UNAM: el examen del examen

Para muchas y muchos estudiantes, entrar a la máxima casa de estudios de nuestro país es un sueño.

No sólo por lo que significa estudiar en la UNAM, sino porque para miles de jóvenes la universidad pública representa una de las principales vías para acceder a educación superior de calidad y, en muchos casos, en ello se gesta una aspiración legítima de movilidad social.

Por eso, la forma para decidir quién logra entrar importa tanto.

Este año, el examen de ingreso a licenciatura de la UNAM se trasladó de las aulas a las pantallas. El cambio se ancla en una ventaja muy valiosa: participar desde el lugar de residencia, sin asumir costos de viajes, hospedaje o traslados.

Para quienes viven lejos de la CDMX, esto puede significar una barrera menos para competir en condiciones de mayor igualdad.

Sin embargo, las anomalías detectadas al aplicar el examen encendieron las alertas. Entre 2021 y 2025, alrededor del 3.5% de las personas aspirantes obtenía 100 aciertos o más; este año la proporción se elevó a 16.3%.

La pregunta fue inevitable: ¿cómo aprovechar la tecnología sin sacrificar la certeza?

La respuesta más sencilla sería concluir que el examen remoto fracasó y que debemos volver al presencial. Pienso que esa sería la lección equivocada. Hacer más accesible un proceso de admisión también es una cuestión de igualdad.

El problema no fue innovar, sino hacerlo sin garantías suficientes. El escenario ideal es aprovechar la tecnología pasando por mejores mecanismos de seguridad, transparencia, igualdad de condiciones y verificación.

Para responder a las irregularidades, esta semana comienza un examen presencial de control, que se aplicará del 12 al 19 de agosto.

Se convocó a alrededor de 58 mil 400 personas: tanto a quienes habían obtenido un lugar como a quienes, sin haber sido seleccionadas, alcanzaron el puntaje mínimo registrado para su carrera, plantel y modalidad en los últimos años. Todas volverán a competir por 21 mil 962 lugares.

La medida persigue un objetivo legítimo: recuperar la certeza del proceso.

Ello también genera una tensión difícil de ignorar: los que estudiaron a profundidad, cumplieron reglas y habían obtenido legítimamente un lugar deben demostrarlo nuevamente por irregularidades ajenas; mientras tanto, algunas personas que originalmente no habían sido seleccionadas reciben una nueva oportunidad para competir.

Ahí está uno de los problemas más interesantes: cuando falla un procedimiento, no basta con corregirlo. Importa cómo se corrige y sobre quién recae el costo de la corrección.

El desafío de la UNAM no es sólo identificar irregularidades, sino recuperar la integridad del proceso sin generar una nueva injusticia para quienes actuaron correctamente.

Sin embargo, pienso que lo más importante es el elefante en el salón: 58 mil 400 personas compiten por menos de 22 mil lugares. Y ello muestra que el problema trasciende cualquier plataforma.

La educación superior pública de calidad sigue siendo un recurso escaso en México.

A nivel nacional, la cobertura apenas alcanza 45% de la población y llegar a 55% requeriría crear más de un millón de nuevos espacios.

El problema de fondo, entonces, no es sólo cómo decidimos quién entra, sino por qué tantas y tantos jóvenes siguen quedándose fuera.

Cuando decenas de miles de jóvenes compiten por pocos espacios, cada acierto y cada irregularidad pueden definir un proyecto de vida.

Podemos perfeccionar el examen, fortalecer la plataforma y mejorar los controles, y aun así seguiría pendiente la pregunta más incómoda: ¿y si el verdadero examen no fuera el de aspirantes, sino el de un país incapaz de ofrecer suficientes lugares universitarios a sus jóvenes?

El punto de encuentro está en modernizar sin perder certeza y corregir sin perjudicar a quienes cumplieron las reglas.

Pero la discusión no puede terminar en el examen. No basta con mejorar la manera en que decidimos quién entra; el verdadero reto es ampliar la educación pública de calidad.