Acusan desvío de estados a PRI El Siglo de Torreón

Gobiernos de siete estados desviaron un estimado de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma vinculadas al presunto esquema de financiamiento ilegal para las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2016.
De acuerdo al diario Reforma, 250 eran de Chihuahua y los otros 400 eran desvíos de otros seis estados.
El mecanismo, revelado en diciembre de 2017, era operado con el presunto contubernio de Manlio Fabio Beltrones, entonces dirigente nacional del PRI y a Luis Videgaray Caso, titular en ese año de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En la primera revelación se mencionó el uso de cuatro empresas fantasma.
Ahora una nueva investigación por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió que esas empresas y otras ocho vinculadas recibieron en el 2016 transferencias de los gobiernos priistas en Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México, del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México, un equivalente a 36 millones de dólares para la "Operación Zafiro".
Según testimonios minsteriales de exfucionarios de Chihuahua, el dinero transferido fue desviado para fines electorales.
El exscretario de Educación de Chihuahua durante el gobierno de César Duarte Jáquez (2010-2016), Ricardo Yáñez, sentenciado a cuatro años de prisión por desvío de fondos, declaró al Ministerio Público, que al asistir a una reunión en la sede nacional de PRI, dirigentes del partido le aseguraron que las empresas fantasma "estaban blindadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que el estado no era la única entidad que había desvíado recursos de forma similar".
Además en su declaración añadió que César Duarte le informó que el dinero para los contratos simulados tenía la autorización "expresa" de Hacienda en acuerdo con Beltrones para operar campañas electorales del Partido en otros estados.
De acuerdo a la información obtenida por MCCI, los mayores desvíos a la Operación en el 2016 corresponden a los gobiernos priistas de César Duarte (246 millones de pesos) en Chihuahua; Jorge Herrera Caldera (230 millones de pesos) en Durango y Claudia Pavlovich (140 millones de pesos) en Sonora.
Durante la búsqueda se detectaron operaciones de la red fantasma en el Estado de México, durante el período de Eruviel Ávila Villegas (2011-2017) y en la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México, durante la gestión de Jorge Alvarado, pero según MCCI "los montos documentados fueron mínimos".
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