Autoridades panameñas adoptan norma para medir y prevenir riesgo suicida Infobae
Panamá dio un paso en la estructuración de su respuesta frente a la conducta suicida con la implementación de una norma que busca fortalecer la vigilancia epidemiológica y mejorar la capacidad de prevención en todo el país.
El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha este instrumento como parte de una estrategia orientada a identificar patrones de riesgo, mejorar la notificación de casos y construir políticas públicas basadas en evidencia científica, en un contexto donde la salud mental ha ganado relevancia dentro de la agenda nacional.
La normativa, aprobada mediante la Resolución N.° 099 del 11 de febrero de 2026, establece un sistema que permitirá dar seguimiento a los casos de ideación, intento y suicidio consumado en la población.
Según el Minsa, este modelo busca fortalecer la capacidad del Estado para registrar información de forma continua, analizar tendencias y tomar decisiones oportunas, en línea con estándares internacionales de salud pública.
El comportamiento del suicidio en Panamá ha sido un factor determinante para el desarrollo de esta herramienta. De acuerdo con datos oficiales, entre 2014 y 2023 se ha mantenido una persistencia de casos en distintos grupos etarios, con mayor incidencia en jóvenes y adultos jóvenes.
Las edades entre 15 y 29 años y entre 20 y 39 años concentran una proporción significativa de los casos, lo que refleja un desafío estructural que requiere intervenciones más específicas y sostenidas en el tiempo.
El jefe del Departamento de Salud Mental del Minsa, Roberto González De La Lastra, explicó que la norma permitirá comprender mejor la magnitud del problema y actuar con mayor precisión.
“Panamá, lastimosamente, enfrenta el flagelo del suicidio, con alrededor de 150 casos anuales, lo que representa una tasa aproximada de 3 a 4 por cada 100 mil habitantes”, señaló.
El especialista indicó que el sistema permitirá distinguir las características y factores asociados a esta conducta, facilitando la toma de decisiones basadas en evidencia científica.
De acuerdo con De La Lastra, el sistema de vigilancia no se limita a un componente técnico, sino que representa un compromiso con la vida.
La estructura contempla la participación de múltiples actores, incluyendo instituciones públicas y privadas, y generará informes periódicos que permitirán evaluar la evolución del fenómeno.
“Esta herramienta nos permitirá no solo entender, sino también prevenir y salvar vidas, al actuar de manera más oportuna frente a los factores de riesgo”, explicó.
La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, destacó que la implementación de esta norma responde a la necesidad de abordar la salud mental como un fenómeno integral que impacta a toda la población.
“Estamos trabajando con la Caja de Seguro Social y otros actores clave para fortalecer la prevención, entendiendo que cada caso refleja una falla en la oportunidad de intervención”, indicó. Según explicó, el enfoque del sistema busca acercarse más a comunidades, escuelas y universidades.
Gill subrayó que la conducta suicida responde a múltiples factores que van más allá del ámbito clínico. Entre ellos mencionó problemas sociales, dificultades económicas, consumo de sustancias, violencia y situaciones de acoso escolar.
“Es un fenómeno multifactorial, por lo que la respuesta también debe ser integral. Con esta norma buscamos estar más cerca de la población y actuar antes de que se produzcan desenlaces fatales”, afirmó.
El sistema de vigilancia contempla la articulación de sectores como salud, educación, seguridad y justicia, así como la participación de organizaciones comunitarias.
Este enfoque interinstitucional busca garantizar que la información recopilada permita no solo dimensionar el problema, sino también diseñar estrategias preventivas efectivas, alineadas con las realidades del país y con los riesgos identificados en cada grupo poblacional.
Entre los objetivos principales del sistema se encuentra la identificación de factores de riesgo de tipo biológico, psicológico, social y ambiental, así como la generación de datos que permitan orientar políticas públicas.
El Minsa ha señalado que esta información será clave para fortalecer la atención integral en salud mental, mejorar los mecanismos de detección temprana y optimizar la respuesta institucional frente a los casos reportados.
La normativa también incorpora un componente de sensibilización y participación ciudadana. Las autoridades han reiterado que la prevención del suicidio requiere el involucramiento de familias, comunidades y entornos educativos, promoviendo espacios de diálogo y acceso a servicios de salud mental.
En este sentido, se ha insistido en la importancia de hablar sobre las emociones y buscar ayuda de manera oportuna como parte de una estrategia de prevención.
Con la implementación de este sistema, Panamá busca consolidar una estructura que permita pasar de la reacción a la prevención en materia de salud mental.
El desafío, sin embargo, estará en la ejecución efectiva de la norma, en la capacidad de las instituciones para coordinarse y en el acceso real de la población a servicios especializados.
La vigilancia epidemiológica se presenta como una herramienta clave, pero su impacto dependerá de cómo se traduzca en acciones concretas sobre el terreno.
En febrero pasado, Panamá ya había dado los primeros pasos para reforzar la prevención de los problemas de salud mental con la instalación de la Comisión Técnica Intersectorial de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias y Desastres, una instancia creada para articular la respuesta del Estado frente al aumento sostenido de casos de ansiedad, depresión y crisis emocionales en el país.
Esta comisión está conformada por unas 27 instituciones públicas y organizaciones aliadas, incluyendo entidades del sector salud, educación, protección social y organismos internacionales, con el objetivo de coordinar acciones, analizar estadísticas, diseñar protocolos y fortalecer la atención en comunidades vulnerables.
Su creación buscó dar una respuesta más ordenada, amplia y sostenida a un problema que ha venido ganando peso en la agenda pública.
Entre sus principales funciones se encuentra integrar la salud mental dentro de la gestión del riesgo, mejorar la prevención y garantizar una respuesta más rápida y articulada ante situaciones críticas, sirviendo como base para nuevas herramientas como el sistema de vigilancia epidemiológica que ahora busca dar seguimiento más preciso a la conducta de riesgo suicida en Panamá.
