Seguridad alimentaria frente a El Niño: prevenir antes que reaccionar

Cuando hablamos del Fenómeno El Niño, casi siempre pensamos en lluvias intensas, desbordes, huaicos, carreteras destruidas y viviendas inundadas, sin embargo, existe otra consecuencia sobre la que todavía hablamos muy poco, ¿qué va a pasar con la alimentación de las familias cuando las lluvias afecten los cultivos, las carreteras se interrumpan, algunos alimentos dejen de llegar a los mercados o simplemente comiencen a costar más?

El último comunicado del ENFEN, publicado el 14 de agosto, se mantiene la alerta de El Niño Costero y proyecta que podría alcanzar una magnitud entre fuerte y extraordinaria hasta el verano de 2027. Además, mientras la costa norte y central enfrenta la posibilidad de precipitaciones por encima de lo normal, parte de la zona andina sur podría atravesar un escenario de menores lluvias. En otras palabras, no estamos frente a un único riesgo, ya que mientras algunos territorios tendrán que prepararse para inundaciones, otros podrían enfrentar escasez de agua y afectación de sus cultivos.

Y todo esto encuentra al Perú en una situación social y alimentaria que ya es bastante frágil, ya que en 2025, el 30.5 % de la población enfrentó inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, millones de personas ya tenían dificultades para acceder de manera regular a alimentos suficientes y adecuados.

Pero existe otro dato que deberíamos mirar con la misma preocupación. Ese mismo año, el 25.7 % de los peruanos se encontraba en situación de pobreza monetaria, mientras que un 32.8 % adicional era considerado población no pobre vulnerable, es decir, personas que hoy no son estadísticamente pobres, pero cuyo nivel de gasto se encuentra lo suficientemente cerca de la línea de pobreza como para que un cambio desfavorable en sus condiciones económicas pueda hacerlas caer en ella, y eso es precisamente lo que puede provocar un desastre de la magnitud que estamos anticipando.

Una cosecha perdida, varios días sin poder trabajar, un pequeño negocio afectado por una inundación, el incremento del precio de los alimentos o la interrupción de las carreteras pueden alterar rápidamente la economía de un hogar que hasta ayer lograba cubrir sus necesidades. Por eso, cuando hablamos de vulnerabilidad frente a El Niño, no deberíamos mirar solamente a quienes hoy se encuentran oficialmente en situación de pobreza. Si sumamos a la población pobre y a la población no pobre vulnerable, encontramos que el 58.5 % de los peruanos, una cifra que debería alertarnos.

Esto no significa que pobreza monetaria e inseguridad alimentaria sean lo mismo, ni que sus porcentajes puedan sumarse, miden dimensiones diferentes y seguramente una parte importante de esas poblaciones se superpone. Pero, vistas en conjunto, nos muestran que una parte muy importante del país llega a El Niño con escasa capacidad económica y alimentaria para resistir una nueva crisis.

Por eso, El Niño no va a crear desde cero la pobreza ni la inseguridad alimentaria, pero sí puede profundizarlas y, sobre todo, empujar hacia ellas a familias que hoy apenas se mantienen fuera. Esta es justamente la razón por la que nuestra respuesta no puede comenzar después del desastre. Si esperamos a que las familias pierdan sus ingresos, sus cultivos o su capacidad de comprar alimentos para recién intervenir, habremos llegado tarde.

Por eso considero que prepararnos frente a El Niño exige mirar mucho más allá de la respuesta después del desastre, y para hacerlo tenemos que comenzar por el primer eslabón, quienes producen nuestros alimentos.

La agricultura familiar abastece buena parte de los alimentos que consumimos diariamente y, al mismo tiempo, se encuentra entre los sectores más vulnerables frente a eventos climáticos extremos. Una inundación, una sequía prolongada o la pérdida de una campaña agrícola no significa solamente una pérdida económica para el productor. Significa también menos alimentos disponibles, menor ingreso para miles de familias rurales y potenciales incrementos de precios.

En esa línea, CONVEAGRO ha planteado una agenda de emergencia frente a El Niño que contiene medidas que considero necesarias discutir seriamente: un Reactiva Agrario dirigido especialmente a la agricultura familiar, mecanismos de reestructuración de deudas, fortalecimiento del Seguro Agrario Catastrófico, capital para que los productores puedan recuperar sus medios de producción y mayor inversión en infraestructura hídrica, riego tecnificado, siembra y cosecha de agua.

Pero proteger la producción es solo una parte de la solución, ya que también tenemos que garantizar que esos alimentos tengan dónde comercializarse y que puedan llegar hasta quienes los necesitan. Por ello, una segunda decisión debería ser fortalecer la articulación entre agricultura familiar y compras públicas de alimentos.

Si determinadas zonas productoras enfrentan dificultades para comercializar debido a daños en carreteras, mercados o cadenas de distribución, el Estado debería tener mecanismos previamente establecidos para comprar esa producción y destinarla a programas alimentarios y organizaciones sociales de base. Esto permitiría resolver dos problemas al mismo tiempo, proteger el ingreso de los agricultores y mejorar el abastecimiento de alimentos para la población vulnerable.

Aquí existe una oportunidad que seguimos desaprovechando. En lugar de esperar la emergencia para comprar grandes cantidades de alimentos industrializados y transportarlos cientos de kilómetros, podríamos fortalecer circuitos alimentarios territoriales, identificar qué producen las regiones y comprar lo más cerca posible de donde se encuentran las familias que necesitan asistencia.

Pero asegurar la producción es solamente una parte de la respuesta. El alimento puede estar disponible en el campo y, aun así, no llegar a la mesa de las familias. En un escenario de El Niño, las carreteras, puentes y vías de acceso se convierten también en parte del sistema alimentario.

Por eso, garantizar la seguridad alimentaria durante una emergencia implica también proteger la continuidad del abastecimiento. En ese sentido los gobiernos regionales y locales deberían identificar desde ahora cuáles son las principales rutas por donde ingresan los alimentos a sus territorios, qué puntos podrían quedar interrumpidos, qué vías alternativas existen y cuáles son los mercados que cumplen un papel estratégico en el abastecimiento de la población.

Además, los mercados mayoristas y los mercados de abasto no deberían ser vistos solamente como espacios comerciales. Durante una emergencia son parte de la infraestructura crítica de una ciudad, porque de su funcionamiento depende que los alimentos sigan circulando y que una interrupción temporal no termine convirtiéndose en desabastecimiento o en un incremento descontrolado de precios. Por eso necesitamos también sistemas de monitoreo que nos permitan saber oportunamente qué alimentos están faltando, dónde están subiendo los precios y qué territorios empiezan a presentar mayores dificultades de acceso.

Por otro lado, cuando el abastecimiento habitual se interrumpe y las familias pierden capacidad para comprar alimentos, la respuesta pública tiene que asegurar rápidamente su provisión. En esos primeros días es comprensible recurrir a productos que puedan almacenarse, transportarse y distribuirse con facilidad. El problema aparece cuando una respuesta pensada inicialmente para resolver una urgencia termina convirtiéndose, durante varias semanas, en la principal fuente de alimentación de una familia.

En una emergencia, la provisión de alimentos debe reconocer desde el comienzo que existen grupos que pueden deteriorar su estado nutricional con mayor rapidez. Los niños pequeños, especialmente los menores de dos años, las gestantes, las mujeres que dan de lactar y las personas adultas mayores requieren respuestas diferenciadas. Significando esto el garantizar alimentos apropiados, continuidad de intervenciones nutricionales y mecanismos para identificar tempranamente a quienes necesitan una atención adicional.

Esto cobra todavía mayor importancia durante una inundación, porque el problema alimentario rara vez ocurre de manera aislada. A la dificultad para conseguir alimentos pueden sumarse la contaminación de fuentes de agua, problemas de saneamiento, interrupciones en los servicios de salud y una mayor presencia de enfermedades diarreicas o infecciones. En un niño pequeño, por ejemplo, una dieta menos diversa combinada con episodios repetidos de diarrea puede provocar un deterioro nutricional en un periodo relativamente corto.

Por eso la respuesta frente a El Niño no debería limitarse a calcular cuántas raciones se necesitan. También tenemos que saber quién las necesita, durante cuánto tiempo y qué está ocurriendo con el estado nutricional de esa población mientras atraviesa la emergencia.

Y para que toda esta respuesta llegue realmente a quienes la necesitan, hay un actor que no podemos dejar fuera, las organizaciones sociales que ya trabajan en los territorios como las ollas comunes, las cuales ya han demostrado que, frente a una crisis, pueden convertirse rápidamente en una red de protección alimentaria.

Ese conocimiento territorial debería formar parte de la preparación frente a El Niño, sobre todo en los distritos con mayor riesgo, las ollas comunes podrían incorporarse a los planes de contingencia como puntos comunitarios de respuesta alimentaria, articulados con los gobiernos locales y los establecimientos de salud. Allí podría facilitarse la provisión de alimentos, identificar a familias que necesitan atención prioritaria y detectar tempranamente situaciones de riesgo nutricional.

Pero esta propuesta tiene una condición fundamental, no podemos volver a enfrentar una emergencia descansando sobre el trabajo y los recursos de las propias mujeres organizadas. Si queremos que estas redes comunitarias formen parte de la respuesta frente a El Niño, el Estado debe garantizar desde ahora las condiciones necesarias para que puedan hacerlo: abastecimiento oportuno, agua segura, equipamiento, logística, asistencia técnica y presupuesto.

Y justamente ahí está la diferencia entre prevenir y reaccionar. No tendría sentido esperar a que las ollas comunes se queden sin alimentos, que los mercados comiencen a desabastecerse o que las familias empiecen a reducir sus comidas para recién activar la respuesta.

Sabemos que existe el riesgo, conocemos cuáles son nuestras principales vulnerabilidades y tenemos experiencias suficientes para saber qué ocurre cuando actuamos tarde. Por eso, la discusión no debería centrarse únicamente en cuánto presupuesto destinaremos cuando llegue la emergencia, sino en qué decisiones estamos tomando hoy para evitar que un fenómeno climático termine convirtiéndose también en una crisis alimentaria y nutricional.

El Niño puede traer lluvias, huaicos, pérdidas agrícolas e interrupciones en las carreteras. Muchas de esas consecuencias quizá no podamos evitarlas por completo. Lo que sí podemos evitar es que nuevamente nos encuentre improvisando mientras sus efectos empiezan a sentirse en el precio de los alimentos, en la alimentación de las familias y, finalmente, en su estado nutricional.