Gustavo Porras, el hombre sancionado por cuatro potencias que ahora convoca elecciones sin opositores y defiende la Constitución de Ortega en Nicaragua
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, dio por consumada el jueves la reforma constitucional que eliminará la competencia electoral y extenderá el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al tiempo que instó a los 14 partidos políticos legalmente constituidos a prepararse para los comicios de 2028. La convocatoria desplaza las elecciones previstas para noviembre de 2027 y excluye a los opositores desterrados, a quienes el régimen denomina “traidores a la patria” o “golpistas”, según La Prensa Nicaragua.
Ortega y Murillo acumulan 19 años en el poder, mientras el régimen mantiene al menos 60 presos políticos, de acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. La dictadura ha sido señalada por asesinatos, privación de nacionalidad y represión trasnacional contra nicaragüenses críticos de su gestión.
Porras hizo sus declaraciones durante la segunda fase de las denominadas consultas sobre la reforma, un mecanismo oficialista en el que participaron allegados al poder, hijos de Ortega y funcionarios leales. La Asamblea reunió a 14 agrupaciones, entre ellas a los representantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN): el secretario de Organización, Fidel Moreno, y el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada legislativa.
Los otros 13 partidos integran un sistema político que sostiene una oposición formal al régimen, pero que en la práctica colabora con él y contribuye a legitimar sus decisiones. Ante esos dirigentes, Porras reafirmó que habrá elecciones y sostuvo que quienes queden fuera serán los sectores opositores.
“Hay que dejar claro que va a haber elecciones, dejar claro que nos tenemos que preparar para el 2028. Dejar claro que los que no van a participar en esas elecciones son los que han atentado contra todos nosotros: el golpismo”, afirmó el titular del Legislativo.
Una reforma que extiende todos los períodos de poder
La reforma fue aprobada en primera legislatura el 1 de septiembre y modifica los artículos 12, 47, 122, 123, 130, 132, 142, 143, 150, 152, 155, 164 y 166 de la Constitución Política. Para entrar plenamente en vigor, necesita una ratificación en segunda legislatura.
El cambio amplía de seis a siete años los mandatos de los copresidentes, los cargos de elección popular, las jefaturas del Ejército y la Policía, además de los puestos de designación ejecutiva y legislativa. Ortega anunció que la segunda aprobación se realizará el 18 de enero de 2027.
Porras habló horas después de que Natasha Franceschi, embajadora nominada por Estados Unidos para Nicaragua, declarara ante el Senado que, si su designación es confirmada, mantendrá la presión diplomática sobre el régimen. La funcionaria fue propuesta en un momento de creciente atención internacional sobre la situación política y de derechos humanos del país.
La exclusión electoral alcanza a los dirigentes y militantes de los partidos opositores que fueron encarcelados, expulsados del territorio o despojados de su nacionalidad tras la represión. El régimen también canceló las personerías jurídicas de las organizaciones políticas en las que participaban.
Las sanciones contra Porras y la presión internacional
El presidente de la Asamblea cuestionó a quienes reclaman una intervención militar contra Nicaragua, en alusión a pedidos de sectores opositores como el Movimiento Campesino Anticanal. “Pidiendo que nos invadan. Es como que pidiendo intervención militar, como que si las armas tienen nivel de selectividad, es decir, eso es un desastre”, afirmó.
Porras figura entre 54 funcionarios señalados por la represión contra la población nicaragüense en 2018, según informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. Entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2019, la respuesta estatal a las protestas dejó 355 personas asesinadas, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por su participación en la represión, Porras fue sancionado por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Reino Unido. Su papel dentro del oficialismo ha sido central en el diseño del sistema legal empleado para reprimir a la población, indicó La Prensa Nicaragua.
La Organización de los Estados Americanos abordará la situación de Nicaragua el próximo 2 de octubre, durante una reunión de cancilleres en la que los ministros de Relaciones Exteriores deberán decidir qué medidas tomar frente al régimen. Estados Unidos promovió la convocatoria, mientras la Administración Trump denunció la ilegitimidad del poder ejercido por Rosario Murillo, cuestionó las violaciones de derechos humanos y exigió la liberación de los presos políticos.
Infobae
