Transportistas de combustibles denuncian presuntos cobros irregulares y extorsión

Transportistas de combustibles y contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) denunciaron un presunto esquema de cobros irregulares y extorsión dentro de la Gerencia de Transporte Terrestre (GTT) de Pemex Logística, mediante el cual, aseguran, se les solicitan pagos en efectivo para mantener sus operaciones y acceder a las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de hidrocarburos.

De acuerdo con un comunicado difundido por los afectados, los presuntos cobros comenzaron durante la gestión de José Luis Peláez Pérez, encargado de la Gerencia de Transporte Terrestre, y actualmente incluirían una cuota mensual de 5 mil pesos en efectivo por cada autotanque que presta servicio para Pemex.

Los transportistas, quienes solicitaron mantener su identidad bajo reserva por temor a posibles represalias, señalaron que estos pagos serían exigidos bajo la advertencia de suspender sus contratos en caso de negarse a cubrir las cuotas.

Denuncian pagos de hasta 300 mil pesos

Entre los señalamientos destaca el presunto cobro de hasta 300 mil pesos para obtener un “número de PP o PR”, mecanismo que, según los denunciantes, estaría relacionado con el acceso a las Terminales de Almacenamiento y Reparto de Pemex.

Los contratistas sostienen que dicho trámite debería realizarse sin costo o, en su caso, estar sujeto a una tarifa regulada. Sin embargo, afirmaron que los recursos serían solicitados mediante “facilitadores” o intermediarios que no formarían parte de los procedimientos oficiales.

De hecho, en 2025, el periodista Atzayaelh Torres en su columna, en Primera Fila, titulada Los consentidos de Pemex Logística, señaló que un grupo reducido de empresas aparece en un informe con aumentos fuera de toda proporción, donde Petro Express del Norte encabeza la lista con 64 nuevas autorizaciones PR. Le siguen MG Transportes y GSF División Transportes, con 50 cada una; LM Transportaciones con 25; Ultradiesel XXI con 23; Fletera Multimodal de Carga con 17; y Trareysa con 15.

Los transportistas también denunciaron que la Gerencia de Transporte Terrestre les habría exigido una comisión equivalente a 7 por ciento del monto facturado durante abril, bajo el argumento de un supuesto “ajuste de tarifa”.

Según su versión, esta cantidad habría sido solicitada durante junio y julio de este año y entregada en efectivo. Los denunciantes aseguraron que el objetivo de estos pagos era evitar suspensiones, problemas operativos o acciones que pudieran derivar en la cancelación de sus contratos.

Señalan trato preferencial a quienes pagan

Los afectados afirmaron que los transportistas que aceptan cubrir las cuotas reciben presuntamente un trato preferencial en la asignación de embarques y en la gestión de pagos.

En contraste, quienes se niegan a entregar dinero enfrentarían, según la denuncia, suspensiones, hostigamiento, retrasos en pagos y otras afectaciones que complicarían la operación de sus empresas.

En el documento difundido por los contratistas fueron señalados Israel Benítez, responsable de una división de Pemex Logística; José Luis Peláez Pérez, titular de la Gerencia de Transporte Terrestre; así como Fernando Benjamín Hernández Flores y Daniel Antonio Reséndiz Serafín, identificados como subgerentes operadores de la GTT.

Piden auditoría a la Gerencia de Transporte Terrestre

Los contratistas aseguraron que ya presentaron denuncias ante la Unidad de Responsabilidades de Pemex y la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.

Además, solicitaron una auditoría integral a la Gerencia de Transporte Terrestre, particularmente sobre los mecanismos de acceso a las Terminales de Almacenamiento y Reparto, así como los flujos de pago relacionados con los contratos de transporte de hidrocarburos.

Los denunciantes advirtieron que los cobros presuntamente irregulares elevan los costos de operación de las empresas transportistas y generarían condiciones de competencia desigual entre proveedores.

También señalaron que las posibles irregularidades podrían tener efectos en la cadena de distribución de combustibles, por lo que solicitaron que las autoridades revisen los contratos, procedimientos administrativos y movimientos financieros vinculados con la operación de la GTT.