Condenan a Zhenli Ye Gon a 15 años de prisión tras casi dos décadas de un caso que marcó a México
Un juez federal sentenció al empresario chino-mexicano por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cerrando uno de los capítulos más emblemáticos de la historia judicial reciente del país, aunque aún enfrenta otros procesos penales.
Después de casi veinte años de investigaciones, litigios y procesos judiciales en México y Estados Unidos, un juez federal condenó al empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon a 15 años y un día de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en una resolución que revive uno de los expedientes más mediáticos y controvertidos de las últimas décadas.
La Fiscalía General de la República informó que, además de la pena privativa de la libertad, el juzgador impuso una multa de 140 mil 400 pesos, suspendió los derechos políticos y civiles del sentenciado y negó la posibilidad de acceder a beneficios como la condena condicional o medidas sustitutivas de prisión. La resolución deriva de una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, que acreditó movimientos de recursos desde México hacia el extranjero.
Zhenli Ye Gon permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Su detención en territorio mexicano fue formalizada en febrero de 2019, luego de que las autoridades ejecutaran una orden de aprehensión por reclusión relacionada con este proceso penal. Meses después, un tribunal federal confirmó el auto de formal prisión.
El caso se remonta a marzo de 2007, cuando elementos de la entonces Procuraduría General de la República realizaron un cateo en una residencia ubicada en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. En el inmueble localizaron aproximadamente 207 millones de dólares en efectivo, además de millones de pesos mexicanos, euros y otras divisas. El aseguramiento fue considerado en su momento uno de los mayores decomisos de dinero en efectivo realizados por autoridades policiales a nivel mundial.
De acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la entonces Agencia Antidrogas (DEA), la investigación también estaba relacionada con presuntas operaciones de importación de precursores químicos utilizados para la fabricación de metanfetaminas, una línea de investigación que dio origen a diversos procedimientos tanto en México como en territorio estadounidense.
Tras el aseguramiento del dinero, Ye Gon negó reiteradamente que los recursos fueran de su propiedad. Incluso aseguró públicamente que había sido obligado a resguardar parte del efectivo y afirmó que recibió amenazas resumidas en la expresión «coopelas o cuello», una frase que rápidamente se incorporó al debate político nacional. El entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, rechazó de manera categórica esas acusaciones y sostuvo que nunca existió tal encuentro.
En julio de 2007, el empresario fue detenido en Estados Unidos bajo cargos relacionados con narcotráfico. Sin embargo, las autoridades estadounidenses desistieron posteriormente de ese proceso para facilitar su extradición a México, donde enfrentaba investigaciones por delincuencia organizada, delitos contra la salud, violaciones a la legislación sobre armas de fuego y lavado de dinero. Finalmente, fue entregado a las autoridades mexicanas el 18 de octubre de 2016.
Especialistas en derecho penal consideran que este expediente refleja la complejidad de los procesos transnacionales vinculados con delincuencia organizada y lavado de dinero, particularmente cuando intervienen investigaciones paralelas entre distintos países. La duración del caso también ha sido objeto de debate por los tiempos que puede requerir la integración de pruebas, los recursos legales promovidos por la defensa y los procedimientos de extradición internacional.
Aunque esta sentencia representa un avance significativo para la Fiscalía General de la República, el proceso judicial de Zhenli Ye Gon aún no concluye. El empresario continúa enfrentando otros procedimientos penales derivados de las investigaciones abiertas desde hace casi dos décadas, por lo que su situación jurídica todavía podría modificarse conforme se resuelvan los expedientes pendientes.
MPV
