Sheinbaum defiende los derechos de las audiencias y rechaza que los nuevos lineamientos impliquen censura

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias no buscan censurar contenidos periodísticos, sino hacer efectivo un derecho reconocido en la Constitución. Mientras el Gobierno sostiene que la regulación fortalece la transparencia y el acceso a información plural, diversos sectores mantienen el debate sobre sus posibles implicaciones para la libertad de expresión.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias constituyan un mecanismo de censura y afirmó que su propósito es garantizar un derecho consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el acceso de todas las personas a información plural, oportuna y veraz.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el debate generado en torno a esta propuesta regulatoria ha sido alimentado por interpretaciones que, a su juicio, no corresponden al contenido del proyecto. Señaló que el derecho de las audiencias forma parte del marco constitucional vigente y que cualquier observación sobre los lineamientos puede plantearse durante el proceso de consulta pública para perfeccionar su redacción y alcances.

Sheinbaum recordó que el segundo párrafo del artículo 6 constitucional reconoce el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio de expresión, por lo que consideró que los nuevos lineamientos buscan hacer efectivo ese principio mediante reglas de transparencia para los concesionarios de radio y televisión.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la propuesta regulatoria no contempla sanciones relacionadas con el contenido editorial de los medios ni otorga al Estado la facultad de determinar qué información es verdadera o falsa. Precisó que las obligaciones recaen sobre aspectos administrativos y de autorregulación, como la emisión de un Código de Ética, la designación de una persona defensora de las audiencias y la existencia de mecanismos para atender quejas de radioescuchas y televidentes.

Asimismo, detalló que los lineamientos plantean reforzar la identificación de contenidos patrocinados para evitar que la publicidad se presente como información periodística. En televisión, los espacios comercializados deberán identificarse de forma visible mediante la letra «P» y con un aviso al concluir la transmisión, mientras que en radio será obligatorio informar verbalmente, antes de su difusión, que se trata de contenido publicitario.

Otra de las disposiciones propone diferenciar claramente la información de la opinión en programas noticiosos. Para ello, los concesionarios podrán utilizar elementos gráficos, mensajes en pantalla, cortinillas o recursos sonoros que permitan a las audiencias identificar cuándo un conductor o comentarista presenta hechos informativos y cuándo expresa valoraciones personales o análisis.

Los lineamientos permanecen en consulta pública hasta el próximo 21 de agosto, periodo durante el cual ciudadanos, concesionarios, especialistas, organizaciones civiles y académicos pueden presentar observaciones y propuestas para modificar el proyecto antes de su aprobación definitiva.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, responsable del proceso, ha señalado que el objetivo de la consulta es fortalecer los mecanismos que permitan hacer efectivos los derechos de las audiencias previstos en la legislación mexicana, mediante reglas claras para la actuación de los concesionarios de radio y televisión.

Sin embargo, la propuesta ha generado un intenso debate público. Diversos medios de comunicación, especialistas en derecho constitucional, organizaciones civiles y representantes de la industria consideran que algunas disposiciones podrían abrir espacio a interpretaciones que, en determinadas circunstancias, afecten la libertad editorial o propicien mecanismos de autocensura. Entre las principales preocupaciones figura la obligación de distinguir entre información y opinión y el alcance que podrían tener futuras resoluciones de la autoridad reguladora.

Frente a esos cuestionamientos, el Gobierno federal insiste en que la regulación no pretende intervenir en los contenidos periodísticos, sino garantizar que las audiencias conozcan con claridad cuándo un espacio corresponde a publicidad, cuándo se presentan hechos informativos y cuándo se emiten opiniones, además de fortalecer la transparencia mediante códigos de ética elaborados por los propios medios de comunicación.

Este debate retoma una discusión que en México se ha desarrollado durante más de una década en torno a los derechos de las audiencias. Desde la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 y las posteriores resoluciones judiciales sobre los lineamientos emitidos originalmente por el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones, el país ha buscado establecer mecanismos que concilien la protección de las audiencias con la libertad de expresión y la autonomía editorial de los medios.

Mientras continúa la consulta pública, el Gobierno federal sostiene que existe disposición para revisar y perfeccionar aquellos aspectos que generen dudas. La decisión final sobre el contenido de los lineamientos se tomará una vez concluido el periodo de participación ciudadana, en medio de un debate que mantiene enfrentadas distintas visiones sobre el equilibrio entre la regulación de los medios y la protección de las libertades informativas.