Una prevención pendiente y urgente Heraldo de Aguascalientes

Existen temas tan políticamente incómodos que es muy complicado que medios de comunicación o el propio gobierno indague, sobre todo por miedo a ser catalogados como “traidores del pueblo”, y uno de ellos es la corrupción escolar. Más allá de señalar casos en concreto o personajes en concreto, lo cierto es que detrás del proceso de “revaloración docente” que hemos presenciado los últimos 7 años y la instalación de la Nueva Escuela Mexicana, existe un “elefante blanco” con relación a la implementación del programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN). Lo anterior no surge por casualidad, nace de la restructuración de la administración pública federal desde 2019, donde se promovieron las transacciones no condicionadas y directas, (como es el caso de las becas para el bienestar) pensando que con ello se combatiría la corrupción que hubo con los intermediarios de los programas. Eso, en teoría, no sucedió tal y como esperaban, pero la situación parece no preocuparle a nadie… al menos hasta que surja un desfalco significativo que orille a dichas autoridades y medios echarles un ojo.

Previo a abordar el problema que rodea LEEN, es importante recordar el caso del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB). Durante el sexenio de Felipe Calderón, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tuvo acceso ilimitado a este fondo, cuyo propósito original era mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas públicas; sin embargo, este dinero se usó para pagar a los “comisionados sindicales” del magisterio, quienes podían cobrar su salario como directores y, simultáneamente, llevar a cabo sus funciones como representantes (entre otros escenarios más que no fueron documentados), por un monto total de más de 30 mil millones de pesos. En 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció el interés legítimo de las familias a promover, a nombre de sus hijos los recursos legales correspondientes en contra del malgasto de estos recursos públicos, protegiendo su derecho a la educación, teniendo como representantes a los abogados de la asociación civil “Aprender Primero” (brazo legal de Mexicanos Primero). Este asunto tuvo tal magnitud que incluso fue uno de los precursores para la reforma fiscal de 2013.

¿Por qué retomamos este asunto? Porque el programa LEEN tiene un parecido al FAEB en cuanto al seguimiento de los recursos, con la diferencia de que el presupuesto asignado a los planteles se ejecuta a través de los “Comités Escolares de Participación Administrativa”, toda vez que su instalación y ejercicio requiere de la presencia de funcionarios de la SEP y la Secretaría del Bienestar (SEBIEN), desginando a un “contralor social” (condiciones que están descritas en el Manual del Comité Escolar de Administración Participativa); sin embargo, desde 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha reportado deficiencias significativas en su implementación, describiendo las siguientes del informe del resultado de del año en cuestión:

“[…] se observó que […] no se establece la obligación de que la SEP y la SEBIEN, como responsables de la operación del programa, vigilen y supervisen que los recursos otorgados como apoyos sean ejercidos para los fines antes referidos a efecto de que, en caso de incumplimiento, realicen las acciones necesarias para la recuperación y reintegro de los recursos.” (ASF, Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, página 5).

 Llevamos más de 6 años de que este programa sigue operando bajo la misma métrica de seguimiento, asignación de recursos y mecanismos de control del gasto que, en pocas palabras, crea un limbo en la ejecución del recurso, ¿por qué? Porque una vez que los CEAP gastan el dinero, es práctiamente nulo reportar el seguimiento de “en qué lo gastaron, cuánto les costó, cómo esto benefició a la comunidad escolar”. Quiero aclarar que esto último no es una acusación contra todos los CEAP y tampoco refleja un ejercicio indebido del gasto público, pero la opacidad que se genera por la falta de monitoreo del gasto emite alertas que deben ser atendidas para garantizarle a toda la población que este dinero sí se está materializando en mejoras a la infraestructura escolar.

María Teresa Gutierrez, analista de Mexicanos Primero A.C. apunta lo siguiente en el portal El Financiero: “[…] ¿cuál es el problema de fondo? LEEN está cargando en solitario con una responsabilidad que debería formar parte de una política integral de infraestructura educativa. No sustituye una planeación nacional de largo plazo, ni resuelve por sí misma la falta de conectividad o de mantenimiento constante. Tampoco puede operar de la manera más efectiva si persisten vacíos normativos, ambigüedad de responsabilidades entre la SEP y la Secretaría de Bienestar, y debilidad en los sistemas de información y seguimiento”. Es decir, que la ejecución de LEEN debe ir, forzosamente, acompañada de un plan de capacitación permanente sobre el manejo de estos recursos, algo que a la fecha sigue siendo una tarea pendiente del gobierno federal en la materia.

 Finalmente, si queremos evitar otro desfalco como el FAEB en administraciones anteriores, la SEP debe comprobar, sin temor a una represalia del magisterio, el destino de miles de millones de pesos que se destinan a LEEN. De lo contrario, se genera un ecosistema que permite la salida de todo este recurso en escenarios que podrían contrariar su propósito original que debería ser mejorar las condiciones en que estudian más de 25.3 millones de estudiantes en toda la República.