EU deporta a un grupo de mexicanos en riesgo de tortura

En los últimos días, el gobierno de Donald Trump deportó a un grupo de ciudadanos mexicanos cuya expulsión a México había sido prohibida después de que demostraron a un tribunal migratorio que probablemente enfrentarían tortura en su país de origen, según dos personas con conocimiento de la medida.

El director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por su sigla en inglés), David Venturella, revocó las protecciones aludiendo a las garantías diplomáticas que el Departamento de Estado recibió por parte del gobierno de México de que los deportados no sufrirían daño, según las personas, que hablaron con la condición de mantener el anonimato debido a la naturaleza delicada del plan.

La decisión del ICE de anular las protecciones parece ser la más reciente demostración de facultades por parte de la agencia. Por lo general, los funcionarios que buscan despojar a alguien de sus protecciones contra la deportación se lo piden a un juez de inmigración, en un proceso que le permite a la persona migrante argumentar a favor de quedarse. Los abogados y expertos en inmigración solo pudieron recordar otro caso, el de un hombre egipcio en 2008, en el que el director del ICE intentó revocar de manera unilateral las protecciones contra la deportación de una persona. Pero en ese caso, un tribunal bloqueó la deportación del hombre.

El Departamento de Seguridad Nacional “siguió el proceso legal requerido por la Constitución, los estatutos y las normativas al expulsar a estos delincuentes extranjeros ilegales a México”, dijo la agencia en un comunicado. “Este grupo de extranjeros incluía a miembros de bandas, narcotraficantes, un violador de menores y un asesino”.

“Si estas personas completaron sus procesos legales en un país extranjero, procede su retorno a nuestro país”, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en un comunicado. “Como con cualquier otra persona, se va a revisar si en México tienen una orden penal vigente y, de ser así, se procederá conforme a la ley. En México la tortura está prohibida por la Constitución, las leyes y por los tratados internacionales de los que somos parte”.

Los funcionarios de Seguridad Nacional se rehusaron a brindar detalles sobre las personas deportadas a México. Por lo general, dijeron los defensores de inmigrantes, los ciudadanos mexicanos a quienes se les han otorgado estas protecciones han expresado temor a los cárteles y al crimen organizado.

La medida parece ser el esfuerzo más reciente del gobierno de Trump para acelerar las deportaciones, a menudo utilizando justificaciones extraordinarias y sin tomar en cuenta los riesgos que probablemente enfrentarán las personas expulsadas de Estados Unidos en sus países de origen.

A principios de este año, el Departamento de Estado deportó a decenas de iraníes, entre ellos a integrantes de minorías religiosas, a la República Islámica. El gobierno se prepara para repatriar a haitianos cuyo estatus de protección temporal expiró este verano, a pesar de la anarquía y los disturbios generalizados en ese país.

Hace poco, los funcionarios reactivaron el Tribunal de Expulsión de Extranjeros Terroristas para intentar deportar a una mujer que presuntamente tiene simpatías por el Estado Islámico. Y el año pasado, el gobierno de Trump deportó a un grupo de venezolanos bajo una ley de tiempos de guerra conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, con base en acusaciones de que eran miembros del Tren de Aragua. Los inmigrantes fueron enviados a una tristemente célebre prisión en El Salvador. Más tarde, una investigación del Times descubrió que la mayoría de los deportados no tenían antecedentes penales ni vínculos claros con la pandilla.

El esfuerzo en general, con la participación del Departamento de Estado, “realmente muestra la determinación de este gobierno de llevar a cabo deportaciones a expensas de cualquier otro objetivo en el que el gobierno pudiera invertir su esfuerzo”, dijo Scott Shuchart, un ex alto funcionario del ICE durante el gobierno de Joe Biden.

Esto también ocurre cuando el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se ha comprometido a redoblar la aplicación de la ley y a aumentar las deportaciones.

Tom Jawetz, un exabogado de Seguridad Nacional de alto perfil durante el gobierno de Biden, sugirió que el gobierno de Trump está utilizando los graves delitos de los deportados mexicanos para desviar la atención del hecho de que “anuló unilateralmente la decisión de un juez de otorgar esta forma obligatoria de protección, con base en la conclusión de que lo más probable era que fueran torturados”.

“Si sus solicitudes de protección se basaron en cierta probabilidad de tortura por parte de los cárteles o el crimen organizado, entonces existe el riesgo de que los desaparezcan a su llegada”, dijo Robyn Barnard, vicepresidenta de derechos de los refugiados e inmigrantes en el grupo de defensa Human Rights First.

Por lo general, los ciudadanos extranjeros que huyen de la persecución o la violencia en sus países de origen solicitan asilo en Estados Unidos. Pero muchos no cumplen con los requisitos, entre ellos algunos que han cometido delitos graves. En esos casos, una persona puede buscar otras formas de amparo, incluido un “aplazamiento de expulsión”, que no ofrece una vía hacia la ciudadanía ni un estatus normalizado, pero le permite a la persona trabajar y prohíbe a las autoridades enviarla a casa.

La forma de protección que tenían los inmigrantes mexicanos es un aplazamiento de expulsión al amparo de la Convención contra la Tortura, que los jueces de inmigración pueden otorgar para prevenir “la expulsión al país donde hay más probabilidades de que él o ella sea torturado”.

El gobierno de Trump parece estar usando una sección de la ley federal que le permite al gobierno cancelar la protección si el Departamento de Estado recibe garantías por parte del país de que el individuo no será torturado.

En 2008, el gobierno de Estados Unidos intentó expulsar a un hombre egipcio, Sami Khouzam, a quien se le había otorgado la misma forma de protección con base en las garantías del gobierno de Egipto de que no sería torturado. Se alegaba que el hombre había cometido un asesinato en Egipto. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Tercer Circuito concluyó que se le había negado el debido proceso necesario porque no se le había dado la oportunidad de revisar o refutar la decisión del gobierno de Estados Unidos.

“El gobierno no le dio a Khouzam ningún aviso previo sobre las garantías diplomáticas. El gobierno tampoco le brindó a Khouzam ninguna oportunidad para revisar las garantías, ni para presentar pruebas o argumentos que impugnaran las garantías”, escribió el tribunal en su fallo.

El tribunal remitió el caso de vuelta a los tribunales migratorios y bloqueó la anulación de sus protecciones.

“El uso de garantías diplomáticas para enviar a alguien de vuelta a su país de origen a pesar de una conclusión previa de que sería torturado allí es algo que rara vez se ha hecho y hemos argumentado con éxito que el individuo debe tener la capacidad de poner a prueba la garantía”, dijo Lee Gelernt, el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles que defendió el caso del hombre egipcio. “Que los funcionarios del ICE decidan unilateralmente que la garantía es creíble resulta indignante e inconstitucional”.

Por lo general, los inmigrantes con protecciones contra la deportación a su país de origen se encuentran entre las personas más difíciles de expulsar. Los funcionarios del ICE dedican importantes recursos y esfuerzo al intentar deportarlos, incluso a terceros países. A principios de este año, el gobierno de Trump deportó a Camerún a más de una decena de inmigrantes, la mayoría de los cuales contaban con protección para no ser deportados a sus países de origen.

El año pasado, el gobierno de Estados Unidos ya había expulsado indebidamente a Kilmar Abrego García a su país de origen, El Salvador. El hombre contaba con una forma de protección distinta al asilo llamada retención de expulsión. Finalmente, fue devuelto a Estados Unidos. Los funcionarios del gobierno de Trump han prometido expulsarlo a un tercer país.

En 2025, alrededor de 4000 personas recibieron alguna forma de protección contra la deportación por parte de un juez de inmigración, incluido el aplazamiento de expulsión, según el Servicio de Investigación del Congreso.