El aguacate no puede ser rehén de Washington

Estados Unidos puede poner en pausa, en cuestión de horas, una actividad productiva que a México le tomó décadas construir. Eso es justamente lo que vuelve tan delicada la reciente suspensión de inspecciones para exportar aguacate desde Michoacán: no sólo está en juego una fruta emblemática, sino miles de productores, empacadores, trabajadores, transportistas y comunidades enteras que dependen de una cadena económica altamente integrada con el mercado estadounidense.

La seguridad de los inspectores debe garantizarse sin reservas. México no puede exigir certidumbre comercial si personal extranjero acreditado para realizar labores indispensables enfrenta amenazas o condiciones de riesgo. Ésa es una responsabilidad elemental del Estado mexicano y debe cumplirse con eficacia, sin retórica y sin excusas. Pero una vez dicho eso, también corresponde advertir algo igualmente importante: las medidas de seguridad no pueden convertirse en una llave discrecional capaz de abrir o cerrar sectores completos del comercio bilateral cada vez que surge una contingencia.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa una vulnerabilidad que México conoce bien. El aguacate michoacano depende enormemente del mercado estadounidense, y esa concentración convierte cualquier suspensión administrativa en una amenaza inmediata para toda la cadena productiva. Washington tiene derecho a exigir condiciones para sus inspectores; lo que no debería normalizarse es que una decisión unilateral produzca de manera automática incertidumbre económica de gran escala.

La respuesta mexicana, hasta ahora, ha sido razonable. El gobierno de Claudia Sheinbaum reforzó la seguridad en la zona, desplegó más de mil 500 elementos y abrió los canales necesarios para que las actividades de inspección pudieran reanudarse parcialmente. Eso es lo que corresponde: resolver el problema concreto, no convertirlo en una disputa política mayor. Reuters reportó que Estados Unidos comenzó ya a retomar algunas actividades en el cinturón aguacatero de Michoacán después de las medidas adoptadas por México.

Entre los productores existe confianza en que la situación pueda encauzarse y en que la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el recientemente encumbrado canciller Roberto Velasco conduzcan adecuadamente una negociación que exige coordinación diplomática, comercial y de seguridad. Velasco, además, conoce especialmente bien el terreno: antes de asumir la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo bajo su responsabilidad la relación con América del Norte y hoy enfrenta una oportunidad temprana para mostrar el talento, la capacidad negociadora y la firmeza que demanda su nueva responsabilidad. México necesita en Washington interlocución eficaz, no estridencia; coordinación entre Economía y Cancillería, no competencias burocráticas; y una estrategia capaz de defender al productor mexicano sin convertir cada diferencia en un pleito político.

Ebrard ha tenido un papel central en esa relación. La revisión del T-MEC, las amenazas arancelarias, las presiones sobre distintos sectores productivos y la incertidumbre comercial han obligado a mantener una negociación prácticamente permanente con Washington. El desafío no consiste en conceder todo lo que Estados Unidos demande, pero tampoco en responder a cada presión con discursos altisonantes. Consiste en defender intereses nacionales con resultados.

Eso es precisamente lo que esperan los productores. Los aguacateros no necesitan arengas. Necesitan seguridad para sus huertos y empacadoras, certidumbre para sus exportaciones y condiciones claras para trabajar. Necesitan saber que sus inversiones no quedarán suspendidas de un día para otro por una decisión tomada fuera del país. Y necesitan, al mismo tiempo, que México haga su parte para que ningún argumento legítimo relacionado con seguridad pueda utilizarse nuevamente para detener operaciones.

Porque ésta no es la primera vez. Las exportaciones mexicanas de aguacate ya habían enfrentado interrupciones relacionadas con problemas de seguridad en años anteriores. La repetición demuestra que estamos ante algo más profundo que un incidente aislado. Existe una fragilidad estructural que debe atenderse antes de que vuelva a convertirse en crisis.

México tiene que garantizar condiciones permanentes para inspectores, productores y trabajadores, pero también debe exigir que los mecanismos comerciales sean previsibles, proporcionales y transparentes. No todo desacuerdo con Washington debe interpretarse automáticamente como agresión. Estados Unidos está obligado a proteger a sus funcionarios y México debe entenderlo. Si existe una amenaza seria, resulta comprensible que se adopten medidas precautorias. Lo que debe evitarse es que una suspensión sanitaria o administrativa termine funcionando, de hecho, como instrumento económico de presión sin parámetros claros sobre duración, proporcionalidad o mecanismos de solución.

La diferencia es importante. Una medida de seguridad debe terminar cuando desaparecen las condiciones que la justificaron. Una herramienta de presión permanece mientras resulte útil para obtener concesiones. Y con Donald Trump esa frontera merece especial vigilancia.

La actual administración estadounidense ha demostrado que concibe buena parte de su política económica internacional como instrumento de negociación. Los aranceles, las amenazas comerciales, las restricciones y la presión sobre socios han dejado de ser recursos excepcionales y se han convertido en parte habitual de su estrategia. México lo sabe mejor que muchos otros países.

Por nuestra integración económica, geográfica y productiva, cada decisión estadounidense tiene un impacto inmediato. Las cadenas de manufactura cruzan diariamente la frontera, millones de empleos dependen del comercio bilateral y buena parte de nuestras exportaciones tiene como destino ese mercado. Esa interdependencia es una fortaleza, pero también puede convertirse en debilidad.

La solución no consiste en imaginar que México pueda prescindir de Estados Unidos. Sería absurdo. Es nuestro principal socio comercial y continuará siéndolo durante mucho tiempo. El verdadero desafío consiste en construir una relación en la que la integración no equivalga a dependencia absoluta. Eso exige varias cosas al mismo tiempo: hacer valer el T-MEC, fortalecer nuestros mecanismos jurídicos de defensa comercial, diversificar mercados, mejorar competitividad interna y garantizar condiciones de seguridad para nuestras actividades exportadoras.

La soberanía comercial no se protege con discursos nacionalistas. Se protege haciendo al país menos vulnerable.

En el caso del aguacate, además, existe una realidad que Washington tampoco puede ignorar: el consumidor estadounidense depende ampliamente del producto mexicano. México no es únicamente un proveedor sustituible de un día para otro; forma parte de una cadena comercial consolidada durante años y esencial para satisfacer la demanda de aquel mercado. Por eso la relación debe entenderse desde la interdependencia, no desde la imposición.

Estados Unidos necesita garantías de seguridad. México necesita certidumbre comercial. Los productores necesitan ambas. Ahí es donde el gobierno mexicano debe actuar con inteligencia.

Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Roberto Velasco tienen hoy la oportunidad de resolver este episodio sin escalarlo y, al mismo tiempo, utilizarlo para establecer mecanismos más sólidos que impidan repetir estas interrupciones periódicamente. Particularmente para Velasco, recién llegado a la titularidad de la Cancillería después de años dedicado a la relación norteamericana, éste es el tipo de asunto en el que puede acreditar que su juventud no significa improvisación, sino conocimiento acumulado, capacidad de interlocución y una nueva generación al frente de la diplomacia mexicana.

Si cada amenaza contra un inspector deriva automáticamente en una suspensión completa, estaremos condenados a vivir una crisis semejante cada pocos años. La solución tiene que ser institucional: protocolos permanentes de seguridad, coordinación con autoridades locales y federales, mecanismos inmediatos para responder ante cualquier riesgo y procedimientos bilaterales que permitan enfrentar incidentes sin paralizar toda una actividad económica.

Eso protege tanto a Estados Unidos como a México.

También debe aprovecharse esta coyuntura para mirar hacia dentro. El éxito exportador del aguacate mexicano es extraordinario, pero no puede seguir descansando sobre una sola puerta de salida. Abrir y ampliar mercados en Europa, Asia y Medio Oriente no eliminará la importancia estadounidense, pero sí reducirá la vulnerabilidad ante interrupciones futuras. Diversificar no significa alejarse de Estados Unidos. Significa negociar con mayor fortaleza.

Un productor que tiene un solo comprador siempre está en desventaja. Un país también.

México tiene capacidad productiva, calidad reconocida internacionalmente y una posición logística privilegiada. Lo que necesita es convertir esas ventajas en una estrategia de largo plazo y dejar de reaccionar únicamente cuando aparece una nueva contingencia.

También Estados Unidos debería evaluar el costo de utilizar suspensiones demasiado amplias. Cuando detiene una cadena de suministro integrada, no solamente perjudica al productor mexicano. Impacta distribuidores, restaurantes, supermercados y consumidores estadounidenses. Los costos cruzan la frontera en ambos sentidos.

Eso es justamente lo que vuelve tan importante la existencia de reglas claras. El T-MEC se construyó para dar certidumbre a una región profundamente integrada. Su lógica consiste en reducir arbitrariedades, facilitar el comercio y resolver diferencias mediante procedimientos establecidos. México debe exigir que esa filosofía se preserve también cuando aparecen incidentes relacionados con seguridad.

No se trata de negar riesgos ni de minimizar amenazas. Se trata de impedir que una contingencia se convierta en pretexto para decisiones desproporcionadas.

La confianza de los aguacateros en que Sheinbaum, Ebrard y Velasco puedan resolver adecuadamente el episodio debe traducirse en resultados rápidos y duraderos. No basta con reanudar parcialmente las inspecciones y celebrar que la crisis inmediata disminuyó. Hay que evitar la siguiente. Ése debe ser el verdadero objetivo.

El gobierno mexicano tiene que proteger a quienes producen y también a quienes certifican. Debe garantizar seguridad en Michoacán, mantener abiertas las exportaciones y defender que las decisiones comerciales estadounidenses respeten proporcionalidad y procedimientos. Washington, por su parte, tiene derecho a reclamar protección para su personal, pero no debería utilizar esa legítima preocupación como palanca permanente de negociación.

La relación bilateral ya enfrenta suficientes tensiones como para añadir artificialmente otras. México y Estados Unidos necesitan una política comercial basada en previsibilidad. Ninguno de los dos puede prosperar manteniendo al otro en incertidumbre constante.

El aguacate, además, representa algo mucho mayor. Es un ejemplo de lo que puede ocurrir con cualquier sector productivo mexicano excesivamente dependiente de una decisión administrativa estadounidense. Hoy es Michoacán. Mañana podría ser otra industria.

Por eso esta crisis debe servir para corregir vulnerabilidades y no solamente para superar una suspensión temporal.

Hay razones para confiar en que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Roberto Velasco puedan conducir adecuadamente esta negociación. El gobierno mexicano ha demostrado que la relación con Trump exige paciencia, firmeza, oficio e interlocución permanente. Ahora corresponde traducir esas capacidades en certidumbre para quienes viven del campo, protegiendo al mismo tiempo los intereses comerciales y la soberanía del país.

Pero también deben aprovechar el episodio para construir una relación comercial menos frágil.

Porque el verdadero problema no es que durante algunos días se detenga un aguacate en la frontera.

El verdadero problema es que una industria mexicana entera pueda quedar pendiente de una decisión tomada en Washington.

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