¿Puede la economía llevarse puesta a la política?

“La economía se va a llevar puesta a la política”. Luis Caputo lo dijo en mayo, al hablar de lo que espera que ocurra en la Argentina durante 2027, un año electoral que, según el ministro, será “absolutamente atípico”.

La frase merece ser tomada en serio. Pero no como una certeza. Como un desafío. Porque la Argentina tiene una larga historia en sentido contrario.

Durante décadas, los años electorales fueron momentos en los que la incertidumbre política terminó impactando sobre la economía. La posibilidad de un cambio de gobierno podía modificar las expectativas, afectar las decisiones de inversión, aumentar la demanda de dólares y generar movimientos que después terminaban pagando todos los argentinos. Corridas cambiarias, subas de tasas, aceleración de precios, caída de la inversión, deterioro del crédito.

En fin: la política terminaba llevándose puesta a la economía.

Y cuando eso ocurre, la factura no la paga la política. La paga la sociedad. La paga el trabajador que pierde poder adquisitivo. La paga el empresario que decide postergar una inversión. La paga quien necesita crédito y descubre que la tasa se volvió inaccesible. La paga una familia que ve cómo se deteriora su capacidad de consumo.

Por eso la afirmación de Caputo abre una pregunta mucho más interesante que la discusión sobre las elecciones de 2027: ¿qué tiene que conseguir la Argentina en materia económica para que, efectivamente, la política no vuelva a llevarse puesta a la economía?

El primer desafío es la estabilidad macroeconómica. Pero “estabilidad” no significa solamente bajar la inflación. Significa equilibrio fiscal, una moneda razonablemente estable, reservas, capacidad de generar dólares, acceso al crédito y un Estado que pueda financiarse sin recurrir permanentemente a mecanismos que terminen generando nuevos desequilibrios.

El segundo desafío es todavía más importante: la inversión. Porque ningún país se desarrolla solamente porque ordena sus cuentas públicas. Se desarrolla cuando alguien decide poner su capital en una fábrica, una mina, un campo, un pozo petrolero, una empresa tecnológica, un comercio o un proyecto de infraestructura. La inversión transforma capital en producción. La producción genera empleo. Y el empleo genuino y formal permite que una sociedad mejore sus condiciones de vida.

Por eso hay un dato que debería preocuparnos mucho más de lo que habitualmente nos preocupa: cuánto invierte la Argentina en relación con el tamaño de su economía.

Los datos del INDEC muestran que la formación bruta de capital fijo del “resto de los sectores” —una categoría que no equivale exactamente a inversión privada, porque incluye también algunas empresas públicas— representó el 16,6% del PIB en 2007, 14,3% en 2011, 12,8% en 2015, 11,8% en 2019 y 16,1% en 2023.

La serie no permite afirmar que cada elección provoca automáticamente una caída de la inversión. Y eso es importante decirlo. Pero sí permite observar algo mucho más profundo: la Argentina viene de muchos años con niveles de inversión insuficientes para sostener un proceso de crecimiento fuerte y prolongado. Y sin inversión privada no hay manera de generar la cantidad de empleo genuino que necesita una sociedad como la argentina.

Por eso, si el Gobierno quiere que en 2027 la economía se imponga sobre la política, necesita algo más que llegar a las elecciones con inflación baja. Necesita que quienes tienen capital estén dispuestos a invertir. Y para que alguien invierta a diez, quince o veinte años, necesita saber qué reglas va a encontrar mañana. Ahí aparece el RIGI.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones busca generar condiciones especiales para proyectos de gran escala y largo plazo, especialmente en sectores capaces de generar producción, exportaciones y dólares. Y ahora el Gobierno busca ampliar ese esquema con lo que empezó a denominarse “Super RIGI”, con la intención de extender los incentivos y facilitar nuevas inversiones.

Pero el verdadero éxito del RIGI no debería medirse solamente en la cantidad de anuncios. Debería medirse en cuántos proyectos efectivamente se construyen, cuántos empleos formales generan, cuánto producen, cuánto exportan y cuánto capital privado llega a la Argentina.

El segundo gran desafío es la formalización de la economía.

Por eso también es relevante la llamada Ley de Inocencia Fiscal 2. La intención del Gobierno es generar mayores incentivos para que los argentinos formalicen ahorros y utilicen el sistema financiero, reduciendo el temor a que una modificación futura de las reglas termine convirtiendo esa decisión en un problema.

Y esto conecta directamente con una cuestión central: la confianza. La confianza no se decreta. Se construye. Una persona confía cuando cree que las reglas de hoy seguirán siendo razonablemente las mismas mañana.

El tercer desafío es el Presupuesto 2027.

No alcanza con que el Gobierno pueda mostrar que alcanzó el equilibrio fiscal. La pregunta es si ese equilibrio puede sostenerse. Porque si el equilibrio fiscal depende exclusivamente de la voluntad de un gobierno, todavía no estamos frente a una política de Estado. Estamos frente a una política de gobierno.

El cuarto desafío es el más sensible, quizás: qué pasa con la economía real.

Porque los grandes números macroeconómicos tienen que terminar llegando a la vida cotidiana. Más consumo. Más crédito. Menos morosidad. Más actividad. Más capacidad de las familias para llegar a fin de mes.

Una economía puede mostrar equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, tener sectores enteros que todavía sienten que la recuperación no llegó. Si la economía quiere “llevarse puesta” a la política en 2027, la estabilidad tiene que sentirse también en la calle.

Hay algo más.

Hasta acá, los desafíos dependen fundamentalmente de lo que haga la Argentina. Pero hay una variable que el Gobierno no controla y que puede alterar todos esos planes: el mundo.

Esta semana, la Reserva Federal de Estados Unidos volvió a subir su tasa de interés de referencia. Fueron 25 puntos básicos, hasta llevarla al rango de 3,75% a 4%. Es la primera suba desde 2023. Y las proyecciones difundidas por la propia Fed muestran una tasa mediana de 4,1% para fines de 2027.

¿Por qué debería importarle esto a la Argentina? Porque cuando Estados Unidos paga más por su dinero, el resto del mundo tiene que ofrecer más para competir por los dólares. Una suba de tasas estadounidenses puede endurecer las condiciones financieras para los países emergentes: puede fortalecer al dólar, reducir el atractivo relativo de activos de mayor riesgo y encarecer el financiamiento externo. En el caso argentino, además, llega en un momento en el que el país necesita recuperar plenamente el acceso al mercado internacional de crédito.

Ya hubo una primera señal. Tras la decisión de la Fed, los activos argentinos sufrieron una jornada negativa y el riesgo país volvió a moverse por encima de los 500 puntos básicos. Entonces aparece un nuevo interrogante: ¿puede la economía argentina llevarse puesta a la política si, al mismo tiempo, tiene que enfrentar un escenario financiero internacional más exigente?

La respuesta no está solamente en Buenos Aires. También está en Washington, en las decisiones de la Reserva Federal y en cuánto estén dispuestos los inversores internacionales a pagar para quedarse en mercados como el argentino. Y esto vuelve todavía más importante todo lo anterior.

Cuanto más sólida sea la economía argentina, cuanto más creíbles sean sus cuentas públicas, cuanto mayores sean sus reservas, cuanto más inversión privada consiga atraer y cuanto más previsibles sean sus reglas, menor debería ser su vulnerabilidad frente a lo que ocurra afuera.

Porque la verdadera prueba para 2027 no será solamente comprobar si la política puede alterar la economía. Será comprobar si una economía argentina suficientemente sólida puede resistir la política argentina y también los shocks que vienen de afuera.

Y ahí aparece una cuestión que Argentina debería mirar con mucha más atención. Hay países que lograron que algunas políticas económicas centrales sobrevivieran a los cambios de gobierno.

Perú tiene un ejemplo extraordinariamente interesante. Julio Velarde está al frente del Banco Central de Reserva del Perú desde octubre de 2006. Desde entonces pasaron distintos presidentes y diferentes gobiernos, pero Velarde permaneció al frente de la autoridad monetaria. En 2021 fue ratificado para un cuarto período consecutivo.

No es un dato menor. Durante ese período, el Banco Central peruano mantuvo un esquema de metas de inflación y la inflación se mantuvo en niveles relativamente bajos durante buena parte de las últimas dos décadas.

Brasil ofrece otro ejemplo interesante. Cuando Luiz Inácio Lula da Silva asumió su primera Presidencia, en 2003, eligió para conducir el Banco Central a Henrique Meirelles, un dirigente que no pertenecía a su espacio político. Meirelles contó posteriormente que había planteado como condición para asumir la independencia del Banco Central, y Lula aceptó.

Esos casos no significan que Argentina deba copiar mecánicamente a Perú o Brasil. Significan otra cosa: las instituciones económicas importantes necesitan continuidad.

Porque si cada cambio de gobierno implica cambiar completamente las reglas monetarias, fiscales, tributarias o regulatorias, ningún empresario puede proyectar seriamente una inversión de largo plazo.

Ahí aparece el verdadero desafío argentino. Si queremos que la economía se lleve puesta a la política en 2027, primero tenemos que lograr que la economía pueda sobrevivir a la política. Eso significa que el Gobierno debería poder mostrar en 2027 algo más que buenos números. Debería poder mostrar instituciones. Reglas. Previsibilidad. Un régimen fiscal sostenible. Una política monetaria creíble. Un sistema financiero que vuelva a prestar. Un mercado de capitales profundo. Empresas invirtiendo. Empleo formal creciendo. Y, sobre todo, una economía capaz de funcionar sin importar quién gane las elecciones.

Porque una cosa es que un gobierno tenga un buen programa económico. Otra, mucho más importante, es que ese programa pueda convertirse en una política pública que trascienda al gobierno que la diseñó.

Ahí aparece la política. Y aparece también el diálogo. Gobierno, oposición, empresarios, trabajadores, universidades, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil: todos esos actores tienen intereses distintos. Pero justamente por eso tienen que formar parte de la discusión cuando se construyen las políticas públicas que pretenden cambiar estructuralmente la economía.

Porque cuanto más amplio sea el acuerdo alrededor de una regla, mayor será la posibilidad de que esa regla sobreviva al cambio de gobierno. Y cuando las reglas sobreviven a los gobiernos, aparece algo que la Argentina necesita hace décadas: la posibilidad de planificar.

Pero acá aparece una dificultad que muchas veces queda fuera de la discusión: el diálogo es necesario para construir políticas públicas perdurables, pero la democracia también obliga a competir para ganar elecciones. Y esas dos necesidades no siempre conviven fácilmente.

Un dirigente que quiere construir un acuerdo con otro sector necesita reconocer al otro como un interlocutor válido. Necesita escuchar, negociar y encontrar puntos de coincidencia. Pero ese mismo dirigente, cuando comienza una campaña electoral, tiene que intentar convencer a los ciudadanos de que su propuesta es mejor que la de su adversario. Tiene que diferenciarse. Tiene que confrontar. Tiene que pedir el voto. Y en una Argentina fuertemente polarizada, esa contradicción se vuelve todavía más evidente.

Porque muchas veces parece que para ganar una elección hay que destruir políticamente al adversario. Hay que convencer a los propios votantes de que del otro lado está el peligro, el fracaso, el pasado que no debe volver.

Y entonces aparece la paradoja: ¿cómo se construyen acuerdos de largo plazo con quienes durante una campaña electoral fueron presentados como el enemigo que había que derrotar?

El problema no es la competencia electoral. La competencia es indispensable para la democracia. El problema aparece cuando la competencia se transforma en una lógica de confrontación permanente que hace imposible cualquier acuerdo posterior. La democracia necesita adversarios para competir. Pero necesita interlocutores para construir.

Y quizás uno de los mayores desafíos de la política argentina sea justamente aprender a hacer las dos cosas al mismo tiempo: competir electoralmente sin destruir las condiciones necesarias para poder acordar después. Porque si cada elección termina significando que todo lo que hizo el gobierno anterior debe ser eliminado, la economía vuelve a quedar a merced de la política.

Y entonces volvemos al punto de partida. Caputo puede tener razón y quizás en 2027 la economía efectivamente se lleve puesta a la política. Pero exige -sobre todo al Gobierno- un esfuerzo cuasi patriótico que solo el futuro revelará.