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El discurso del almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de la Marina Armada de México, al inicio del desfile militar el pasado 16 de septiembre en el Zócalo, frente a todos los medios, el gabinete entero y la propia presidenta, apunta hacia un aparente cambio de postura y el reconocimiento de posibles actividades ilícitas al interior de su corporación.
La Marina tradicionalmente había sido ese cuerpo impoluto, intachable, inalcanzable por la corrupción y el crimen. Desde hace más de una década, la inteligencia estadounidense, el Pentágono y las múltiples agencias de seguridad depositaban mayor confianza e información secreta en los mandos de la Marina que en los del Ejército.
Cuando uno preguntaba en Washington, la respuesta era inequívoca: el Ejército mexicano ha sido penetrado y corrompido por el crimen organizado.
La Marina mexicana perdió ese encanto y esa categoría de confianza exclusiva.
La detención del buque tanque cargado con miles de litros de combustibles, de pipas con facturas falsas y repetidas por la Secretaría de Seguridad, ha corrido el telón frente a una institución que permitió el juego oscuro en puertos, buques, carga y descarga de combustibles.
Pero más allá, la participación de sobrinos directos del exsecretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, en tiempos de López Obrador, deja en descubierto una extensa y profunda red de huachicol que alcanza hasta las más altas esferas.
El discurso del fiscal Alejandro Gertz Manero el domingo pasado, anunciando el operativo, las investigaciones en curso y las detenciones, estuvo lamentablemente acompañado de una defensa absoluta del exsecretario de Marina.
Gertz Manero parecía el abogado de Ojeda Durán, y no el abogado de la nación.
Afirmó que el propio Rafael Ojeda había presentado ya denuncias y señalamientos a la Fiscalía, de que podría haber infiltración de operaciones clandestinas de combustibles y que integrantes de la Marina Armada de México podrían estar involucrados.
¿De verdad? ¿Dónde están tales denuncias, interrogatorios, actas, informes?
El almirante secretario informó a la Fiscalía de algo extremadamente delicado que, suponemos, provocó la apertura de una investigación inmediata. ¿No es así, señor fiscal general? ¿Dónde está esa investigación?
Todo indica que se tiende ahora una enorme cortina de humo, un amplio manto protector sobre el exsecretario Ojeda Durán para protegerlo a él y a su jefe, el entonces presidente López Obrador, y al morenismo en su conjunto.
Hay sobrinos del almirante Ojeda involucrados en el negocio del huachidiésel y hasta —se dice ahora— huachigas. ¿El exsecretario denunció a sus sobrinos?
Resulta inverosímil la versión del Dr. Gertz Manero, cuando han pasado años y nada de esto se había informado, ni detenido, ni incautado.
El gobierno de Estados Unidos envió sucesivamente a México, en semanas y meses recientes, a la fiscal general, Pamela Bondy, al secretario de Estado, Marco Rubio, y más funcionarios del Departamento de Estado y de Seguridad estarán llegando en los siguientes días.
¿Buscan la justicia mexicana? No. No les interesa si aquí se hacen detenciones o juicios en contra de los implicados. Lo que les interesa es que no salpique a su país, porque parte de ese huachicol mexicano es enviado ahora para su venta y distribución en Texas.
Así que para los marinos, militares, políticos o hijos de políticos que obtuvieron amplias y generosas ganancias en los años recientes, hay un campanazo de alerta.
Las autoridades americanas están encima del asunto y perseguirán a quienes pretendan ingresar combustible clandestino e ilegal a su territorio, exactamente igual como se han propuesto detener el flujo de drogas y estupefacientes.
¿A dónde fue a parar el enorme volumen de dinero producto del tráfico ilegal de gasolina, diésel y gas? A las campañas políticas de Morena.
Tal vez lo hicieron antes los del PRI o los del PAN —no hay evidencia—, como afirman en automático las respuestas retóricas del gobierno, pero lo cierto es que Morena ha gobernado 7 años este país, puertos y aduanas por donde todo ese combustible ha cruzado en una dirección u otra. Ya no resulta viable seguir culpando al pasado, puesto que entonces pone en evidencia la sucesión de gobiernos morenistas incapaces para detener una actividad criminal que, en los hechos, se intensificó.
El golpe de timón del actual secretario de Marina solo se explica mediante la clara y explícita instrucción de la presidenta: esto se tiene que acabar y vamos a detener a todos los involucrados.
Y ahí surgen dudas. ¿A todos? ¿De verdad a todos? ¿O solo a los marinos de mandos medios que obedecían a superiores enmascarados?
Inculpar al exsecretario, por lo menos por omisión —porque no actuó— si no es que por complicidad, implica un grave señalamiento en contra del expresidente López Obrador.
Lo colocaría exactamente en la misma categoría del vilipendiado Felipe Calderón. Un secretario de gobierno bajo su mando realizando o tolerando actividades criminales. ¿Y su jefe, el presidente, no sabía nada?
La historia es caprichosa, porque a veces es circular y da la vuelta y coloca a los vehementes acusadores en el papel de acusados.
