Debate doble Nacionalidad: Malinformado y regresivo

Ana María Salazar

La reforma constitucional publicada el 20 de marzo de 1997 y vigente desde el 20 de marzo de 1998 estableció que los mexicanos por nacimiento no perderían su nacionalidad al adquirir otra ciudadanía. La prioridad del presidente Ernesto Zedillo y su equipo de asesores fue proteger a los millones de mexicanos residentes en el extranjero -particularmente en Estados Unidos-, al permitirles naturalizarse y ejercer plenamente sus derechos en el País donde vivían sin renunciar a sus raíces mexicanas. Gracias a esta reforma constitucional, millones de mexicanos legalizaron su situación jurídica, facilitando las posibilidades de estudiar, obtener empleos mejor renumerados, ofrecer una mejor vida para su familia en Estados Unidos y en México. Además, esta legislación abrió la posibilidad de que hijos de mexicanos que nacieron en el extranjero pudieran también considerarse como mexicanos de nacimiento permitiendo también tener todos los derechos y obligaciones de todo ciudadano que haya nacido en México.

Y esta decisión, de permitir la doble nacionalidad obviamente tuvo sus detractores en su momento que resultó en un interesante debate sobre el concepto de ciudadanía, patriotismo, soberanía, y lealtades. Esta reforma abrió la remota e impensable posibilidad de que un individuo podía participar y ejercer derechos políticos en ambos países. No sólo votar en ambos países, sino buscar ejercer cargos políticos y de seguridad nacional.

Y si, abre la posibilidad de que un individuo pueda ser candidato para la Presidencia en México y en los Estados Unidos. Pero obviamente desde las reformas constitucionales de 1997 exigen que renuncie a la doble nacionalidad a quienes buscarían ejercer ciertos cargos en México y en Estados Unidos.

Lo más irónico de este debate es que una de las preocupaciones centrales durante el debate de la reforma de 1997 fue evitar que la apertura a la doble nacionalidad generara conflictos de lealtad en los cargos más sensibles del Estado. Por ello, el artículo 32 constitucional y la Ley de Nacionalidad establecieron que, cuando la Constitución o una ley exija ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, el aspirante debe presentar un certificado de nacionalidad mexicana y formular una renuncia expresa a la nacionalidad extranjera, así como a cualquier protección, obediencia o lealtad hacia otro Estado. Esta reserva alcanzó -según el diseño legislativo original- a la Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados, las gubernaturas, las secretarías de Estado, la Suprema Corte y otros cargos vinculados con la soberanía y la seguridad nacionales.

Lo trágico de la discusión de esta semana es que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentada se limitaría a quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; es decir, en lugar de ampliar las salvaguardas previstas en 1997.

Con la Constitución y la legislación vigentes, la obligación de renunciar a otra nacionalidad se aplica automáticamente a todos los funcionarios, a la Presidencia de la República, las gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las secretarías de Estado, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte, la fiscalía general y determinados puestos militares, de seguridad, marítimos y aeronáuticos. En estos casos, la persona debe presentar un certificado de nacionalidad mexicana y declarar formalmente su renuncia a la nacionalidad extranjera y a cualquier vínculo de lealtad con otro Estado; sin embargo, esa declaración no necesariamente implica que el país extranjero cancele jurídicamente su ciudadanía.

México no puede ordenar a Estados Unidos, Guatemala, Cuba, España, China, Chile y otros países si aceptan la renuncia o no de un ciudadano.

Aunque no existe una cifra oficial exacta sobre cuántas personas poseen ambas nacionalidades, las estimaciones legislativas iniciales hablaban de casi cuatro millones de posibles beneficiarios, cifra que hoy debe considerarse subestimada. La iniciativa anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum no busca eliminar ese derecho para la población en general, sino exigir que quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno renuncien a cualquier otra nacionalidad. Sin embargo, el mensaje político trasciende esos cargos: Para los millones de mexicano-estadounidenses que viven a ambos lados de la frontera, cuestionando lealtades. Y con este debate y reforma constitucional va abrir ámpulas con millones de mexicanos que tienen la doble nacionalidad. Y posiblemente afectar uno de los ciudadanos más emblemático de este debate: El primer nieto del ex presidente Andrés Manuel López Obrador quien nació en Estados Unidos, hijo de José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams. Algún día el nieto de AMLO podrá tomar la decisión de ser candidato a la Presidencia en México o Estados Unidos. Obviamente tendrá que decidir qué nacionalidad va a renunciar.