Constitucionalismo crítico

Juan José Rodríguez Prats

Quien proponga saltarse la ley por el bien del país, sea de derecha o de izquierda, es un enemigo inequívoco de la democracia. 

Fernando Savater 

Permítaseme una confesión: adoro mi profesión. Estudié derecho para hacer política y acerté. Son dos disciplinas imbricadas hasta la médula. Lo hice en una buena escuela, la Universidad Veracruzana, en Xalapa, una ciudad que vive de la cultura y la política. Cuatro materias para mí son básicas: 

Introducción al estudio del derecho. El aprendizaje de los conceptos fundamentales que nunca debe uno olvidar. 

Sociología jurídica. Para responder a dos preguntas: ¿un problema social específico se resuelve con una ley? Después de haber entrado ésta en vigor, ¿qué efectos tuvo? 

Derecho constitucional. Para empaparse de la ley fundamental. 

Filosofía del derecho. Para ver la norma por dentro y ponderar su validez. 

Aprendí algo básico: el derecho no consiste en lo que la sociedad se propone, sino en el cómo se propone y cumple sus fines. Nuestro derecho está cundido de buenos propósitos, pero nada más. Nunca litigué. Los juzgados y los ministerios públicos me parecen oficinas con un ambiente sórdido y no los recintos donde se imparte justicia. Eso sí, en mi larga trayectoria en el Poder Ejecutivo y Legislativo (a nivel federal y estatal), las leyes fueron herramientas eficaces de trabajo. Agrego que nunca he dejado de estudiar y de escribir libros sobre nuestro teórico Estado de derecho. 

Todo lo anterior viene al caso para sostener que el tema que hoy nos debe ocupar prioritariamente es si nuestros textos legales son los adecuados o deben ser reformados. 

 Para iniciar ese ejercicio, sugiero, con pleno conocimiento, la lectura y el análisis detallado del ensayo de Diego Valadés, denominado precisamente Constitucionalismo crítico. 

 Su contenido es la agenda que debe ser abordada con la mayor responsabilidad y profesionalismo. 

 Destaco algunas ideas: “El derecho es sentido común convertido en deber ser”. Nuestros ordenamientos adolecen de sentido común. Paradójicamente, desde el inicio de nuestra transición democrática se relajó aún más la elaboración de las leyes. El caso más patético es el derecho electoral que regula una materia elemental: los procesos para tener acceso al poder. Esa sencilla asignatura la hemos manoseado hasta el hartazgo con iniciativas tendenciosas que no buscan la renovación de poderes, sino la preservación de privilegios, olvidando un principio al que Jesús Reyes Heroles le daba jerarquía: la posibilidad de que las minorías pudieran convertirse en mayorías. 

 Valadés, aun con la brevedad del ensayo, ubica los grandes temas, desde el federalismo, hasta el juicio de amparo. 

 Denuncia una necesidad de nuestro tiempo: “La obligación de actuar conforme a la verdad subyace en todos los ordenamientos jurídicos nacionales y también en el internacional (…) El derecho a la verdad significa que el poder no debe ocultarla y, además, debe procurarla (…) El ensamble de derecho a la verdad y de la cultura es propio de los estados constitucionales avanzados”. 

 Parecen cuestiones sabidas, pero, para la situación que padece el país, en todos los órdenes, es por donde debemos comenzar. En unas cuantas palabras que me sacudieron, da un diagnóstico de nuestra crisis: “México se adentra de manera paulatina en el territorio ignoto de una constitución evanescente”. Tremenda reflexión. Es un aldabonazo a la conciencia ciudadana. 

 No conozco ninguna nación que haya alcanzado un nivel de bienestar en la cual no se respete la ley. 

Hablamos de un nuevo pacto social, de proyecto de nación, de plataformas electorales. No hay condiciones para elaborar una nueva constitución, pero sí para generar lo que se ha llamado una nueva constitucionalidad, partiendo, sin afanes enciclopédicos, de definir su contenido. 

Me parece que la aportación de Valadés, en este como en otros textos, propone un ejercicio al que le debemos dar continuidad.