Abelardo de la Espriella respalda el porte legal de armas y lo plantea como eje de su campaña presidencial: “Es necesario” Infobae
Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial, afirmó en entrevista con Semana que en caso de ser elegido presidente en 2026, apoyará el porte legal de armas en Colombia.
El jurista explicó que este sería uno de los principales proyectos de su eventual gobierno, señalando que la iniciativa responde a la situación de inseguridad en distintas regiones del país y a la necesidad de mejorar los mecanismos de defensa personal.
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Argumentos sobre la legalidad y la prevención del delito
De la Espriella fundamentó su postura en datos sobre criminalidad y porte de armas. Según su análisis, “el 99,9% de los crímenes que se cometen con armas se dan cuando las personas no tienen permisos.
En cambio, menos del 1% de estos crímenes se cometen con armas amparadas”, citó durante la conversación con el medio citado. Para el candidato, esta cifra prueba que el problema radica en las armas ilegales y no en quienes cumplen con los requisitos legales para su posesión.
El jurista agregó que, en muchos casos, “ni siquiera es necesario utilizar el arma, ya que el delincuente se abstiene de cometer un crimen si sabe que su víctima puede estar portando una pistola”. De la Espriella ejemplificó la situación de los camioneros que transitan por carreteras en la noche y suelen ser víctimas de robos, sugiriendo que un marco regulatorio claro podría mejorar su seguridad.
Propuesta de regulación y requisitos estrictos
El candidato enfatizó que su apoyo al porte legal de armas estaría condicionado a una regulación precisa. “Esto se debe dar en una estricta y clara normatividad que implique que la persona que va a portar el arma tenga la idoneidad, tanto física como mental, para hacerlo”, señaló.
Subrayó que las armas, igual que otros objetos, pueden ser utilizadas de manera positiva o negativa dependiendo de quién las posea. “Un esfero sirve para escribir, pero en manos de un delincuente puede convertirse en un arma”, ejemplificó.
De la Espriella planteó que la discusión sobre el porte legal de armas debe abordar también las deficiencias y la corrupción en los procesos de permisos. “Hay mucho bandidaje para que al final no puedas portar un arma un fin de semana. (…) Eso se hace para quitar plata, por lo que es la cosa más ridícula”, afirmó en la entrevista.
Redes de cooperación ciudadana y tecnología para la seguridad
El plan de seguridad del candidato no se limita a la legalización de armas. De la Espriella propuso la creación de una “red de cooperantes” para colaborar con la fuerza pública. La idea es que los ciudadanos puedan inscribirse y, en caso de detectar actividades sospechosas, alerten de inmediato a las autoridades. “Creo que con esto podríamos combatir de manera determinante los índices de inseguridad”, sostuvo.
Para fortalecer este esquema, consideró necesario aumentar el número de efectivos y la tecnología de vigilancia en barrios, como la instalación de cámaras con identificación facial. Estas herramientas, según su planteamiento, desincentivarían la comisión de delitos al elevar el riesgo de ser identificados.
El candidato subrayó que toda medida se ejecutaría “siempre todo en el marco de la Constitución y la ley”, recalcando la importancia de mantener el respeto a las normas vigentes.
El panorama actual del porte de armas en Colombia
El debate sobre la tenencia y porte de armas tiene antecedentes complejos en el país. Actualmente, la adquisición legal de un arma de fuego exige cumplir con una serie de requisitos administrativos y médicos. El proceso inicia con la inscripción en el Sistema de Información de Armas, Explosivos y Municiones (Siaem 2.0), trámite obligatorio para la compra o legalización de armamento.
Entre los requisitos destaca el certificado de aptitud psicofísica, expedido únicamente por centros autorizados por la Dirección General de Sanidad Militar. Además, los solicitantes deben demostrar formación en manejo de armas, ya sea mediante cursos certificados o con la libreta militar de primera clase. La edad mínima general para civiles es de 25 años, con excepciones para miembros activos de la fuerza pública.
La autoridad militar competente tiene la última palabra en la aprobación de permisos, según el marco legal vigente. Incluso cumpliendo con todos los documentos, la solicitud puede ser rechazada si no existe una justificación suficiente, como describe la normatividad. El porte ilegal de armas es sancionado penalmente, lo que subraya la importancia de cumplir los trámites requeridos.
