Regidores contra desarrollo de Silao

1.- Regidores contra desarrollo de Silao

Quedó sepultada la posibilidad de que la avenida Santa Clara de Marines en Silao finalmente fuera pavimentada. Una obra que lleva al menos una década entre las prioridades de las administraciones municipales, pero que nunca había estado tan cerca de concretarse como ahora.

Para dar un paso clave se planteaba aprobar una suficiencia de más de 10 millones de pesos para comenzar las negociaciones por el pago de afectaciones y, posteriormente, hacer posible la aplicación de los 65 millones de pesos que aportaría el gobierno estatal para ejecutar la pavimentación.

Pero la obra se frenó por el voto de los regidores morenistas Gregorio Pérez Velázquez, Marcela Caballero Ruiz, César Alejandro Arreguín León y María Elizabeth Monreal Reyes, además del edil de Movimiento Ciudadano, Francisco Chagoya Navarro, y el panista Alejandro Peña Gallo.

Caso particular es el de Peña Gallo, quien, aunque sigue siendo panista, opera junto con el bloque opositor, en una abierta confrontación con la presidenta municipal Melanie Murillo Chávez.

Desde el PAN Guanajuato no ha quedado claro cómo se sigue sosteniendo a un personaje que no actúa desde la independencia como edil, sino como un franco opositor a la administración, incluso cuando eso significa ir contra proyectos que benefician a los ciudadanos.

El jueves, el grupo votó contra los recursos para el pago de afectaciones, pero ni siquiera tuvo la congruencia de asistir físicamente a la sesión. Todos se conectaron de manera remota. De ese tamaño es la oposición: no hubo la altura de defender su voto frente a los vecinos de las colonias que se verían beneficiadas y que acudieron al salón.

Ahí era el momento de explicar por qué, según ellos, no habían recibido información suficiente. Los lugares quedaron vacíos y Silao se quedó sin una obra largamente esperada.

Y no es el único caso, porque bajo la misma lógica ya se han perdido otros proyectos, como un centro gratuito para el tratamiento de adicciones.

El bloqueo permanente no es oposición. Es mezquindad política que termina secuestrando avances y donde los ciudadanos son los verdaderos afectados.

2.- Bachilleratos militarizados ahora bajo la lupa política y el oportunismo

Con toda la discusión que ha generado la orden de la Secretaría de Educación Pública federal a los estados para que no permitan que sigan operando escuelas bajo modelos “militarizados”, ahora Morena en el Congreso busca que el gobierno estatal revise la situación jurídica, administrativa y académica de estos planteles.

La revisión, de aprobarse el punto de acuerdo, incluiría los programas de estudio, lineamientos escolares y de cadetes, mecanismos disciplinarios, jerarquías y cadenas de mando entre estudiantes, actividades físicas y formativas, perfiles y capacitación del personal instructor, protocolos de salud y protección civil, así como los mecanismos de queja, denuncia y atención de casos de violencia.

El punto de acuerdo fue presentado por la diputada Martha Edith Moreno Valencia, originaria de Celaya, donde se encuentra uno de los seis planteles del Bachillerato Bivalente Militarizado. Sin embargo, no acudió a la sesión para presentar su propuesta.

Los morenistas, que antes no habían mostrado mayor preocupación por estos modelos, después de la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han salido a cuestionarlos, metiendo a todos los bachilleratos en el mismo costal.

En Guanajuato, la gobernadora dijo que seguirán en operación. Estudiantes y padres de familia han mostrado su rechazo al cierre ordenado por la SEP. Eso no significa que deban mantenerse sin cambios o sujetos a revisión, pero sí que la discusión merece algo más que una reacción política.

¿Será por el apoyo mayoritario de estudiantes y sus familias que la diputada no acudió a defender de viva voz su propuesta? La discusión sobre estas instituciones seguirá, pero tampoco se puede pasar por alto el tufo de oportunismo que dejan algunas posturas.

3.- Espadas comienza a sumar aliados

Los panistas inscritos en el programa de los llamados “defensores de la patria, la familia y la libertad” siguen sumando sectores de apoyo, en lo que no es otra cosa que una precampaña bastante adelantada.

El diputado local Jorge Espadas Galván se reunió con el líder de los taxistas, José Luis Guerrero Mendoza, y sobre la mesa hubo dos asuntos principales. Uno, claramente, fue la búsqueda de respaldo de este sector de los trabajadores del volante a las aspiraciones del diputado, apoyo que, hasta ahora, tiene el legislador blanquiazul.

Pero también hay peticiones puntuales del gremio. Se trata de la reforma que desde hace más de un año hicieron llegar al Congreso del Estado para que se analice una nueva modificación a la Ley de Movilidad.

Guerrero Mendoza lleva tiempo reclamando que las modificaciones hechas en 2022, que permitieron operar a los servicios privados de plataformas con mayor libertad, no han abonado a una competencia justa.

La petición central es que el Estado recupere la rectoría de estos servicios y que los permisos se autoricen de acuerdo con la población y la proyección de demanda de cada municipio. Es decir, un esquema similar al de los taxis concesionados.

Claro que la propuesta es bastante compleja, porque se interpreta como un retroceso para el servicio de plataformas y, seguramente, los conductores de este sistema no la verían con buenos ojos, y podría llevar a una reacción que la administración estatal no querrá desatar.

Al final, los taxistas convencionales no quitan el dedo del renglón y tienen razón en algo: aunque la reforma de 2022 dejó claros los criterios y requisitos para los permisos, no todos están cumpliendo.

No parece haber un condicionamiento del apoyo al avance de la reforma que buscan los taxistas, pero el recordatorio del sector quedó sobre la mesa.

Contra Retrato

Eduardo Griss Kauffman

El director de Fiscalización de Celaya se suma a la lista de funcionarios del municipio cajetero que sin inmutarse emiten información imprecisa o, de plano, falsa.

Griss Kauffman aseguró que dos personas habían sido ingresadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego de presuntamente intoxicarse por consumir alcohol adulterado. La noticia corrió rápido en medios de comunicación, sobre todo por los precedentes fatales registrados en los municipios de Salamanca e Irapuato.

Sin embargo, la Delegación del IMSS en Guanajuato confirmó que no se había atendido en Celaya a ninguna persona por consumo de alcohol adulterado. La Secretaría de Salud de Guanajuato tampoco reportó un caso de este tipo en algunos de sus hospitales. En ningún sistema de salud pudo corroborarse el reporte emitido por Griss Kauffman.

Resulta delicado que un funcionario sea el origen de información que termina siendo falsa, particularmente cuando se trata de un asunto que, por sus antecedentes recientes, puede generar alarma entre la población.

El IMSS y la Secretaría de Salud de Guanajuato desmintieron al funcionario, quien ahora deberá explicar de dónde obtuvo la información y en qué sustentó sus dichos.

Pero el problema va más allá de un dato equivocado, porque ya es preocupante que en el Gobierno de Celaya se vuelva recurrente que funcionarios salgan a emitir información a diestra y siniestra sin tener la certeza de lo que están diciendo, para que después sean otras instituciones o compañeros de la administración los que tengan que salir a corregirlos.