De un lado, crueldad, del otro, impostura: ¿a alguien le importa (en serio) la educación? Infobae

El gobierno nacional no solo vetó la Ley de Financiamiento Universitario, sino que, en el presupuesto 2026 presentado esta semana también eliminó la obligación de invertir el 6% del PBI en educación.

El veto fue revertido este miércoles en el Congreso en una sesión en la que los legisladores no dejaron pasar la oportunidad de ponerse la camiseta de la educación y pronunciar discursos encendidos.

Lo segundo quizás no se revierta y con seguridad redundará en peores condiciones para el ejercicio de la docencia. Hasta ahora, ese piso del 6% fijado por ley en el año 2006 se cumplió poco y nada, pero en los últimos años ha venido en descenso y casi siempre a expensas de los salarios docentes.

Con todo lo negativo que es esto, hay que decir que el presupuesto no es el único factor de decadencia de la educación argentina.

El vaciamiento financiero que representan las medidas recientes viene a completar el vaciamiento de contenidos, disciplina, autoridad y sentido de la escuela que se viene perpetrando en las últimas décadas.

Es por ello que escuchar a algunos defensores de la educación pública genera más escepticismo que entusiasmo.

Envalentonado por los resultados de las últimas legislativas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió rápidamente a criticar las medidas presidenciales: “Parece que Milei no entendió el mensaje de millones de bonaerenses que rechazaron en las urnas este ataque despiadado al que viene sometiendo a la educación superior”.

Agregó que se estaba desconociendo “el orgullo que siente nuestro pueblo por la educación pública” y atentando “contra su futuro y sus posibilidades de progreso”.

Tiene toda la razón. Pero, res non verba. Más allá de sus palabras, los únicos hechos en materia educativa que podemos recordar de su parte son la compra de penes de madera para que los chicos practiquen como poner preservativos y la lectura de una novela denunciada por los padres de los alumnos de 12 años a los que estaba destinada por su contenido de sexo explícito.

El Director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires es Alberto Sileoni, funcionario que tiene el antecedente de haber sido Ministro de Educación de la Nación de 2009 a 2015 y, entre sus logros, además de los tristes resultados académicos de los alumnos, está el haber hecho crecer la matrícula de las escuelas privadas y haber instaurado el facilismo educativo como método.

Eso no le impidió señalar que al Gobierno nacional no le importa la educación. No podemos decir que no tenga razón. Pero, con amigos así, a la escuela argentina no le hacen falta enemigos.

Ni hablar de los sindicatos, hoy en la calle por el presupuesto, pero nunca, nunca, por la calidad educativa.

Al respecto, el profesor Luis Distéfano, ex secretario de Educación de Mar del Plata, decía, a la revista El Arcón de Clío, en julio pasado: “Los sindicatos docentes son parte del problema. No representan a la mayoría de los colegas y cogobiernan el sistema educativo. Sus pertenencias políticas les impiden ser la voz necesaria para cambiar en serio y revolucionar la educación del siglo XXI”.

Es totalmente condenable que el Gobierno haya derogado la obligación de invertir el 6% del PBI en educación, pero si hoy, como señala Argentinos por la Educación en su balance de la política de alfabetización, el 54,9% de los alumnos de 3er grado no logra las competencias esperadas, no es únicamente por falta de presupuesto.

Otra constatación de este balance da una de las claves: “La deserción a los 17 años en el nivel secundario bajó de 24% (2018) a 15% (2024), aunque persiste el desafío de asegurar aprendizajes significativos”. Traducción, no se egresa de la secundaria con una preparación acorde a las exigencias de los estudios universitarios o de la inserción laboral.

La escuela es hoy antes que nada una guardería y la educación un gran simulacro.

Los chicos no desertan la escuela, pero tampoco cumplen con los requisitos mínimos de asistencia, porque a los cráneos que “piensan” la educación desde sus escritorios no se les ocurrió mejor idea que flexibilizar a tal extremo las condiciones de regularidad que no existe motivo para cumplir.

“Sarmiento no faltó a la escuela ni un solo día”, era -atri tempi- uno de los leit motiv favoritos de padres y maestros. Hoy, caen tres gotas y las aulas se vacían. Faltar a clase no tiene consecuencias. No estudiar, tampoco. Ni aunque el profesor decida no aprobar a un alumno -para lo cual tiene que tener muchas agallas- ya aparecerán directores e inspectores para asegurarse de que el díscolo revea su posición o directamente pasarla por encima.

En este Viva la Pepa educativo están de acuerdo todas las fuerzas; es una política de Estado. Facilitada además por los programas y el financiamiento de organismos extranjeros.

Se han barrido de la educación conceptos como mérito, disciplina o autoridad.

Mientras nuestra dirigencia se va a dormir satisfecha por haber defendido la educación, el analfabetismo de chicos escolarizados sigue viento en popa. Uno de cada dos alumnos de 3er grado no entiende un texto básico. Pero los funcionarios siguen elaborando planes que no harán sino agravar la situación. En educación, “lo viejo funciona”, pero los burócratas se empeñan en “innovar”.

Hoy los alumnos ya no aprenden a leer y escribir en tiempo y forma (en 1er grado) pero los pedagogos hablan de “aprendizaje por proyectos”, eliminan toda repitencia, suprimen la calificación con notas (el método más claro y sencillo), rebajan la exigencia y eliminan evaluaciones. Lo más grave: cada vez se dictan menos contenidos, es decir, se diluye la razón de ser de la educación.

Demasiados chicos llegan al secundario sin estar correctamente alfabetizados, y un alarmante porcentaje egresa del sistema sin las herramientas necesarias para ir a la universidad o desenvolverse correctamente en el mundo laboral. Equivale a estafarlos.

El vaciamiento de contenidos -“adelgazamiento”, decía un ex ministro, y no era broma- es un gran factor de desigualdad, porque la familia que tiene recursos paga refuerzos, cursos paralelos, clases particulares o colegio privado.

En el fondo hay un profundo desprecio por el chico pobre: no se le exige porque se parte del prejuicio de que está en inferioridad de condiciones intelectuales, con lo cual se refuerzan sus desventajas. Es la negación misma de la función de promoción social de la escuela.

La crisis educativa argentina obedece a factores socioeconómicos, que ahora se verán agravados por la política nacional. Pero los factores ideológicos -el paternalismo, el buenismo pedagógico- han sido tanto o más determinantes en la decadencia de nuestra escuela.

Y no hay una dirigencia que esté a la altura de ese “orgullo que siente nuestro pueblo por la educación pública”.