Cuando la sociedad civil cruza fronteras: el acuerdo AmSoc–CNC

Hay momentos en los que la responsabilidad de una organización se mide no solamente por aquello que representa, sino por su capacidad para actuar más allá de sus fronteras naturales.

La firma del Memorándum de Entendimiento entre la Confederación Nacional Campesina (CNC) y American Society of Mexico (AmSoc) es uno de esos momentos.

A primera vista podría parecer una alianza poco convencional: una de las organizaciones campesinas más antiguas y territorialmente extensas de México, fundada en 1938, y una institución creada en 1942 para articular a la comunidad estadounidense en nuestro país. En realidad, es un acuerdo inédito, pero profundamente lógico.

Porque el campo mexicano y la mesa de las familias estadounidenses están mucho más cerca de lo que indican los mapas.

México y Estados Unidos no solamente comparten 3,000 kilómetros de frontera. Comparten cadenas de producción, trabajadores, empresas, mercados y alimentos. Lo que ocurre con un productor mexicano termina teniendo consecuencias sobre un supermercado, un restaurante o una familia estadounidense.

Por eso, cuando dos organizaciones de la sociedad civil deciden apoyarse más allá de las fronteras, no están sustituyendo a los gobiernos. Están ejerciendo el nivel más alto de responsabilidad que corresponde a sociedades profundamente interdependientes: identificar un problema común y construir instrumentos para resolverlo.

El MOU parte de una premisa sencilla: si conseguimos que una mayor proporción del valor generado por los alimentos permanezca en manos de quienes los producen y, simultáneamente, hacemos más eficientes las cadenas que llevan esos productos hasta el consumidor, ambos extremos pueden beneficiarse.

El acuerdo establece precisamente una agenda para acercar productores mexicanos con compradores y mercados estadounidenses, buscar nuevas fuentes de financiamiento, incorporar tecnología, reducir intermediación y construir cadenas productivas transparentes y verificables.

El modelo contempla eficiencias en producción, logística y comercialización que, dependiendo del producto y de la estructura de cada mercado, podrían impactar determinados componentes del precio final al consumidor estadounidense hasta en 34%.

Pero el objetivo primordial está en el origen de la cadena: los propietarios y trabajadores de la tierra en México.

México tiene más de 32 mil núcleos agrarios distribuidos en sus 32 entidades federativas, y la propiedad social representa aproximadamente la mitad del territorio nacional. Detrás de esas cifras existen familias que necesitan crédito, tecnología, seguridad y, sobre todo, mercados capaces de remunerar justamente su trabajo.

El acuerdo AmSoc–CNC pretende acercar esos dos mundos.

Existe además una realidad imposible de ignorar: un productor no es verdaderamente libre si para sembrar, transportar o vender tiene que pagar extorsiones; si un intermediario le es impuesto mediante amenazas; o si organizaciones criminales pueden insertarse en alguna etapa de la cadena productiva.

Por eso uno de los componentes más innovadores del acuerdo es la construcción de mecanismos de certificación y trazabilidad de tierras, productores y cadenas productivas seguras frente a interferencias delictivas.

No se trata únicamente de seguridad pública. Se trata de seguridad económica.

Una cadena agrícola segura protege al campesino mexicano, pero también al importador y al consumidor estadounidense. Reduce riesgos empresariales, permite conocer mejor el origen de los productos y dificulta que las organizaciones criminales conviertan actividades económicas legítimas en mecanismos de financiamiento. El principio puede resumirse con claridad: proteger al productor mexicano también significa proteger la seguridad alimentaria norteamericana.

Para entender la trascendencia del acuerdo hay que reconocer el liderazgo de la diputada Leticia Barrera Maldonado.

Al frente de una organización con casi nueve décadas de historia, Barrera ha optado por una conducción dinámica, joven y pragmática. En lugar de limitar la discusión sobre el campo a las reivindicaciones tradicionales, ha comenzado a explorar mercados, financiamiento, tecnología, seguridad y oportunidades internacionales.

Su posición frente al convenio ha sido igualmente clara: el acuerdo tiene que producir resultados. Esa visión es importante porque las organizaciones históricas enfrentan siempre la misma disyuntiva: administrar su pasado o utilizar su historia como plataforma para construir el futuro. Barrera está apostando por lo segundo.

Y esa decisión explica también otra dimensión del MOU: fortalecer mecanismos legales y ordenados de movilidad laboral hacia Estados Unidos, particularmente mediante programas de trabajo temporal, vinculando las necesidades reales de la agricultura estadounidense con trabajadores mexicanos dentro de esquemas documentados y verificables.

Del otro lado de la alianza se encuentra Larry Rubin, presidente de American Society of Mexico, quien ha hecho de la interlocución bilateral una actividad cotidiana y ha entendido que AmSoc puede desempeñar un papel que va mucho más allá de representar a una comunidad.

Rubin está llevando el planteamiento del campo mexicano hacia interlocutores estadounidenses capaces de convertir una buena idea en programas concretos. La gestión tiene un destino particularmente relevante: el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y su secretaria, Brooke L. Rollins.

Rollins conoce tanto la política pública como el mundo agrícola. Estudió desarrollo agrícola en Texas A&M University, posteriormente derecho en la Universidad de Texas y participó en la primera administración Trump, primero en la Office of American Innovation y posteriormente al frente del Domestic Policy Council. Su trayectoria personal también está vinculada al campo texano y a organizaciones como 4-H y Future Farmers of America.

Ese perfil importa porque el MOU AmSoc–CNC no está intentando presentar ante Washington un programa asistencial. Está planteando algo mucho más compatible con la lógica actual estadounidense: productores más competitivos, cadenas más seguras, comercio verificable, migración laboral ordenada y beneficios medibles para Estados Unidos.

La gestión comienza además en un momento particularmente favorable. En junio pasado, Rollins estuvo en Chiapas junto con autoridades mexicanas impulsando la cooperación contra el gusano barrenador; Estados Unidos anunció casi 84 millones de dólares adicionales para esa estrategia binacional. Meses antes, la secretaria había encabezado en México la mayor misión comercial agroindustrial organizada por el USDA, con 150 participantes y más de 500 reuniones empresariales.

Hay, por tanto, una interlocución agrícola México–Estados Unidos activa sobre la cual construir. Sería un error analizar este acuerdo ignorando el momento político estadounidense.

Donald Trump puede mantener posiciones extraordinariamente duras en comercio, migración y seguridad y, simultáneamente, demostrar una enorme disposición para alcanzar acuerdos cuando identifica beneficios concretos para Estados Unidos.

Ese pragmatismo abre posibilidades que hace algunos años habrían parecido improbables.

Su administración ha colocado el precio de los alimentos, la fortaleza de los productores, la seguridad de las cadenas y la apertura de mercados en el centro de su política agrícola. La propia administración Trump define su estrategia comercial agrícola alrededor de acuerdos negociados directamente con socios dispuestos a generar beneficios verificables.

Eso obliga a México a entender algo fundamental: Washington hoy escucha menos los argumentos abstractos y mucho más las propuestas capaces de responder una pregunta sencilla: ¿qué gana Estados Unidos?

El acuerdo AmSoc–CNC tiene una respuesta.

Ganan los consumidores estadounidenses mediante cadenas potencialmente más eficientes. Ganan las empresas estadounidenses con proveedores más seguros y mercados rurales mexicanos con mayor capacidad de compra. Gana Estados Unidos cuando trabajadores agrícolas ingresan mediante mecanismos legales en lugar de hacerlo irregularmente. Y gana su seguridad cuando disminuyen los espacios económicos donde las organizaciones criminales pueden cobrar, extorsionar o controlar cadenas productivas.

México también gana. Ganan primordialmente quienes trabajan y poseen la tierra: mediante mejores condiciones de financiamiento, mayor acceso a tecnología, reducción de intermediarios, protección de sus actividades productivas y acceso directo a uno de los mercados más grandes del planeta.

Se trata de dos sociedades que deciden ayudarse. Ahí reside quizá la verdadera trascendencia de lo ocurrido. La CNC y AmSoc representan mundos distintos, pero profundamente complementarios.

Una posee territorio, productores, comunidades y conocimiento del México rural. La otra tiene capacidad de interlocución con empresas, organizaciones, instituciones y actores estadounidenses.

Al unir esas capacidades aparece algo que ninguno podría construir aisladamente. En tiempos de tensión entre gobiernos, esa clase de puentes adquiere todavía mayor importancia.

Los gobiernos cambian. Las administraciones terminan. Las circunstancias políticas se modifican.

Pero la relación entre México y Estados Unidos pertenece también a sus agricultores, trabajadores, empresarios, consumidores, comunidades y organizaciones civiles.

El Memorándum AmSoc–CNC demuestra precisamente eso: que la integración norteamericana no necesariamente tiene que construirse únicamente desde arriba.

También puede comenzar en una parcela mexicana y terminar en la mesa de una familia estadounidense.

Y cuando eso ocurre bajo reglas que permiten que el productor gane más, que el consumidor pague menos, que el trabajador migre legalmente y que el crimen organizado encuentre menos espacios para intervenir, dejamos de hablar simplemente de cooperación.

Estamos hablando de responsabilidad compartida.