Caso de diplomas falsos deja 12 detenidos y 13 bajo arresto domiciliario en Panamá
La justicia panameña impuso detención provisional a 12 personas investigadas por la presunta venta de credenciales académicas falsas, mientras otras 13 quedaron bajo retención domiciliaria.
Las decisiones corresponden a la Operación Credenciales 1.0, un expediente que examina posibles manipulaciones en los concursos de nombramiento docente del Ministerio de Educación (Meduca).
Las medidas fueron adoptadas después de cuatro días consecutivos de audiencias de solicitudes múltiples. El Tribunal de Garantías legalizó 24 aprehensiones y admitió la formulación de cargos contra los 25 investigados, aunque una detención no cumplió los parámetros legales establecidos. Esa decisión no implica una absolución ni excluye a la persona del proceso.
La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada atribuyó a los imputados posibles delitos de falsificación de documentos, corrupción de servidores públicos y ejercicio ilegal de la profesión.
La investigación también contempla blanqueo de capitales y delincuencia organizada, figuras que reflejan la complejidad del esquema descrito por el Ministerio Público durante las audiencias.
La operación se ejecutó el 26 de agosto mediante allanamientos en Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darién. En las diligencias participaron la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial, bajo la coordinación de la fiscalía especializada que conduce el expediente.
El caso comenzó con denuncias presentadas por el Meduca tras descubrir irregularidades en el Sistema de Administración de Recursos Humanos, conocido como SIARHE.
Esa plataforma concentra las credenciales empleadas para evaluar aspirantes y asignar puntuaciones en los concursos, un proceso determinante para obtener nombramientos y traslados dentro del sistema educativo público.
La hipótesis fiscal sostiene que una estructura ofrecía títulos, créditos académicos y diplomas expedidos de manera irregular, utilizando los nombres de instituciones universitarias reconocidas.
Las credenciales presuntamente eran incorporadas a los expedientes para elevar puntuaciones, mientras algunos beneficiarios conseguían ventajas frente a aspirantes que sí cumplían los requisitos académicos.
Durante las audiencias surgieron testimonios que describieron pagos de hasta $4.000 por la obtención e incorporación de documentos cuestionados.
Una persona habría realizado inicialmente un desembolso de $800 y posteriormente recibió una solicitud de $1.200, supuestamente destinada a incrementar su puntuación dentro del sistema utilizado por el Meduca.
El expediente también examina un posible mecanismo de financiamiento. Quienes no disponían del dinero requerido habrían sido remitidos a una financiera para tramitar préstamos, según la información expuesta ante el tribunal.
La persona que gestionaba esas referencias presuntamente recibía comisiones, un elemento que ahora forma parte de las pesquisas por blanqueo de capitales.
La Fiscalía identificó además a funcionarios con acceso al SIARHE que presuntamente introdujeron información académica falsa en los registros oficiales.
Uno de los investigados habría efectuado 17 inscripciones relacionadas con supuestos títulos de la Universidad de Cartago, mientras otras dos personas estarían vinculadas con al menos 13 registros cuestionados.
La Universidad de Cartago aparece de forma recurrente en el expediente porque algunas personas favorecidas supuestamente nunca estudiaron en esa institución.
Las autoridades deberán verificar las fechas, programas y registros disponibles, debido a que existen versiones diferentes sobre su cierre, además de determinar si las credenciales fueron confeccionadas después del cese de operaciones.
El universo investigado podría superar ampliamente a las 25 personas imputadas. La información recabada por las autoridades apunta a cerca de 400 registros que presentan posibles irregularidades, aunque esa cifra no significa que todos sus titulares sean responsables.
Cada expediente deberá analizarse individualmente para establecer quién adquirió, utilizó o incorporó conscientemente documentación falsa.
Una estimación conocida durante el proceso sitúa en más de $767.000 el posible perjuicio económico asociado con salarios y bonificaciones de los casos examinados.
El monto todavía puede cambiar conforme avance la investigación, que deberá precisar cuánto dinero público fue pagado y durante cuánto tiempo permanecieron vigentes los nombramientos obtenidos mediante credenciales cuestionadas.
El alcance del caso no termina en la falsificación material de un diploma. La utilización de documentos fraudulentos puede desplazar a aspirantes legítimos, alterar concursos y comprometer la calidad del sistema educativo.
También obliga al Meduca a reforzar la verificación con las universidades, mientras la Fiscalía deberá probar individualmente las conductas atribuidas, respetando la presunción de inocencia.
Infobae
