llegó hasta los tribunales federales, terminó por cerrarse el pasado 13 de mayo aunque se hizo pública hasta el jueves 14 del 2026, cuando tres magistrados negaron el amparo solicitado por el legislador.
Origen de la demanda: reclamo de 2.5 millones de dólares
El proceso judicial comenzó a mediados de 2023, cuando Sergio Mayer, entonces diputado de Morena, demandó a Gustavo Adolfo Infante en tribunales civiles. El actor reclamaba el pago de 2.5 millones de dólares —aproximadamente 50 millones de pesos— bajo el argumento de que el periodista lo difamó en diversas emisiones televisivas, afectando su reputación y provocando la pérdida de un contrato laboral de alto valor en la industria del entretenimiento.
Según Mayer, los comentarios de Infante en sus programas de espectáculos no solo dañaron su imagen, sino que tuvieron consecuencias económicas directas, ya que, aseguró, la supuesta difamación habría sido determinante para que una televisora cancelara su contratación.
Desarrollo del juicio: derrotas en primera y segunda instancia
El litigio avanzó por distintas etapas. En la primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México desestimó la demanda, argumentando que las pruebas presentadas por Mayer eran insuficientes e infundadas.
El fallo fue ratificado en segunda instancia, donde el tribunal de apelación consideró que no existía evidencia contundente que relacionara los comentarios del periodista con la pérdida económica alegada por el actor.
Ante estos reveses judiciales, la defensa de Mayer optó por una estrategia de amparos, presentando hasta cuatro recursos para intentar revertir la sentencia. Sin embargo, la mayoría de estos juicios de amparo fueron desechados por las autoridades debido a la falta de materia y sustancia jurídica.
Resolución definitiva: Infante, exonerado
La disputa llegó a su fin este 13 de mayo, cuando tres magistrados federales resolvieron de manera unánime negar el amparo directo final promovido por Sergio Mayer. Esta decisión cierra de forma definitiva el caso y deja a Gustavo Adolfo Infante completamente exonerado de la reclamación millonaria.
El propio Infante, junto con su abogado Alfonso Beceiros, confirmó en redes sociales que la justicia mexicana priorizó el derecho a la libertad de expresión y desestimó las acusaciones del diputado. Con esta resolución, Mayer no recibirá los 2.5 millones de dólares que exigía como indemnización por daño moral.
Contexto y repercusiones
- Monto reclamado: Mayer buscaba una compensación de 2.5 millones de dólares (unos 50 millones de pesos).
- Justificación: Alegó daño moral y pérdida de un contrato por supuesta difamación.
- Resolución: Tribunales civiles y federales desestimaron la demanda por falta de pruebas.
- Estrategia legal: Se promovieron cuatro amparos, todos rechazados.
- Decisión final: Tres magistrados federales negaron el último recurso y cerraron el caso.
Este fallo sienta un precedente relevante sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de figuras públicas al enfrentar críticas en medios de comunicación. La resolución reafirma que las opiniones emitidas en el contexto periodístico, cuando no se acredita un daño directo y comprobable, no constituyen una base suficiente para indemnizaciones millonarias.
Redes a favor de Gustavo Adolfo Infante
Tras darse a conocer la decisión, Gustavo Adolfo Infante celebró en redes sociales el resultado y agradeció a su equipo legal. Por su parte, Sergio Mayer no ha emitido comentarios públicos tras la resolución definitiva, aunque durante el proceso defendió su postura y aseguró que actuaba en defensa de su integridad y derechos.
El caso, ampliamente seguido en el ámbito del espectáculo y la política, muestra la complejidad de los litigios por daño moral en México y la importancia de acreditar con pruebas claras tanto la existencia del daño como su origen directo en las declaraciones mediáticas.
