Carlos Sánchez, director de De La Espriella Lawyers, demandó a la víctima reconocida del Dololed
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José Gregorio Uribe Acelas, la única víctima que un juez ha reconocido en el caso Dololed, fue demandado por Carlos Sánchez Cortés, director general de la firma De La Espriella Lawyers, que representa a Laboratorios Pronabell, fabricante del fitoterapéutico. Lo reveló este domingo una investigación de El Espectador.
Sánchez Cortés está casado con Lilian Pineda, hermana de Ana Lucía Pineda, la primera dama de Colombia y esposa del presidente, Abelardo De La Espriella, que se posesionó el 7 de agosto de 2026 en la Arena de la Universidad Santiago de Cali. El abogado que demandó a Uribe Acelas es concuñado del jefe de Estado.
La demanda llega meses después de que Uribe Acelas ganara el primer round judicial. En enero de 2026, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga declaró en primera instancia la responsabilidad civil de Laboratorios Pronabell S.A.S. por poner en el mercado un producto defectuoso que le provocó un shock anafiláctico severo a un consumidor alérgico a los antiinflamatorios no esteroideos. Es la primera decisión judicial en Colombia que le atribuye responsabilidad a esa compañía por el caso.
¿Quién es Carlos Sánchez Cortés, el abogado que demandó a la víctima del caso Dololed?
Carlos Sánchez Cortés, director general de De La Espriella Lawyers, firma de Pronabell. Foto: De La Espriella Lawyers.
Sánchez Cortés es abogado de la Universidad Santo Tomás de Aquino, con especializaciones en Responsabilidad y Daño Resarcible de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho de la Empresa de la Universidad del Rosario, según la ficha que publica la propia firma en su página web.
Durante 18 años lideró el Departamento de Derecho Privado, Corporativo y Litigios de De La Espriella Lawyers. El 4 de mayo de 2026, el bufete anunció su nombramiento como "nuevo Socio Director General".
Es el mismo despacho con el que Abelardo De La Espriella construyó su carrera como litigante penal antes de llegar a la Presidencia. Sánchez Cortés ha sido una de las caras visibles de la firma en los casos de mayor exposición pública, entre ellos la representación de Patricia Casas en la denuncia por violencia intrafamiliar contra el entonces concejal de Bogotá Hollman Morris, en enero de 2019.
En el expediente del Dololed, Sánchez Cortés aparece desde el comienzo. Fue él quien salió a responderle al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) cuando se destapó el escándalo, en enero de 2020.
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¿Qué pasó con José Gregorio Uribe y el Dololed?
José Gregorio Uribe Acelas, la única víctima reconocida en el expediente del caso Dololed. Fotomontaje Minuto60.
A Uribe Acelas, el producto que se le atravesó se vendía en calles y droguerías como un fitoterapéutico de caléndula para el dolor, con registro sanitario PFM2012-0001970 a nombre de Laboratorios Pronabell S.A.S.
En 2018, después de tomarlo, sufrió una reacción anafiláctica que lo dejó al borde de la muerte. Uribe Acelas es alérgico a los antiinflamatorios no esteroideos, el grupo al que pertenece el diclofenaco.
Le tomó siete años conseguir que un juez le diera la razón. La demanda civil que terminó en la condena de primera instancia contra Pronabell fue promovida por el abogado Jorge Cáceres.
El fallo del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga sostiene que las muestras analizadas por el Invima salieron del mismo laboratorio y no de puntos de venta callejeros, un punto central porque la defensa había atribuido los hallazgos a falsificaciones de terceros.
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¿Qué dijo el Invima sobre el diclofenaco en el Dololed?
El 24 de enero de 2020, el Invima emitió la alerta sanitaria número 006-2020. En el documento, la entidad advirtió que había evidenciado la presencia no autorizada de diclofenaco en cinco lotes del producto fitoterapéutico Caléndula Officinalis, marca Dololed: F715, F726, F782, F837 y F843.
Dololed se vendía como fitoterapéutico de caléndula con registro sanitario PFM2012-0001970. Foto: Pronabell.
"El consumo de este producto alterado, puede representar un riesgo para la salud", dice el texto de la alerta, que atribuye ese riesgo a la ingesta no informada de diclofenaco. La entidad pidió a los ciudadanos abstenerse de comprar y consumir esos lotes, y a droguerías y prestadores de salud ponerlos en cuarentena.
La alerta se produjo después de que la Universidad Industrial de Santander (UIS) analizara el producto en su Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas, Crom-Mass, bajo la dirección de la profesora Elena Stashenko. Ese análisis encontró diclofenaco en unas tabletas que se anunciaban como 100 % naturales.
En julio de 2022, el Invima archivó el proceso sancionatorio contra el laboratorio. "No existía evidencia probatoria", dijo entonces Sánchez Cortés sobre la presencia del fármaco en el producto de su cliente.
¿Cómo ha defendido De La Espriella Lawyers al laboratorio Pronabell?
En enero de 2020, Sánchez Cortés sostuvo que el producto que circulaba en el mercado podía "estar contaminado, falsificado o plagiado por terceros malintencionados".
El propio Invima había reportado, antes de la alerta, que encontró diferencias sustanciales entre las muestras tomadas en el laboratorio fabricante, negativas para diclofenaco, y las recogidas en establecimientos comerciales.
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La firma también fue por la investigación de la UIS. Abelardo De La Espriella anunció acciones legales en nombre de Laboratorios Pronabell contra ese estudio y contra Stashenko, la científica que lo dirigió.
Pronabell perdió dos tutelas contra la universidad en Bucaramanga. El Juzgado Décimo Penal del Circuito confirmó la sentencia de primera instancia del Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Conocimiento, favorable a la UIS.
¿Cuánta plata está en juego en el caso Dololed?
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Laboratorios Pronabell con 348 millones de pesos, al considerar que un fitofármaco no puede contener un componente distinto al natural.
Por fuera de esa sanción corre una acción de grupo radicada en Bogotá por los abogados Camilo Araque y Juan David Mesa, en nombre de consumidores que compraron el producto creyendo que era natural.
Las pretensiones de esa acción de grupo llegan a 63.000 millones de pesos, la cifra que, según el cálculo presentado por los demandantes, habría facturado el laboratorio por las ventas del producto.
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El proceso civil de Uribe Acelas contra Pronabell va aparte de esas dos actuaciones. La condena de enero de 2026 fue de primera instancia, así que todavía puede ser revisada por un juez de segundo grado.
}Minuto60
