Durante la última década, algunas democracias han intentado responder una pregunta equivocada: ¿cómo derrotar al populismo? Tal vez deberíamos formular otra: ¿qué tendría que hacer la democracia para que los ciudadanos dejaran de necesitar al populismo para sentirse escuchados? La diferencia es enorme.
El populismo no es solamente una ideología ni una estrategia electoral. Es también un síntoma. Aparece cuando millones de personas sienten que las instituciones ya no las escuchan; que la economía funciona para otros; que los partidos dejaron de representarlas; que las decisiones importantes se toman demasiado lejos de ellas, y que los gobiernos son incapaces de resolver los problemas cotidianos.
Will Marshall acaba de plantear en The Hill una pregunta difícil para Estados Unidos: ¿qué representa hoy el centro-izquierda? Su argumento es que no basta con oponerse al presidente ni con defender las instituciones. Una fuerza democrática necesita explicar para qué quiere gobernar. Necesita proyecto, no solamente resistencia.
La pregunta va más allá de Estados Unidos. La socialdemocracia europea atraviesa desde hace años una crisis semejante. Y América Latina experimenta su propia paradoja: después de dos grandes olas de gobiernos progresistas, persisten desigualdad, inseguridad, baja productividad, instituciones frágiles y una profunda insatisfacción con la democracia.
Un análisis reciente sobre los progresismos latinoamericanos destaca precisamente las dificultades para convertir avances redistributivos en transformaciones económicas e institucionales duraderas. La cuestión, entonces, no es cómo reconstruir la vieja izquierda. Es cómo inventar una nueva izquierda democrática.
Los populistas comprendieron algo que muchos tecnócratas olvidaron: la política es, ante todo, una cuestión de agencia. Las personas quieren prosperidad, pero también quieren sentir que tienen algún control sobre las fuerzas que determinan sus vidas.
Globalización, automatización, migración, inflación, inteligencia artificial, inseguridad y transformaciones culturales han provocado que millones de ciudadanos tengan la impresión contraria. El mundo cambia a enorme velocidad, mientras ellos parecen tener cada vez menos capacidad para influir en él.
El populismo ofrece una explicación extraordinariamente sencilla: alguien te quitó el control. Las élites. Los ricos. Los inmigrantes. Los extranjeros. Los tecnócratas. Los jueces. Los empresarios. Los medios. La burocracia.
Después ofrece una solución igualmente sencilla: entrégame el poder y yo te devolveré el control. Ésa es la genialidad y también el peligro de la fórmula populista. Divide una sociedad inevitablemente plural entre dos categorías artificialmente homogéneas: “el pueblo” y “sus enemigos”.
La democracia funciona de otra manera. Reconoce que las sociedades están compuestas por personas con intereses legítimamente distintos y que gobernar significa negociar esas diferencias dentro de instituciones compartidas. Por eso el antídoto contra el populismo no puede ser simplemente el antipopulismo. Tiene que ser más democracia.
Uno de los debates académicos más interesantes es si los trabajadores abandonaron a la socialdemocracia o si la socialdemocracia abandonó primero a los trabajadores.
Silja Häusermann y Herbert Kitschelt examinan precisamente la transformación de la izquierda en Beyond Social Democracy. La antigua coalición socialdemócrata, organizada alrededor del trabajador industrial, se fragmentó con la llegada de las economías del conocimiento. Surgieron nuevos grupos profesionales, urbanos y altamente educados, mientras disminuía el peso electoral del proletariado industrial tradicional.
El resultado fue una coalición mucho más difícil de administrar. Los partidos de izquierda comenzaron a representar simultáneamente a profesionales cosmopolitas de las grandes ciudades y a trabajadores sometidos a la competencia económica y la inseguridad laboral. Sus preferencias económicas podían coincidir; sus percepciones sobre migración, identidad, seguridad, globalización y cambio cultural no necesariamente.
Jonas Pontusson, profesor de la Université de Genève, formula provocadoramente la pregunta: ¿abandonó la clase trabajadora a los socialdemócratas o sucedió lo contrario? La respuesta importa porque determina la estrategia futura. No se puede reconstruir la izquierda de 1960. Esa sociedad ya no existe. Pero tampoco parece suficiente sustituir a la antigua clase trabajadora por una coalición exclusivamente urbana, universitaria y culturalmente progresista. El desafío consiste en construir una coalición.
Aquí comienza, a mi juicio, el cambio verdaderamente importante. La izquierda del siglo XX se especializó en una pregunta: después de que el mercado genera riqueza, ¿cuánto debe redistribuir el Estado? La izquierda democrática del siglo XXI debería preguntarse: ¿Cómo logramos que millones de personas participen directamente en la creación de riqueza? No solamente redistribución. Predistribución. Productividad. Capacidades. Propiedad. Educación. Emprendimiento. Competencia. Movilidad social.
La discusión deja entonces de ser únicamente cuánto cobrar en impuestos a quien prosperó y cuánto transferir a quien quedó atrás. La pregunta más interesante es por qué unos poseen desde el principio educación, capital, tecnología, contactos y oportunidades mientras otros permanecen atrapados. Esto cambia radicalmente la conversación sobre inteligencia artificial.
Una política progresista tradicional podría concentrarse en compensar a quienes pierdan sus empleos debido a la automatización. Una nueva política democrática preguntaría además: ¿cómo utilizamos la inteligencia artificial para que un trabajador sea más productivo, gane más y adquiera nuevas capacidades? No administrar perdedores. Crear ganadores.
La segunda transformación sería igualmente profunda. El gran invento socialdemócrata del siglo XX fue el Estado de bienestar. El gran desafío democrático del XXI podría ser el Estado de capacidades. Los ciudadanos quieren derechos sociales. Pero también quieren resultados. Quieren hospitales que funcionen. Escuelas que enseñen. Policías que protejan. Carreteras que se construyan. Agua que llegue. Electricidad confiable. Transporte eficiente. Trámites sencillos. Ciudades habitables. Justicia que funcione.
Una democracia puede prometer derechos ilimitadamente. Pero si el Estado no posee la capacidad administrativa, financiera y técnica para convertirlos en realidad, cada promesa incumplida termina erosionando la legitimidad del propio gobierno.
El reciente volumen Practical Social Democracy, publicado por Cambridge University Press en 2026, resulta especialmente pertinente porque estudia la socialdemocracia no solamente como ideología, sino como práctica: organización política, diseño de políticas públicas, lenguaje y capacidad de gobierno.
Ahí puede encontrarse una de las grandes fronteras de la política progresista. No basta con ampliar el Estado. Hay que hacerlo funcionar.
Existe una tercera posibilidad todavía más interesante. El populismo dice al ciudadano: yo soy tu voz. Una democracia renovada podría decirle: tú tienes voz. No es lo mismo. Durante décadas hemos reducido la democracia casi exclusivamente al voto. Cada tres o seis años elegimos representantes y después observamos desde fuera cómo funciona el sistema político.
La tecnología permitiría imaginar algo mucho más ambicioso. Presupuestos participativos. Asambleas ciudadanas. Consultas deliberativas. Gobiernos locales fortalecidos. Plataformas digitales de participación. Evaluaciones ciudadanas de servicios públicos. Mecanismos permanentes para incorporar conocimiento de comunidades, universidades, empresas y organizaciones sociales.
No plebiscitos manipulados desde el poder. Participación institucionalizada desde la sociedad. El populismo concentra la representación del pueblo en un líder. La democracia del futuro podría distribuir poder entre millones de ciudadanos.
Y aquí aparece una paradoja fascinante. Tal vez la gran renovación democrática no comience con grandes discursos sobre democracia. Comenzará con cosas mucho más sencillas. Una casa que una familia pueda pagar. Una calle segura. Una buena escuela. Treinta minutos menos de transporte. Una medicina disponible. Un empleo productivo. Un negocio que pueda abrir sin veinte permisos. Un policía confiable. Un parque limpio. Una conexión rápida a internet.
La política suele considerar estos asuntos demasiado pequeños. Para el ciudadano constituyen la experiencia cotidiana del Estado. Cuando funcionan, generan confianza. Cuando fracasan, ningún discurso institucional compensa la frustración. La democracia también se construye desde la banqueta.
Una izquierda democrática moderna podría defender simultáneamente crecimiento económico y movilidad social; inversión privada y competencia; responsabilidad fiscal y protección social; transición energética y seguridad energética; seguridad pública y derechos humanos; identidad nacional y apertura al mundo; un Estado fuerte y límites al poder del Estado.
Sobre todo, podría rechazar una falsa disyuntiva que está contaminando muchas democracias: tener que elegir entre tecnocracia sin pueblo o populismo sin instituciones. Existe una tercera posibilidad. Democracia con resultados.
Podríamos llamarlo un nuevo contrato democrático. El ciudadano acepta el mercado porque tiene oportunidades reales de prosperar. Acepta pagar impuestos porque recibe servicios públicos de calidad. Acepta la innovación tecnológica porque también mejora su productividad y sus ingresos. Acepta la diversidad porque existe una identidad cívica compartida. Acepta perder una elección porque sabe que sus derechos seguirán protegidos. Acepta el compromiso porque sabe que su voz cuenta. Y acepta instituciones porque comprueba que funcionan.
Cuando ese contrato se rompe, aparece el terreno fértil para el populismo. Por eso combatir directamente al populismo quizá sea insuficiente. Hay que eliminar las condiciones que lo hacen atractivo. Y eso exige algo mucho más ambicioso que reconstruir el viejo centro político.
El centro no debería entenderse como el punto matemático situado a la misma distancia de la izquierda y la derecha. Tampoco como moderación, tibieza o ausencia de convicciones. Puede entenderse como el lugar donde una sociedad plural construye acuerdos suficientes para actuar colectivamente.
Y la izquierda no tendría que abandonar su preocupación histórica por la desigualdad. Tendría que ampliarla. No solamente igualdad de ingresos. Igualdad de agencia. La capacidad real de aprender, trabajar, emprender, participar, decidir y construir una vida digna. Ahí podría encontrarse la izquierda democrática que todavía no se construye.
Una izquierda que no prometa protegernos del futuro, sino darnos las herramientas para conquistarlo. Que no pregunte solamente cuánto debe repartir el Estado, sino cuántas capacidades puede desarrollar la sociedad. Que no pretenda hablar en nombre del pueblo, sino darle al ciudadano instrumentos para hablar y actuar por sí mismo.
Y que comprenda finalmente algo esencial: el verdadero adversario de la democracia no es solamente el populismo. Es la impotencia. Cuando un ciudadano siente que nada de lo que haga puede cambiar su comunidad, su economía o su gobierno, comienza la erosión democrática.
Por eso la gran tarea de una nueva izquierda democrática no sería salvar a los ciudadanos. Sería devolverles poder. Y quizá ésa sea también la tarea fundamental de la democracia en el siglo XXI.
En opinión de Javier Treviño, la gran tarea de una nueva izquierda democrática no sería salvar a los ciudadanos. Sería devolverles poder.
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