¿Por qué se van los buenos y se quedan los cuestionados? Ciudadanos cuestionan cambios en Fiscalía de Huauchinango
Abelardo Domínguez
Huauchinango, Pue. — Crece el malestar entre la ciudadanía por las recientes reubicaciones de Ministerios Públicos en la zona serrana, ya que según denunciantes, la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancur, estaría removiendo a servidores públicos que no están involucrados en escándalos, mientras que aquellos con decenas de quejas en su contra permanecen en sus cargos.
Los afectados con los cambios son:
– Lic. Ruby Garrido, encargada de la agencia de Robo de Vehículos, removida supuestamente por una queja sin fundamento
– Lic. Abigail Méndez Aguilar, de la Fiscalía de Investigación Regional (FIR)
– Lic. Mario Barajas, titular de la agencia de Delitos Culposos
Mientras tanto, permanecen en sus puestos pese a contar con múltiples denuncias ante Visitaduría, Derechos Humanos y la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz:
– MP Mary Cruz Lozada Morales, de la FEIDAI
– Lic. Juan Manuel González Jarquín, de la FIM
“Lejos de ser atendidas, las víctimas son revictimizadas por estos malos servidores públicos que siguen en la zona, solapados por la misma fiscalía”, señalan los denunciantes.
La figura de Fiscal de Zona o Enlace fue eliminada al fusionar mesas de trabajo. Antes, estos funcionarios acudían hasta dos veces por semana a las agencias para supervisar la atención a la ciudadanía. Hoy, quienes tienen una queja deben viajar hasta la ciudad de Puebla, con el riesgo de no ser atendidos. Muchos ya han decidido no denunciar más.
“¿Por qué no cambian a los que tienen quejas por todos lados? ¿Quién los protege tanto?”
Los discursos del gobernador Alejandro Armenta Mier y de la fiscal Idamis Pastor Betancur sobre mejorar la justicia en la Sierra Norte, chocan con la realidad: la zona está cada día más huérfana de justicia, señalan los afectados.
En la próxima edición: revelaremos los antecedentes de un Ministerio Público que salió del C5 y hoy goza de impunidad en la región, protegido por funcionarios de la propia fiscalía.
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