Obtuvo Fiscalía CDMX sentencia de 245 años de prisión contra líder del grupo delictivo “Los Molina”
Luis Enrique “N”, considerado uno de los diez objetivos prioritarios de seguridad en la capital, fue sentenciado por el homicidio calificado de siete personas cometido en 2018 en Coyoacán.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una sentencia condenatoria de 245 años de prisión en contra de Luis Enrique “N”, identificado como líder de la organización delictiva “Los Molina”, tras acreditar su responsabilidad como coautor material en el asesinato de siete personas.
De acuerdo con los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron la madrugada del 22 de diciembre de 2018 en la colonia Carmen Serdán, alcaldía Coyoacán, donde el sentenciado y tres cómplices arribaron a una celebración a bordo de una camioneta para abrir fuego contra los asistentes. Las investigaciones de gabinete y campo establecieron que el grupo delictivo operaba actividades de extorsión, secuestro, fraude y narcomenudeo en las regiones sur y oriente del Valle de México.
Los fiscales aportaron dictámenes periciales de balística que vincularon las armas largas decomisadas al momento de su captura con los casquillos percutidos hallados en la escena del crimen. Asimismo, el Tribunal de Enjuiciamiento integró al fallo testimonios, análisis de videograbaciones y estudios forenses para fundamentar la condena, la cual contempla el pago superior a 3.1 millones de pesos por concepto de indemnización material, gastos funerarios y reparación del daño moral a las familias de las víctimas.
La captura del entonces objetivo prioritario se concretó el 18 de febrero de 2025 en el municipio de Tecámac, Estado de México, mediante un operativo coordinado entre la Policía de Investigación capitalina y autoridades mexiquenses. Aunque el tribunal impuso la pena acumulada de 245 años de prisión, la normatividad penal aplicable establece un límite máximo de cumplimiento efectivo de 70 años.
La resolución judicial ratifica la suspensión de los derechos políticos del sentenciado y salvaguarda las prerrogativas legales de las víctimas indirectas durante la fase de ejecución de la sentencia. La institución ministerial continuará el seguimiento del caso para garantizar el cumplimiento de las sanciones impuestas.
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